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El 12OCT20, Borrell informó al Consejo de Ministros de Exteriores de la UE sobre el fracaso de sus gestiones en Caracas y, al final de la sesión, la ministra española Arancha González Laya dijo a la prensa que su gobierno no apoyaría las votaciones convocadas por Maduro. “Las elecciones parlamentarias no reúnen los requisitos necesarios desde un punto de vista democrático. Si esas condiciones democráticas no se dan, no podremos reconocer los resultados”, ratificó la ministra española. Los mandatarios de la UE celebraron una reunión ordinaria del Consejo Europeo los días 16-26OCT20 en el cual atendieron varios temas de política exterior sin que Venezuela apareciera en la agenda reflejando que Europa no tiene dispuesto un cambio de posición ante la crisis venezolana. El envío de una misión de observación electoral a Venezuela para validar las votaciones del 06DIC20 (como la que sí fue enviada a Bolivia) está totalmente descartado por la UE.
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El gobierno cubano fue electo para formar parte del Consejo de Derecho Humanos de la ONU, ratificándose una vez más que esa instancia no es un club de defensores de DDHH. El Consejo, creado el 2006, es en realidad un campo de batalla diplomática donde regímenes sustentados en la violación sistemática de los DDHH procuran impedir denuncias en sus contra e intercambian favores políticos en procura de ocupar uno de los codiciados asientos.
El Consejo está integrado por 47 gobiernos que son electos en votación secreta por los 193 miembros de la ONU. El mandato de un país electo dura tres años y tiene derecho a presentar su candidatura para una única reelección. Las reglas permiten que un país permanezca seis años consecutivos y tras un año fuera del Consejo pueda nuevamente procurar su elección. De esta manera el régimen cubano y China han logrado sentarse en el Consejo de DDHH por doce años del total de catorce años en que ha existido esa instancia de la ONU.
A partir del 01ENE21, de los ocho asientos reservados para América Latina y el Caribe, cuatro de ellos estarán en manos de gobiernos asociados al eje castrochavista: Argentina, Cuba, México y el régimen de Nicolás Maduro que continúa representando a Venezuela en la ONU.
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Bolivia va a elecciones generales el domingo 18OCT20 en un proceso que determinará la continuidad de la redemocratización del país o el regreso del castrochavismo a la Presidencia.
Las encuestas señalan que habría el 29NOV20 una segunda vuelta entre Luis Arce, exministro y candidato en nombre del partido de Evo Morales, y el expresidente Carlos Mesa que corre con las siglas de la alianza Comunidad Ciudadana. Las encuestas se han realizado básicamente por vía telefónica lo que implica una baja capacidad de medir la intención de voto en áreas no urbanas que sumarian un mínimo de 30 por ciento de los votantes. Para obtener la Presidencia se requiere una mayoría superior al 50 por ciento, pero igualmente es posible que un candidato sea declarado ganador cuando obtenga más del 40 por ciento de los
votos y su diferencia con respecto a su más cercano competidor sea de más de 10 por ciento.
La OEA y la Unión Europea organizaron misiones formales de observación electoral que han hecho seguimiento a todo el proceso.
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La presidenta encargada Jeanine Añez de Bolivia y el expresidente Jorge Quiroga optaron por retirar sus postulaciones ante sus bajos porcentajes de intención de votos. Ambos están llamando a votar por Carlos Mesa como la opción con posibilidad real de derrotar al candidato de Morales quien aparece de primero en todas las encuestas.
Las miradas están centradas en Luis Fernando Camacho, un líder regional en el departamento de Santa Cruz quien emergió a nivel nacional e internacional como protagonista de las protestas contra el gobierno Morales en 2019. En diciembre de 2019, Camacho viajó a Washington donde realizó reuniones y conferencias, una de ellas blanco de sabotaje por el grupo izquierdista pro iraní Codepink. Camacho tendría entre 12 y 16 por ciento de intención de votos a nivel nacional y estaría acumulando casi el 40% de los votos en su departamento. Según analistas que han seguido de cerca el proceso, los resultados electorales en Bolivia podrían depender de la decisión del electorado de Santa Cruz, fuertemente enfrentado al gobierno de Morales y que representa el 26 por ciento de los electores del país. La fractura del voto antimasista en Santa Cruz podría conllevar a la victoria del candidato de Morales. El retiro de la candidatura de Camacho o un llamado suyo a votar por Mesa son opciones que han sido manejadas en medios políticos bolivianos en los últimos días.
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La táctica de Morales en los últimos meses desde su exilio en Argentina propiciando protestas y actos de sabotaje en diversas regiones, sumando al control territorial que ejercen los sindicatos cocaleros en amplias zonas del
departamento de Cochabamba (19 por ciento de los votos del país), mantienen abierta la hipótesis de que puedan presentarse situaciones de violencia con motivo de las votaciones.
Las elecciones en Bolivia son de altísimo interés para la izquierda continental que ha volcado su apoyo político, organizativo, financiero y propagandístico al candidato masista. En apoyo al candidato de Morales funciona en Bolivia un centro de análisis y generación de encuestas montado por el “Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica”, un aparato dirigido por el economista español asesor del régimen venezolano Alfredo Serrano Mancilla, ente promovido por Pablo Iglesias, Nicolás Maduro, Ernesto Samper, Rafael Correa y en cuyo consejo consultivo aparece Juan Carlos Monedero, Alberto García Linera, Gustavo Petro y otras figuras del jet set izquierdista.
