Recibir financiación extranjera o apoyar actividades consideradas "contra el Estado" puede conllevar penas de hasta diez años de prisión
Miguel Díaz-Canel, dictador de Cuba; Daniel Ortega, dictador de Nicaragua y Nicolás Maduro, dictador de Venezuela.
AFPLa Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), una entidad federal independiente y bipartidista, ha identificado a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela como los principales violadores de la libertad de culto en el hemisferio.
En su más reciente informe, titulado "Patrones de represión religiosa en la tríada autoritaria de América Latina", el organismo detalla cómo estas tres dictaduras han sincronizado sus estrategias para perseguir a la disidencia religiosa.
El documento advierte que no se trata de hechos aislados, sino de una metodología compartida que incluye el acoso sistemático, la obstrucción judicial, la marginación de grupos no afines y el encarcelamiento de fieles.
El informe pone un énfasis particular en la situación de la isla, donde el régimen cubano ha intensificado su hostigamiento tanto contra grupos cristianos independientes como contra practicantes de la santería.
Según la USCIRF, los líderes religiosos reciben "reiteradas citaciones" para presentarse en comisarías y dependencias de la Seguridad del Estado. Las amenazas de prisión y las advertencias escritas son moneda corriente para aquellos que deciden mantener su afiliación religiosa al margen del control estatal.
El reporte destaca un incidente específico ocurrido en julio de 2025, cuando un babalao (sacerdote de la religión yoruba) fue citado por la policía. Un agente del régimen le exigió detener las ceremonias en su domicilio bajo amenaza de arrestar a todos los participantes si continuaban los ritos.
"En Cuba, los funcionarios de Seguridad del Estado visitan con frecuencia iglesias católicas y protestantes y vigilan los hogares para intimidar a los feligreses y a los líderes", subraya la Comisión.
Asimismo, se denuncia la persecución continua contra las Damas de Blanco, a quienes las autoridades detienen habitualmente con el único fin de impedirles asistir a misa los domingos.
La USCIRF alerta que el marco legal en estos países está diseñado para otorgar al Estado un poder desmedido sobre la sociedad civil. En el caso cubano, la falta de registro oficial convierte la práctica religiosa en un delito.
La Oficina de Asuntos Religiosos (ORA) del Comité Central del Partido Comunista es señalada como el brazo ejecutor que deniega o ignora arbitrariamente las solicitudes de registro. "Para los grupos no registrados, la falta de reconocimiento legal se convierte en la base de un acoso constante", apunta el texto.
Además, el régimen utiliza la asfixia económica como arma: recibir financiación extranjera o apoyar actividades consideradas "contra el Estado" puede conllevar penas de hasta diez años de prisión.
El informe resalta el drama de los presos políticos religiosos, citando el caso de los líderes de la Asociación de Yorubas Libres, Loreto Hernández García y su esposa, Donaida Pérez Paseiro. Ambos fueron detenidos originalmente tras las protestas del 11 de julio de 2021. Aunque Pérez Paseiro fue liberada brevemente en enero de 2025 tras una mediación del Vaticano, el régimen cubano la encarceló nuevamente en junio del mismo año, demostrando la fragilidad de los acuerdos con La Habana.
Ante este panorama, la USCIRF recomendó en su Informe Anual de 2025 que tanto Cuba como Nicaragua sean designadas oficialmente como Países de Especial Preocupación (PEP), una categoría reservada para los peores infractores de la libertad religiosa en el mundo. El Departamento de Estado mantiene esta designación para ambos países desde 2022.
Aunque Venezuela no figura actualmente en la lista de PEP, la Comisión advierte que el régimen de Nicolás Maduro replica casi con exactitud los modelos represivos de sus aliados en La Habana y Managua.
El organismo insta al gobierno de Estados Unidos a ir más allá de las declaraciones y aplicar sanciones específicas a los funcionarios involucrados en estas graves violaciones de derechos humanos, buscando cerrar el cerco sobre la impunidad con la que opera esta "tríada autoritaria".
FUENTE: Redacción
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