viernes 15  de  marzo 2024
INFORME OTÁLVORA

Informe Otálvora: Brasil vota entre castrochavismo y Bolsonaro

El candidato Lula da Silva no ha sido declarado inocente, pero está libre para participar en las elecciones en razón de cuestionadas sentencias sobre aspectos procesales
Diario las Américas | EDGAR C. OTÁLVORA
Por EDGAR C. OTÁLVORA

El Secretario de Estado de EEUU, Antony Bliken, estará llegando a Bogotá el 03OCT22 para sostener reuniones con Gustavo Petro y con su colega Álvaro Leyva. Blinken va camino a la reunión anual de la OEA en Lima, pero previamente se detendrá en Bogotá y Santiago de Chile.

Si bien EEUU y el gobierno Petro se refieren a la definición de una agenda amplia que incluye el “cambio climático” o “los derechos humanos”, el tema que ya está afectando las relaciones entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño es el enfoque sobre el narcotráfico. Petro aspira continuar recibiendo ayuda financiera de EEUU para programas de desarrollo agrario, pero ya está tomando decisiones en contravía con el esquema de combate al narcotráfico acordado previamente por Colombia con EEUU. Las reuniones de Blinken en Bogotá será la cuarta ocasión en que representantes de alto nivel de ambos gobierno se encuentran, tanto en Bogotá como en Washington, desde que Petro fuera declarado triunfador en las elecciones del 19JUN22.

Blinken estará visitando un centro de atención a migrantes venezolanos en Bogotá y se propone recolocar el “tema Venezuela” en la agenda política en sus conversaciones con Petro y con el chileno Gabriel Boric. EEUU aspira que en la Asamblea General de la OEA que arranca el 05OCT22, sea aprobada una resolución condenatoria del gobierno de Nicolás Maduro por sus sistemáticas violaciones de DDHH, tal como nuevamente quedó en evidencia con el más reciente informe de la Misión Internacional Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela.

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Por cierto, la decisión del gobierno Biden conocida el 01OCT22 de proceder al canje de dos parientes de Nicolás Maduro reos por narcotráfico en EEUU, a cambio de la liberación de siete estadounidenses y venezolano-estadounidenses enjuiciados en Venezuela, fue enfocada por la Casa Blanca como un asunto de DDHH. Para la Casa Blanca los siete liberados por Maduro estaban en Venezuela en condición de rehenes. Su liberación no se entiende como un alivio a las sanciones impuestas por EEUU al régimen chavista sino como una negociación con un régimen que mantiene ciudadanos estadounidenses encarcelados injustamente.

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La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil tiene lugar este domingo 02OCT22 y el cuadro político no permite predecir los resultados. El mandatario Jair Bolsonaro y el expresidente Lula da Silva concentran, según todas las encuestas, alrededor del noventa por ciento de las intenciones de voto.

Los grandes medios de comunicación brasileños y sus empresas encuestadoras asociadas, aseguran que el candidato izquierdista Lula da Silva estaría próximo a ganar la Presidencia incluso en la primera vuelta. Otras encuestas, con menor divulgación pública, indican un triunfo de Bolsonaro. Pareciera, en todo caso, que resultaría necesaria una segunda vuelta.

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Durante el debate entre los principales candidatos presidenciales brasileños promovido por la red O Globo, celebrado la noche del 29SEP22, Lula repitió un falso argumento en cuanto a los señalamientos de corrupción y los procesos judiciales que ha enfrentado. Según Lula él fue “inocentado” por los tribunales de Brasil y “por dos instancias” de las Naciones Unidas. La ONU no es un organismo judicial y no cuenta con “instancias” que puedan sentencias inocencias en procesos judiciales. De una decena de procesos judiciales seguidos a Lula por corrupción, en dos de ellos fue sentenciado por un tribunal federal y por tribunales federales regionales colegiados por un total de diecisiete años de cárcel. Lula fue sentenciado por recibir regalos de empresas constructoras que recibían contratos de la petrolera estatal Petrobras.

El 07ABR18 Lula ingresó a instalaciones de la Policía de Curitiba, al sur del país, donde fueron habilitados espacios especiales para el expresidente encontrado culpable de corrupción. Maniobras políticas al más alto nivel del sistema judicial brasileño hicieron que el Supremo Tribunal Federal de Brasil, el 07NOV19, dejara sin efecto su propia jurisprudencia que establecía que un reo debía comenzar a cumplir la condena al ser encontrado culpable en segunda instancia. Lula salió libre no por ser encontrado inocente sino porque el alto tribunal le permitía seguir en libertad mientras agotaba todas las instancias a las cueles podía apelar su condena.

