martes 14  de  mayo 2024
EXCLUSIVA

Informe Otálvora: Departamento de Estado descubre que Maduro se alista a burlar acuerdos

EEUU adquirió compromisos con el régimen chavista según Departamento de Estado en declaraciones exclusivas para el Informe Otálvora

Diario las Américas | EDGAR C. OTÁLVORA
Por EDGAR C. OTÁLVORA

El Departamento de Estado confirmó a Informe Otálvora que el gobierno de EEUU adquirió compromisos con representantes de Nicolás Maduro.

"Estados Unidos se comprometió con representantes de Nicolás Maduro y coordinó cuidadosamente con la Plataforma Unitaria los pasos necesarios para avanzar en una solución negociada que conduzca a elecciones competitivas y la restauración de la democracia en Venezuela”, asegura un vocero del Departamento de Estado en email recibido por este Informe.

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Menos de 24 horas después de suscrito el 17OCT23 un acuerdo entre la dictadura venezolana y negociadores opositores, a cambio de lo cual EEUU aliviaría sanciones económicas al régimen, en el gobierno Biden comenzaron a sentir que Nicolás Maduro se dispone a burlar los compromisos firmados en Barbados y aquellos a los cuales acordó privadamente con enviados estadounidenses.

Una rueda de prensa virtual organizada por el Departamento de Estado para el 18OCT23, en la cual participarían dos voceros oficiales estadounidenses, del propio Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional, bajo compromiso de anonimato, habría sido movida de hora reiteradamente en espera de la emisión de un comunicado oficial sobre las medidas tomadas ese día por EEUU a favor de la dictadura chavista. Pese a que los textos estaban preparados con anticipación, el Departamento de Tesoro esperó hasta el final del día para publicar las licencias que permitirían a las empresas del mundo regresar a Venezuela para hacer negocios con el régimen chavista en gas, petróleo y en la desbastadora explotación de oro en la Amazonía y la Orinoquia venezolanas.

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El día anterior el Departamento de Estado y la Casa Blanca se habían mostrados exultantes ante las firmas en Barbados. El vocero del Departamento de Estado escribió el 17OCT23 en la red X “acogemos con satisfacción el acuerdo electoral entre la Plataforma Unitaria de Venezuela y los representantes de Nicolás Maduro, un paso crucial hacia unas elecciones competitivas. Seguimos apoyando la restauración pacífica de la democracia”. Demostrando que el contenido de lo firmado unas horas antes en Barbados, ya era de conocimiento de una larga lista de gobiernos, aunque no de los venezolanos, pocas horas después circuló un comunicado suscrito por los jefes de asuntos exteriores de EEUU, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea mostrando “beneplácito” por el acuerdo de Barbados como “un paso necesario en la continuación de un proceso de diálogo inclusivo y la restauración de la democracia en Venezuela”. Pero tras las firmas de los acuerdos electorales y desde la misma sala donde se habían suscrito los textos, el enviado de Maduro, Jorge Rodríguez, había desinflado las expectativas creadas por EEUU y los negociadores opositores. Rodríguez aseguró que toda la materia electoral pactada estaría condicionada a las leyes venezolanas, que no aceptarían delegaciones para monitoreo electoral sino “delegaciones técnicas” de observadores, igualmente desmintió que el régimen se propusiera dejar a un lado las inhabilitaciones políticas impuestas a importantes líderes políticos opositores, entre ellos María Corina Machado quien ha ganado alta figuración en las llamadas “elecciones primarias” de la oposición. Ya de regreso en Caracas, Rodríguez junto a Maduro confirmaron que los acuerdos con EEUU y con la oposición no significarán cambios en las normar electorales venezolanas ni concesiones a la oposición. Maduro de esa manera atendía a la incertidumbre creada dentro del chavismo sobre las concesiones que estaba dispuesto a hacer a cambio del prometido ablandamiento de las sanciones de EEUU.

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La noche del 18OCT23, el Departamento de Estado emitió un comunicado a nombre del Secretario de Estado Antony Blinken quien a esa hora viajaba junto a Biden desde Israel con escala en Alemania. El comunicado de Blinken, describía sumariamente el contenido de las licencias emitidas pocas horas antes por el Departamento del Tesoro. Pero reiteradamente resaltó que las licencias con vigencia de seis meses no tendrían renovación automática y estarían sujetas a que Venezuela [es decir, el régimen chavista] “cumpla con sus compromisos bajo la hoja de ruta electoral, así como otros compromisos con respecto a aquellos que son detenidos injustamente”. El comunicado reiteró que “el gobierno de EEUU tomará medidas si no se cumplen los compromisos previstos en la hoja de ruta electoral y con respecto a los presos políticos”. La respuesta de Washington a las expresiones de Maduro y su negociador fue colocar un plazo de menos de dos meses, “antes de finales de noviembre” para que el régimen defina “un cronograma y un proceso específicos para la reinstalación acelerada de todos los candidatos. Todos los que quieran postularse para presidente deben tener la oportunidad y tener derecho a igualdad de condiciones electorales, a libertad de movimiento y a garantías para su seguridad física” y antes de terminar noviembre el régimen debe “comenzar la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente”. El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, en un comunicado afirmó que el Departamento del Tesoro “está preparado para modificar o revocar autorizaciones en cualquier momento, en caso de que los representantes de Maduro no cumplan con sus compromisos”.

