Con el abierto apoyo del gobierno de Rusia, el régimen chavista intenta crear un escenario en el cual internacionalmente se ponga en duda la Presidencia que ejerce Juan Guaidó sobre el poder legislativo venezolano que sustenta, además, su posición de Presidente Encargado del Ejecutivo.

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El 05ENE20, las fuerzas militares controladas por Nicolás Maduro establecieron un férreo control al decimonónico Palacio Federal, situado en el centro de Caracas, que es asiento de la Asamblea Nacional. Mediante una decena de puntos de control localizados algunos a centenas de metros del edificio, tropas de la Guardia Nacional se proponían dificultar el acceso a la zona mientras grupos paramilitares hostigaban a los corresponsales de prensa que intentaban cubrir los eventos. Según reconoció el propio gobierno, los militares tenían como misión impedir el acceso al Palacio Federal de un grupo de diputados opositores. El propósito obvio era quebrar la mayoría disponible por Guaidó para ser reelecto. Pero, en todo caso, el régimen procuraba crear una situación de caos que facilitara la realización de una sesión parlamentaria sin control de Guaidó y de la cual emergiera un eventual nuevo presidente afín a Maduro. El objetivo central del régimen es crear la sensación de una dualidad de jefatura en el poder legislativo.

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Contrastando listados elaboradas por el gobierno, los militares sometían a escrutinio a los diputados que intentaban entrar al edificio del Parlamento. Según la periodista Madelin García del canal castrochavista Telesur, los militares fueron provistos de listados contentivos de diputados “que tenían allanada su inmunidad, algunos con orden de captura, se les investigaba por eje por el intento de golpe de Estado del #30A.” Es decir, los militares tenían órdenes de no permitir el ingreso de diputados que son objeto de persecución política por el propio régimen. Sin precisar quien la emitió, la periodista García informó que “había una orden de no dejarlos ingresar pero con ellos @jguaido quien insistía o todos o nadie”.

Al final del día 05ENE20, Guaidó resultó reelecto como Presidente de la Asamblea Nacional en una sesión realizada en los espacios del diario El Nacional al este de la ciudad. Un centenar de diputados que superaban el mínimo necesario de 84 votos, se pronunciaron nominalmente a favor de Guaidó. Pero previamente en el salón de sesiones de la Asamblea Nacional, parlamentarios del partido chavista PSUV en connivencia con una decena de diputados electos por la oposición, simularon la realización de una sesión parlamentaria, sin conteo de los asistentes y sin realizar una votación, al cabo de la cual anunciaron la elección del diputado Luis Parra como supuesto nuevo Presidente de la Asamblea. Parra fue inmediatamente reconocido por Maduro y con auxilio de la tropa tomó control de las oficinas protocolares de la Presidencia del parlamento.

Poquísimas horas después, en la mañana moscovita del 06ENE20, la cancillería rusa emitió un largo comunicado en el cual afirmaba que “El 5 de enero, en Venezuela se efectuó la estipulada por la legislación transferencia de la presidencia rotatoria en la Asamblea Nacional. Ahora la encabeza el representante de la oposición Luis Parra. Interpretamos la elección del nuevo dirigente del Parlamento como un legítimo procedimiento democrático que contribuye a reinsertar las luchas políticas en Venezuela en el marco constitucional”. Quedaba en claro que Rusia, el principal acreedor del régimen chavista y uno de sus sustentos de apoyo internacional, formaba parte del montaje. Si bien el vocero del Ministerio de Exteriores de China no mencionó a Venezuela en sus ruedas de prensa diarias, las agencias de noticias del gobierno chino comenzaron a referirse a Parra como presidente de la Asamblea Nacional. En suma, el régimen chavista con el activo respaldo de la diplomacia rusa y cubana está intentando imponer la tesis de la existencia de un nuevo presidente del legislativo venezolano.

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Con el apoyo de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Francia, Italia, Alemania, los Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia y del Reino Unido, y con la sola abstención de Uruguay, el Grupo de Contacto Internacional para Venezuela emitió un comunicado en 09ENE20 en el cual se refería a la maniobra de Maduro. “La elección de Luis Parra no puede considerarse legítima ni democrática” afirmaba el texto. Ese mismo día, el español Josep Borrell actuando en calidad de Alto Representante y vocero de la Unión Europea emitió un comunicado oficial expresando que “la Unión Europea considera que la sesión de votación que condujo a la "elección" de Luis Parra no es legítima, ya que no respetó los procedimientos legales ni los principios constitucionales democráticos. La UE expresa su pleno apoyo a Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional”.

Resalta la mención expresa a Luis Parra y la calificación de ilegítima a su pretendida presidencia en ambos documentos elaborados bajo inspiración europea que busca contraponerse a la tesis que promueve Moscú.

