MIAMI. - En el informe publicado el 1 de julio por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre Venezuela, en el que se debía mostrar una evaluación del seguimiento a la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 6 de octubre 2020, no se hizo “énfasis en los cinco puntos más importantes del mandato [emitido por el organismo] y ofrece una versión contradictoria favorable a las actuaciones del Estado Venezolano”.

Así lo denuncia la ONG Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela (FPPMVE) en un análisis que enviaron a Bachelet, con el fin de explicar en detalle por qué no están de acuerdo con el documento presentado, a pesar de que en el mismo se reconocen situaciones de violaciones de derechos humanos como desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa, a la libertad , persecución política, a defensores de derechos humanos y a periodistas.

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Según explicó la presidenta de FPPMVE, Molly De La Sotta, todavía en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) hay aproximadamente 10 personas, 8 militares y 2 civiles.

“En Fuerte Tiuna, que también está custodiado por la DGCIM, hay 3 militares y dos civiles. Entre ellos está mi hermano, el Capitán de Navío Luis Humberto De La Sotta, quien tiene cerca de cuatro meses en confinamiento severo. Es decir, lo dejan 24 horas encerrados en una celda. Cada semana les dan 30 minutos de luz de Sol y apenas cinco minutos para hablar con su familia por teléfono, con un custodio al lado. Sin embargo, a veces no llama. Las visitas familiares se redujeron a una vez al mes. A sus abogados no los puede ver todas las semanas, pese a que está en pleno proceso”.

Recuerda que su hermano tiene de estar preso 3 años y dos meses, sin que se le haya hecho la audiencia preliminar, por lo que ya debería estar en libertad.

Cinco puntos que resaltar

Entre los cinco puntos destacados en el análisis de la FPPMVE enviado a Bachelet figuran “seguir enteramente y de inmediato las recomendaciones ; poner en libertad a todos los presos políticos; celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, limpias y creíbles; valoración detallada de la aplicación de las recomendaciones de sus informes anteriores y exigir la cooperación plena con la Oficina del Alto Comisionado y la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos, a través de acceso inmediato, pleno y sin restricciones a todo el país, también a las víctimas y los lugares de reclusión.

Destacan que, en el informe de la Alta Comisionada, de las 60 recomendaciones a evaluar ante el Consejo, según su propia oficina en Venezuela, solo se cumplieron 19, es decir el 32% de lo recomendado, mientras que el 68% de esos lineamientos no fueron acatados por el régimen.

Apuntan que les llama la atención que este “incumplimiento de la Resolución del Consejo de Derechos Humanos, donde se especifica que se deben cumplir entera e inmediatamente las recomendaciones, la Alta Comisionada no lo denuncie de una manera directa como lo hizo en el caso del informe sobre Nicaragua, donde el 21 de junio 2021 dijo: “Lamentablemente, debo informar que no se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones formuladas por mi Oficina al Estado de Nicaragua”.

En cuanto a la liberación de los presos políticos, la FPPMVE asegura que se generalizan las liberaciones, en su mayoría, a presos comunes y sin embargo, están siendo enmarcadas en los términos del Mandato.

“En el informe del 1 de julio no se menciona la palabra presos políticos, aunque se asegura que se liberaron 110 personas que enfrentaban cargos penales, haciendo énfasis en la cantidad de parlamentarios liberados (4) y con procesos penales finalizados (23). No totaliza el número de activistas, líderes políticos y periodistas que dice, fueron liberados”.

Aseguran en el documento presentado por Bachelet se saluda que se les concediera acceso a los centros de detención, "lo que dio lugar a 24 visitas y a intercambios sobre recomendaciones específicas”, aunque no se especifica cuántos centros se visitó y cuántas entrevistas a detenidos fueron realizadas.

La FPPMVE observa que según el informe rendido por la Oficina de Alta Comisionada, el número de visitas a los prisioneros en 2020 se duplicó; sin embargo, la realidad es que durante ese período, durante 7 meses no hubo entrada de ninguno de los centros de reclusión, y luego se impuso el sistema intercalado de una semana de flexibilización y una semana radical.

“Al investigar las semanas flexibles y radicales que hubo en el periodo que abarca el informe, según el calendario del Estado, la Comisión solo tuvo 14 semanas (3 ½ meses promedio) para acceder a los Centros de Detención. Por la omisión del número de centros penitenciarios, podría deducirse que se limitó a visitar los mismos centros varias veces”.

Familiares de los presos políticos militares exhortan a la Alta Comisionada Michelle Bachelet a que exija al régimen el cumplimiento del mandato del Consejo de Derecho Humanos.

 

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