Por su parte, Juan González el teórico de los “incentivos” al régimen chavista, amenazó en entrevista con la agencia EFE distribuida el 19OCT23 con “calibrar la política de sanciones” en caso de que “antes de fines de noviembre” el régimen no defina un camino para la rehabilitación de candidatos y se comience a liberar a los estadounidenses detenidos injustamente y a los prisioneros políticos”.

Desde Caracas, Maduro y Rodríguez dejaron saber que el plazo del mes de noviembre no formaba parte de lo acordado en las reuniones secretas con EEUU y amenazaron con hacer públicos los pormenores de esas negociaciones. La huella de la “diplomacia” del régimen cubano no pasa desapercibida en la respuesta del régimen chavista a los sorprendidos funcionarios estadounidenses.

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El acto de firma de los acuerdos entre el régimen chavista y la oposición del 17OCT23 fue en idioma inglés. La maestra de ceremonias, proporcionada por el gobierno de Barbuda, se dirigió preferentemente a los presentes en inglés pese a su dominio del español. Y las delegaciones formadas por venezolanos curiosamente suscribieron dos versiones de los dos acuerdos, una en español y otra en inglés. Entre los firmantes se encuentra la modelo italiana Camilla Fabri, acusada de lavado de activos en Italia y esposa del operador financiero del chavismo Alex Saab quien permanece preso en EEUU. El régimen se opuso a que el asesor político Lester Toledo, opositor actualmente en el exilio, firmara los acuerdos por considerarlo un “prófugo”. Dado que los textos a ser firmados llegaron a Barbados ya impresos, el nombre de Toledo aparece en las versiones firmadas, pero sin la rúbrica del opositor.

El evento tuvo sede en el centro de convenciones de Barbados, el Lloyd Erskine Sandiford Centre. En la mesa principal fueron colocados los dos jefes de las delegaciones negociadoras, Jorge Rodríguez por el chavismo y Gerardo Blyde por la oposición. Junto a ellos se encontraba el ministro de exteriores de Barbados, Jerome Walcott, en representación de la primer ministra de Barbados Mia Mottley, quien el 08JUL23 visitó Caracas para suscribir acuerdos con Maduro. Desde el año 2019 Mottley ha sido anfitriona de diversos encuentros entre el régimen chavista y negociadores opositores. En la mesa también se encontraba el mexicano Efraín Guadarrama, director de Organismos Regionales en la cancillería mexicana quien el día antes estuvo reunido con Maduro en Caracas como parte de la delegación encabezada por la canciller de México y miembro del Grupo de Puebla Alicia Barcena. El quinto miembro de la mesa fue el diplomático noruego Dag Nylander, encargado de las funciones de facilitador.

Para el evento en Bridgetown, el Departamento de Estado de EEUU movilizó a su encargado de Negocios ante el gobierno de Colombia y jefe de la “Oficina Externa para Venezuela”, Francisco Palmieri, quien asistió con la embajadora estadounidense local Linda Taglialatela. El gobierno de los Países Bajos, quien junto a Rusia actuó como acompañante de las negociaciones, envió a su embajador en Trinidad & Tobago Cor Hersbach y a funcionarios que viajaron desde La Haya. La Unión Europea estuvo representada por su embajadora en Barbados Magorzata Wasilewska, Francia comisionó a su embajador en Santa Lucia Francis Etienne y, el Reino Unido se hizo representar por su Alto Comisionado para varios países del Caribe Scott Furssedonn-Wood.

Los invitados especiales del evento fueron los representantes de gobiernos controlados por el Grupo de Puebla, aliados del chavismo. Gustavo Petro envió a su canciller Álvaro Leyva y Lula da Silva se hizo representar por su “asesor presidencial”, fundador del Grupo de Puebla y jefe real de la diplomacia brasileña Celso Amorim. Alberto Fernandez comisionó a su Embajador local Ciro Ciliberto Infante. También estuvo presente el embajador ruso en Caracas, Serguéi Mélik-Bagdasárov, quien viajó a Barbados como parte de la comitiva de Jorge Rodríguez.