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El 08MAR21 el juez Edson Fachin, miembro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, decidió dejar sin efecto todas las sentencias dictadas contra Lula por la justicia federal del estado de Curitiba. Fachin, quien ingreso al STF por indicación de la presidente izquierdista Dilma Rousseff en 2015, alegó que los tribunales federales de Curitiba no eran una instancia adecuada para juzgar los crímenes de corrupción indicados a Lula. Nuevamente el alto tribunal no “inocentó” a Lula sino que decidió que debía iniciarse nuevos procesos judiciales en su contra, pero esta vez en tribunales de primera instancia con sede en Brasilia.

El candidato Lula da Silva no ha sido declarado inocente ni en la ONU ni en los altos tribunales de Brasil y está libre para participar en las elecciones del año 2022 en razón de cuestionadas sentencias sobre aspectos procesales.

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“El Presidente Maduro es quien da órdenes directas” al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN y a Dirección General de Contrainteligencia Militar DGCIM para ejecutar “delitos y violaciones” que “equivalen a crímenes de lesa humanidad”. Se trata de datos que aparecen en las primeras páginas del documento “Conclusiones detalladas de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado: estructuras y personas involucradas en la implementación de un plan para reprimir la oposición al gobierno”.

El documento oficialmente presentado el 26SEP22 como parte de la agenda del período 51 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, no obvia detalle de los actos cometidos por la dictadura chavista. “Fueron de especial crueldad y se cometieron contra personas particularmente indefensas por estar detenidas. Opositoras y opositores reales y percibidos al gobierno y sus familiares fueron sometidos a detenciones ilegales, seguidas de actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y de violencia sexual y de género mientras estaban detenidos, incluso a través de: fuertes golpes con bates y objetos punzantes; descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo; asfixia con sustancias tóxicas y agua; cortes y mutilaciones, incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas; el uso de un dispositivo llamado “señorita”, para levantar y deformar los cuerpos y bajarlos a tanques de agua; violación con objetos; golpes y descargas eléctricas en los genitales; iluminación constante u oscuridad permanente; calor o frío extremos; alimentación forzada con heces y vómito; y amenazas de muerte y de violación a las víctimas y a sus familiares”.

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La creación de la Misión Internacional Independiente MII por parte del CDH el 19SEP19, constituyó una gran derrota para el régimen chavista, el cual hasta esa fecha contaba con la ONU como un espacio cómodo para su actuación. En aquellos días la diplomacia chavista creía que, al permitir la apertura en Caracas de una oficina de enviados de la Secretaría de Derechos Humanos a manos de la chilena Michelle Bachelet, podría impedir la creación de un mecanismo excepcional como lo es una “misión internacional independiente”.

Maduro nunca ha permitido el ingreso a Venezuela de los investigadores de la MIID quienes han debido actuar desde oficinas localizadas en Panamá. La MIID es blanco de seguimiento y espionaje por parte del régimen chavista y aparatos diplomático-policiales de gobiernos aliados de Maduro.

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El mandato de la MIID fue renovado el 06OCT20 para un lapso de dos años que concluye justamente ahora.

Los diplomáticos de Maduro han estado moviéndose intensamente entre las delegaciones de la ONU, para impedir la renovación del mandato mientras un grupo de gobiernos encabezados por Paraguay han procedido a redactar un texto de resolución que renueva el mandato de la MII y a procurar los votos necesarios para su aprobación. El texto fue presentado ante la secretaría del CDH el 28SEP22 por las delegaciones de Canadá, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala y Paraguay como promotores principales, aunque según fuentes en Bruselas, por lo menos cuarenta y cuatro países se declararon como promotores del proyecto de resolución. Debe resaltarse que el gobierno izquierdista chileno encabezado por Gabriel Boric es uno de los principales promotores de la iniciativa. La presentación de este tipo de propuestas está abierto a cualquier gobierno miembro de la ONU pero la votación se limita a los 47 miembros del CDH.

