Hacer la paz en Colombia ha sido un esfuerzo tan largo y tortuoso como la guerra. La diferencia es que el camino hacia la reconciliación ha estado lleno de tropiezos y fracasos, mientras que la ruta de la violencia ha sido ascendente, con múltiples protagonistas e intereses poderosos.
Por eso el anuncio en La Habana del pasado 23 de septiembre, tanto del gobierno colombiano como de las Farc de haber llegado al acuerdo de una jurisdicción especial para la paz, en la que sean investigados, juzgados y sancionados los peores crímenes cometidos durante más de 50 años de conflicto armado, es visto por las dos partes como un paso en firme hacia la posibilidad de darle “el adiós definitivo a la guerra más larga de Colombia y a la última del hemisferio Occidental”, como señaló el presidente Juan Manuel Santos ante la asamblea general de las Naciones Unidas.
Dicha jurisdicción contará con un tribunal, magistrados y salas especiales donde serán procesados y penalizados todos los casos de aquellas personas –guerrilleros, militares, policías, agentes del Estado y particulares - que hayan participado, de manera directa o indirecta, en el conflicto armado.
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Siguen las divergencias
Al mismo tiempo, el acuerdo sobre la creación de un tribunal especial ha encendido las alarmas de los opositores más caracterizados de las conversaciones iniciadas en la capital cubana, y de ciertas organizaciones internacionales de derechos humanos.
Tanto el procurador general de Colombia, Alejandro Ordoñez, como el expresidente y ahora senador, Álvaro Uribe Vélez, calificaron la jurisdicción especial para la paz como un camino expedito hacia la impunidad, en la medida en que “ninguno” de los que hayan cometido graves delitos “pagará un sólo día de cárcel”.
También José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, advirtió que si bien es cierto “[dicha] jurisdicción podría motivar confesiones [de crímenes], también permitiría que eludan por completo la cárcel los máximos responsables de atrocidades masivas. De ese modo se les niega a sus víctimas el derecho a la justicia”.
En el acuerdo firmado por el presidente Juan Manuel Santos y el jefe del secretariado de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, se estableció que “la función esencial de las salas y del tribunal para la paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición”.
Al respecto, ya se han acordado penas concretas. De cinco a ocho años de privación efectiva de la libertad y de los derechos, para quienes reconozcan sus crímenes de manera temprana. Esto, según el acuerdo, garantizará “el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las [sentencias] mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas”.
Quienes reconozcan el haber cometido graves delitos pero de manera tardía serán también condenados a entre cinco y ocho años, pero pagarán su pena en el régimen ordinario, es decir, en la cárcel. Y para quienes no reconozcan sus delitos, pero sean encontrados culpables por el tribunal especial, tendrán una pena de 20 años, también en una prisión ordinaria.
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Qué sigue
Otro tema sensible es el de la amnistía y el indulto. Gobierno y guerrilla acordaron que no se aplicará ninguna de esas figuras a quienes hayan cometido “crímenes de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, […]como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual”.
Sin embargo, el estado otorgaría “la amnistía más amplia posible por los delitos políticos y conexos”. El alcance de la relación entre rebelión y delito será establecido por una ley de amnistía promulgada por el Congreso.
Todo este andamiaje del llamado “sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición”, que tiene en el centro de sus objetivos a las víctimas (según expresaron el presidente Santos y Timochenko) no se hará efectivo sino hasta cuando se firme el acuerdo definitivo y se haya hecho la dejación efectiva y verificable de las armas.
Aún se están discutiendo las condiciones de la desmovilización guerrillera, la entrega de los fusiles y pertrechos. Y falta otro tema sensible: la refrendación de los acuerdos por parte de los votantes colombianos.
Hace apenas unas horas la guerrilla emitió un comunicado en el que precisa, para refutar unas declaraciones de los negociadores del Gobierno, que el acuerdo sobre la jurisdicción de paz está cerrado y no es susceptible de “precisiones adicionales o un desarrollo que implique aclarar lo que no necesita aclaración alguna”.
¿Será posible limitar todas estas “asperezas”, producidas por medio siglo de hostilidades y miles de muertos, en menos de seis meses? Puede ser, pero en lo único que hay consenso de verdad es que este proceso es ya irreversible.