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El 17OCT23, tras negociaciones “secretas” entre EEUU, la dictadura chavista y un sector de la oposición venezolana, fue suscrito en Bridgetown, Barbados, un “acuerdo parcial” en materia electoral.

A los efectos de buena parte de los numerosos actores extranjeros involucrados, con la firma del acuerdo concluye el proceso de negociaciones que debería llevar a elecciones presidenciales aceptables internacionalmente. La izquierda continental congregada en el Grupo de Puebla aupó el esquema propuesto por EEUU de aliviar sanciones económicas a cambio de un compromiso político entre el chavismo y la “Plataforma Democrática”. Juan González, el encargado por la Casa Blanca para las negociaciones con el chavismo, colombo-estadounidense que sirve como asesor del presidente Biden y como responsable del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, gusta usar la expresión “incentivos” para referirse a la política de apaciguamiento a la dictadura que se ha materializado en una secuela de medidas adoptadas desde el 2021 con el ablandamiento de sanciones a cambio de negociación política, con las cuales han ido satisfaciendo simultáneamente a empresas petroleras estadounidenses deseosas de hacer negocios en Venezuela y a la dictadura chavista sedienta de petrodólares.

El último en unirse en esa dirección fue el brasileño Lula da Silva quien el 19JUL23 afirmó en Bruselas que "la situación en Venezuela se resolverá cuando los partidos y el Gobierno pacten la fecha electoral y las reglas para esa cita con las urnas "y a paso seguido, "el compromiso de que empiecen a caer los castigos impuestos por EEUU”. Las declaraciones del brasileño se produjeron a la salida de un encuentro promovido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con participación del colombiano Gustavo Petro, el argentino Alberto Fernández y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea Josep Borrell, al cual asistieron la vicepresidenta ejecutiva del régimen venezolano Delcy Rodríguez y el negociador opositor Gerardo Blyde.

Lula, Petro y Fernández, miembros del izquierdista Grupo de Puebla, pero deseosos de mantener buenas relaciones con Washington, se habían comprometido con EEUU, cada uno en su ocasión, para servir de puentes con el régimen chavista. De hecho, junto al mexicano Manuel López Obrador, los mandatarios de Argentina, Brasil y Colombia crearon una instancia para acompañar las conversaciones entre Maduro y los opositores.

La presencia de Delcy Rodríguez en Bruselas el 19JUL23, confirmaba que ella y su hermano Jorge Rodríguez estaban actuando en las conversaciones, pláticas y negociaciones que Maduro mantenía simultáneamente con EEUU y con la oposición. Voceros de EEUU han asegurado que Catar prestó su asistencia a las negociaciones, confirmando las versiones según las cuales Doha, donde fue reiteradamente vista Delcy Rodríguez a lo largo del año 2023, fue sede de diversas reuniones de las negociaciones.

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El acuerdo firmado por los representantes de Maduro y de la Oposición en Barbados, el 17OCT23 son todas de carácter dubitativo, sujetas a futuras interpretaciones. Como resaltaron Maduro y Rodríguez en diversas intervenciones, la aplicación del acuerdo sobre “promoción de derechos políticos y garantías electorales” estarán sujetos a la aplicación de “la Constitución”, las leyes electorales y “demás normas jurídicas aplicables”, lo cual coloca el acuerdo en el terreno controlado por el régimen, desde las instancias judiciales hasta las autoridades electorales. Según el texto, las partes “reconocen y respetan” el derecho a que cada actor selecciones su candidato presidencial. Las partes “promoverán de manera conjunta ante” las autoridades electorales [designadas y controladas por el régimen entre sus propios militantes] un “conjunto de garantías”. Esas garantías “que serán promovidas” incluyen “proponer” que las elecciones se realicen en el segundo semestre del 2024, actualización del registro de votantes, auditorias al sistema electoral, invitar “misiones técnicas de observación” [no de monitoreo, insisten los chavistas] de la Unión Europea, ONU, Unión Africana, Centro Carter, y un grupo denominado “Unión Internacional de Organismos Electorales”. El chavismo expresamente vetó la posibilidad de invitar representantes de la OEA. Las partes igualmente acordaron “requerir a las autoridades competentes la adopción de medidas para garantizar la seguridad, libertad de circulación y reunión para todos los candidatos”. En otro aparte acuerdan “promover” el equilibrio en los medios de comunicación”. Por cierto, el 20OCT23, pocos días después de haber sido suscrito el acuerdo en Barbados, el régimen chavista prohibió a las estaciones de radio y TV, informar sobre el proceso de las elecciones primarias planeadas por los partidos opositores para el 22OCT23.