El actual periodo de sesiones del CDH terminará el 07OCT22 y antes de concluir deberá procederse a la votación del proyecto de resolución. El enviado del régimen chavista, Héctor Constan, durante su intervención el 26SEP22 amenazó a los gobiernos que voten favorablemente la resolución para renovar la misión de la MII. “Venezuela tomará medidas políticas y diplomáticas pertinentes en el ámbito bilateral como multilateral frente a una eventual prolongación del mandato de este mecanismo injerencista”. La dictadura venezolana suele alegar que la suya es una “diplomacia de paz”, pero los muchachos de Maduro en los organismos internacionales suelen utilizar la amenaza como arma, bajo el supuesto de contar con el ala protectora de Rusia y China. En la sesión del CDH del 26SEP22 cuando la MII presentó su informe, se abrió un lapso para la intervención de las delegaciones que quisieran pronunciarse. La dictadura venezolana recibió el apoyo de Corea del Norte, Rusia, Cuba, China, Nicaragua, Bielorrusia, Bolivia, Irán, Siria, Sudan del Sur, Argelia, Sri Lanka y Etiopía, muchos de ellos sin voto en el CDH. La MII recibió el respaldo de 42 oradores incluyendo al representante de la Unión Europea que implica el espaldarazo adicional de más de dos decenas de gobiernos.

Dada la composición actual del CDH, en la cual la mayoría de los puestos por gobiernos aliados del castrochavismo incluyendo al propio Maduro, se espera que la votación de los representantes de la región sea contraria a la resolución. Paraguay y Brasil estarán votando por la continuidad de la MII y Argentina habría ofrecido abstenerse. EEUU y la Unión Europea están activamente favoreciendo la resolución y se espera que la instancia independiente continúe haciendo seguimiento al régimen chavista.

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La alianza castrochavista continental participó activamente en la operación ejecutada por Rusia en territorio ocupado de Ucrania para realizar consultas entre la población y justificar la anexión del territorio.

El gobierno ruso organizó supuestos referendos en las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk, Zaporiyia y Jersón que arrancaron el 23SEP22 y en los cuales se consultaba a la población de los territorios ocupados acerca de su voluntad de anexarse a Rusia. Con base a unos resultados que obviamente favorecieron a Rusia, el 30SEP22 Vladimir Putin firmó en Moscú unos documentos que denominó “tratados de anexión” ante la presencia de cuatro “lideres separatistas” ucranianos. Los referendos buscaban dar legitimidad a la invasión rusa a territorios del este y sur de Ucrania y como parte de la operación, la diplomacia rusa organizó el viaje a Ucrania de una lista de colaboradores extranjeros, entre ellos un grupo latinoamericano.

Mediante un comunicado emitido el 24SEP22, el “Ministerio de Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados” de Ucrania, denunció que ciudadanos de Bielorrusia, Siria, Egipto, Brasil, Venezuela, Uruguay, Togo, Sudáfrica y Rusia ingresaron en territorio ucraniano para actuar como supuestos observadores internacionales. Según medios oficiales de prensa rusos, también llegaron “observadores” procedentes de Italia, Alemania, Lituania y Bulgaria. La operación para el traslado de varias decenas de extranjeros hasta las zonas invadidas en Ucrania fue organizada por el gobierno ruso como parte de su esquema de propaganda para intentar dar legitimidad internacional a la anexión de territorios ucranianos. La lista de agentes prorrusos presentes incluyó a la brasileña Tanya Mara Mandarino del partido PT, Sebastián Hagobian del izquierdista “Frente Amplio” de Uruguay y, el vasco Katu Arkonada actualmente basado en México bajo la protección del gobierno de López Obrador y quien forma parte de los operadores de la izquierda continental bajo la cobertura de una “Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad”. Los gobiernos de Uruguay y de Brasil emitieron comunicados aclarando que sus connacionales viajaron a título personal en Ucrania e incluso el “Frente Amplio” uruguayo se distanció de la actuación de Hagobian. El régimen chavista no ha identificado a sus enviados a la operación rusa.

Por cierto, el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro continua con un esquema de actuación internacional para mantener relaciones con el gobierno de Vladimir Putin. El representante de Brasil en el Consejo de Seguridad de la ONU se abstuvo en la votación celebrada el 20SEP22, sobre una resolución condenando los referendos anexionistas que Rusia realizó en territorios invadidos de Ucrania. Si bien el proyecto obtuvo una considerable mayoría de votos, su aprobación quedó anulada por el veto del representante ruso.

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