A solicitud del MAS han ingresado a Bolivia militantes de izquierda bajo la figura de “acompañamiento internacional” entre los cuales aparecen parlamentarios europeos y miembros del grupo estadounidense Codepink, operador castrochavista en EEUU, el mismo que mantuvo retenida la sede de la Embajada de Venezuela en Washington por instrucciones de la cancillería de Nicolás Maduro. Entre los enviaos por Codepink aparece el “periodista” estadounidense Max Blumenthal, quien dirige el portal “The Grayzone” que sirve como plataforma de propaganda a favor del chavismo en EEUU.
Sin solicitar autorización del Tribunal Supremo Electoral, el exmandatario paraguayo Fernando Lugo se encuentra en Bolivia alegando que se dispone a ejercer observación electoral por invitación del MAS, partido que estaría organizando secretamente la presencia de la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner en La Paz el día de las elecciones.
El gobierno argentino, a su vez, además de dar soporte a Evo Morales y su comitiva asentada en Argentina, en la voz del subsecretario de Obras Públicas Edgardo Depetri ofreció públicamente apoyo para garantizar para al candidato de
Morales los votos de los bolivianos residentes en Argentina donde se concentra un nada despreciable dos por ciento del total de votantes.
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Una nueva oleada de migrantes venezolanos comienzan a tomar rumbo hacia los países vecinos. Los actuales migrantes venezolanos en procura de llegar a la línea fronteriza con Colombia están realizando largas caminatas desde sus ciudades de origen enfrentando un nuevo tipo de peligro: el pillaje del cual son víctimas a manos de los organismos policiales y militares que mantienen controles en las vías carreteras. Lo que era una realidad difundida a sotto voce se convirtió en un hecho públicamente conocido el 12OCT20 mediante la denuncia que hiciera el obispo de la fronteriza ciudad de San Cristóbal, monseñor Mario Moronta. En la homilía durante la misa por el aniversario de la Diócesis de San Cristóbal, según reportó el diario La Nación, Moronta afirmó que a los “caminantes” (“aquellas personas que han decidido irse de este país porque hay hambre y miseria”) los cuerpos de seguridad en los puntos de control “en vez de defenderlos, hacen es vejarlos, robarles lo poquito que pueden traer”.
La pandemia de COVID19, con sus repercusiones en las economías de países como Perú y Ecuador, empujó a varias decenas de miles de venezolanos a regresar a Venezuela cruzando Colombia. Comenzando el mes de agosto, las autoridades colombianas estimaban que 95.000 venezolanos habían procurado regresar a Venezuela por vías de Colombia. Maduro y voceros de su gobierno, como el jesuita Numa Molina, calificaron a los “retornados” como “armas biológicas” enviadas por el gobierno de Ivan Duque contra Venezuela. Durante los primeros meses de la pandemia, fueron numerosos los reportes sobre maltrato, confinamiento en condiciones precarias, encarcelamiento y discriminación por parte del régimen contra los venezolanos que procuraban regresar a su país. El informe oral sobre Venezuela de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, del 25SEP20 manifestaba su
preocupación por “el discurso estigmatizador de algunas autoridades que responsabilizan de introducir la COVID-19 en Venezuela, a los que retornan por cruces irregulares”. En ese texto, Bachelet al referirse a los centros de detención que el régimen mantiene para venezolanos que retornan al país, reiteró su “llamado a mejorar sustantivamente las condiciones de salud, acceso a agua, alimentos y medicamentos, y garantizar contactos regulares con los familiares y abogados, bien física o telefónicamente, así como de explorar medidas alternativas a la privación de libertad”.
La situación rápidamente está cambiando y nuevamente se está produciendo un flujo de venezolanos que intentan cruzar las fronteras hacia Colombia y Brasil las cuales permanecen cerradas por la pandemia. Dado que el ingreso de estos venezolanos a territorios de Colombia y Brasil se está produciendo por atajos llamados “trochas” y no por los puestos fronterizos, las autoridades no les están confiriendo documentación. En oficinas de organismos internacionales que hacen seguimiento y respaldo a los refugiados venezolanos en los países vecinos, comienza a sentirse preocupación por el inicio de una nueva ola de migrantes en momentos en los cuales las economías suramericanas están seriamente golpeadas y la ayuda internacional para este tipo de causas ha tendido a disminuir.
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El gobierno de Jair Bolsonaro mantiene, con apoyo de Acnur y respaldo financiero de EEUU, un programa de atención a los refugiados venezolanos denominado “Operação Acolhida” que se sustenta en las fuerzas militares brasileñas. Además de ayuda humanitaria fronteriza, la operación está relocalizando familias venezolanas en diversas ciudades de Brasil. Se trata de la iniciativa mejor estructurada para atender el fenómeno de los refugiados venezolanos. Sin embargo, comienza a registrarse manifestaciones de xenofobia impulsadas por razones políticas contra la presencia de venezolanos.
Con vistas a las elecciones municipales brasileñas del 15NOV20, varios candidatos en zonas fronterizas están promocionándose con base en una agenda de rechazo a los migrantes venezolanos. La propaganda del actual diputado federal por el estado Roraima, Antonio Nicoletti, ofrece una gestión en la cual los “venezolanos no tendrán privilegios”. Nicoletti aspira a la alcaldía de Boa Vista, la capital de Roraima y milita en el partido PSL el mismo que sirviera de plataforma partidista para la postulación de Jair Bolsonaro en 2018.
Gerlane Baccarin, quien también está nominada para el cargo de Alcalde de Boa Vista, presenta como oferta electoral “limitar la atención en salud y las vacantes en escuelas para los inmigrantes”. Baccarin, esposa del diputado federal Hiran Gonçalves (PP), fue ministra interina de Salud durante el gobierno de Michel Temer y ahora se presenta a las elecciones por una alianza partidista del “Partido Progressistas” (PP) y el “Partido Democrático Trabalhista”.