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Hasta la fecha desde que EEUU impusiera las primeras sanciones financieras el régimen chavista en 2017, los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden habían emitido licencias públicas y privadas que permitían obviar las sanciones económicas impuestas el régimen chavista. Trump autorizó a Chevron y a varias empresas de ingeniería petrolera estadounidenses a permanecer en Venezuela, con mínimas operaciones, bajo el argumento de que de lo contrario Rusia se apropiaría de las empresas situadas en territorio venezolano. Desde finales del año 2022 EEUU había autorizado la reactivación de exportaciones petroleras por parte de Chevron, la italiana ENI y la española Repsol, así como el suministro a Venezuela de insumos necesarios para la producción. Esas licencias eran de carácter individual, prohibían el pago de impuestos y regalías el régimen chavista y no contemplaban el inicio de nuevas operaciones de exploración y apertura de nuevos pozos. Igualmente, el gobierno de EEUU había autorizado al gobierno de Trinidad y Tobago y a la petrolera Exxon a pactar con el régimen un acuerdo para la explotación de gas en la fachada oriental venezolana para su transferencia a plantas en territorio trinitario.

Las licencias emitidas el 18OCT23 obvian la obtención de permisos individuales para que personas y empresas con actividad en EEUU puedan realizar operaciones petroleras y gasíferas en asociación con el régimen chavista y pagarle en divisas los impuestos, regalías y ganancias. Para el cumplimiento de lo anterior, EEUU ha autorizado al sistema financiero estadounidense para permitir que la banca estatal venezolana sirva de intermediario financiero en los flujos monetarios correspondientes a las operaciones petroleras, gasíferas y mineras. El gobierno Biden no autorizó operaciones en las cuales estén involucrados el gobierno o empresas de Rusia. Esto habría sido la razón para el rápido viaje de Delcy Rodríguez a Moscú, el 11OCT23, luego de una rápida visita a Catar, antes de que se hicieran públicos los acuerdos.

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Uno de los tantos temas polémicos alrededor de las licencias concedidas por EEUU a la dictadura venezolana tiene que ver con autorizar operaciones internacionales de la empresa estatal minera Minerven. Tanto el Departamento del Tesoro como el de Estado se han visto, sin que nadie se lo preguntara, en la situación de justificar esa decisión. Alega el gobierno de EEUU que “emitió una segunda licencia general que autoriza transacciones con Minerven (la empresa minera de oro estatal venezolana) que, según el Tesoro, tendría el efecto de reducir el comercio de oro en el mercado negro”.

Al respecto, el grupo SOSOrinoco, que hace monitoreo y documenta la destrucción de la Amazonía y Orinoquía venezolanas por parte de la explotación aurífera promovida y ejecutada por el régimen chavista, emitió el 21OCT23 un comunicado respondiendo al Departamento de Tesoro: “mucho antes de la imposición de sanciones, e l decreto del Arco Minero impulsó un modelo de negocio caótico, violento y criminal, sin tomar en cuenta derechos humanos ni regulaciones ambientales, que ahuyentó a las grandes compañías mineras internacionales”. Agrega que “con este levantamiento de sanciones el régimen de Maduro tiene un nuevo incentivo para profundizar aún más la política del Arco Minero ya que por la puerta de Minerven podrán sacar más oro al mercado internacional "legalmente": Maduro y su grupo de beneficiarios (militares, altos personeros políticos y financistas del régimen) ahora seguirán traficando, pero abiertamente”.

Otro aspecto, de grandes consecuencias, que está siendo comentado en medios judiciales y políticos en EEUU es el referente al reconocimiento implícito que el gobierno Biden habría hecho del gobierno de facto de Maduro como representante legal del estado venezolano. Oficialmente EEUU no reconoce a Maduro como titular de un gobierno venezolano, pero en las licencias emitidas y en el lenguaje utilizado queda implícito que “los representantes de Maduro” son los representantes de un gobierno. Esta interpretación pudiera tener consecuencias inesperadas pero predecibles en procesos judiciales que se siguen en diversos países sobre la titularidad de los bienes estatales venezolanos… y de la deuda que mantiene.

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Este Informe realizó consultas al Departamento de Estado sobre el plazo impuesto al régimen chavista para el cumplimiento de los acuerdos el cual no aparece eb lis textos publicados por el Departamento del Tesoro. El 20OCT23 la Oficial de Prensa del Departamento de Estado hizo saber que “Estamos trabajando para obtener una respuesta, pero es probable que sea mañana antes de que podamos responderle”. Al cierre de la redacción de este Informe no se había recibido respuesta a la consulta.

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