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Los cambios de orientación política en diversos gobiernos del Continente están impactando en la conformación de las alianzas que respaldan internacionalmente al “gobierno” de Juan Guaidó.

El nuevo gobierno de Argentina encabezado por Alberto Fernández, en su afán de mantener líneas de contacto con EEUU y Brasil, hace esfuerzos por no mostrarse como un aliado incondicional de Maduro pero claramente abandonó la posición de activismo internacional que su predecesor Mauricio Macri había impulsado contra el régimen chavista. Sin separarse aún del Grupo de Lima, la cancillería de Fernández en manos de Felipe Solá se negó a suscribir los comunicados emitidos por el Grupo que condenaron “el uso de la fuerza y las prácticas intimidatorias contra los parlamentarios de la Asamblea Nacional” y saludaron la reelección de Guaidó. La cancillería argentina emitió en solitario un comunicado calificando como “inadmisibles para la convivencia democrática los actos de hostigamiento padecidos por diputados, periodistas y miembros del cuerpo diplomático al momento de procurar ingresar al recinto de la Asamblea Nacional, para elegir a las nuevas autoridades de su junta directiva”. Argentina, al igual que el gobierno mexicano de López Obrador, optaron por desmarcarse de la maniobra del régimen chavista pero sin distanciarse mucho. De hecho a las pocas horas de los sucesos en Caracas, la dirección de ceremonial de cancillería kirchnerista emitió una comunicación dirigida a Elisa Trotta Gamus, la enviada de Guaidó en Buenos Aires, notificándole que Argentina dejaba de reconocerla como representante diplomática de Venezuela.

El 10ENE20, la delegación de Argentina no votó la resolución que en la OEA condenó “el uso de la fuerza y tácticas intimidantes por parte del régimen de Nicolás Maduro” contra la Asamblea Nacional. Argentina prefirió abstenerse en la votación en el Consejo Permanente de la OEA. El gobierno argentino, además, retiró su apoyo a la reelección de Luis Almagro como Secretario General de la OEA y habría comprometido su voto a favor de la ecuatoriana María Fernanda Espinoza. La candidatura de Espinoza fue presentada por Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas y está siendo promovida por el eje castrochavista.

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El gobierno de transición de Bolivia encabezado por Jeanine Áñez ha dado un giro en apoyo a los sectores democráticos venezolanos distanciándose del eje castrochavista. Uno de los primeros pasos de política exterior de Añez fue desvincular a su país de la organización ALBA liderada por los regímenes de Cuba y Venezuela. Luego Bolivia se sumó al Grupo de Lima y procedió a suscribir el comunicado del 05ENE20 generado ante las acciones violentas del régimen Maduro que tenían lugar ese día contra los diputados de la Asamblea Nacional. Pocas horas después, en un comunicado redactado en la noche del 05ENE20 y divulgado el 06ENE20 en el cual ya saludaba “la reelección de Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente Encargado de Venezuela”, el Grupo saludó la incorporación de Bolivia. Por cierto, Guyana como miembro del Grupo de Lima firmó el comunicado del 05ENE20 pero se abstuvo de sumarse al del 06ENE20 ya que el gobierno de David Granger, como parte de sus pugnas territoriales contra Venezuela, no reconoce a Guaidó como Presidente del Ejecutivo venezolano.

El 09ENE20 Bolivia reiteró el cambio en su posición exterior en un contexto europeo. En el denominado “Grupo de Contacto” impulsado por la Unión Europea en procura de una solución negociada para Venezuela y en el cual intervienen gobiernos de Europa y Latinoamérica, los enviados de Evo Morales solían asistir pero sin suscribir los comunicados. El 09ENE20, el Grupo de Contacto emitió un comunicado apoyando a Guaidó. Bolivia por primera vez suscribió el comunicado dejando solo al saliente gobierno de Uruguay que se negó a suscribirlo. En la OEA, el gobierno de Bolivia formó parte del grupo de catorce gobiernos que solicitaron una reunión extraordinaria del Consejo Permanente, celebrada el 10ENE20, para evaluar la situación de Venezuela y votar una resolución reconociendo la reelección de Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

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Durante el mandato de Evo Morales, Cuba habría recibido US$ 147 millones procedentes de las arcas del gobierno de Bolivia a cuenta de remuneración de las “brigadas médicas”. La cifra procede del informe presentado el 08ENE20 por el ministro de Salud de Bolivia Aníbal Cruz. A la llegada de Morales a la Presidencia en enero de 2006, Hugo Chávez comenzó a drenar recursos venezolanos hacia su socio boliviano, incluyendo el pago a Cuba de los servicios que prestaba a Morales en áreas de seguridad, alfabetización y personal de salud. Con el transcurrir del mandato de trece años de Morales, Cuba también comenzó a beneficiarse de los crecientes ingresos fiscales bolivianos.

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