El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló este domingo que una nueva línea de investigación sobre el tráfico de drogas entre Iguala, México, y la ciudad estadounidense de Chicago, ayudaría a esclarecer la desaparición de 43 estudiantes mexicanos en septiembre de 2014.
Ángela Buitrago, integrante del GIEI, en conferencia de prensa destacó que se han realizado acciones para obtener nuevas informaciones sobre la hipótesis "del quinto camión", utilizado presuntamente por los estudiantes para dirigirse a un mitin la noche de su desaparición.
El GIEI considera que esa línea podría aportar datos relativos a un caso judicial sobre el tráfico de drogas entre Iguala y Chicago.
Los expertos no dieron más detalles de la línea de investigación en torno al supuesto tráfico de drogas a través de autobuses de pasajeros por parte de bandas delincuenciales.
En respuesta, la Procuraduría General de la República (PGR) respondió que el "posible trasiego de droga" entre Iguala y Chicago "forma parte de las diversas líneas que están siendo investigadas". No obstante, no aportó mayores detalles.
Con relación al informe que dio a conocer este domingo el GIEI, la PGR reafirmó su compromiso "con la investigación exhaustiva de los hechos y la sanción efectiva de los responsables", negó que la investigación esté fragmentada como ha sugerido el GIEI, y reiteró su rechazo y desaprobación a las filtraciones de información.
"La PGR mantendrá el espíritu de colaboración tomando como marco la asistencia derivada del mandato de coadyuvancia técnica con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes", concluyó la fiscalía en un comunicado.
Previamente, el GIEI, al dar a conocer avances del segundo período de trabajo en torno a la investigación de desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, en Guerrero, destacó que el caso se fragmentó y ha dificultado conocer la verdad. Denunciaron además filtraciones de la investigación.
Los expertos señalaron que la PGR y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no les dan acceso a las declaraciones de algunos de los detenidos, entre ellas las de Gildardo López Astudillo, líder de la banda criminal Guerreros Unidos, o que las declaraciones no se encuentran asentadas en la investigación.
Según el informe, la declaración de estos posibles implicados y otras pruebas no se encuentran en el expediente del caso, sino en nuevas averiguaciones de la SEIDO y a las que el GIEI no ha tenido acceso.
Asimismo los analistas solicitaron a la fiscalía investigar las filtraciones que se han hecho a medios sobre la desaparición de los estudiantes al señalar que algunas no "corresponden a la verdad que se dice en las declaraciones de los detenidos".
En su informe, el grupo destacó que "la filtración de declaraciones sigue siendo un factor que genera confusión, pues generalmente se trata de informaciones que no han sido contrastadas".
En la conferencia en Ciudad de México, el informe de los expertos indica que la investigación en torno a la desaparición forzada de los 43 estudiantes se había fragmentado.
"El Grupo ha manifestado a la PGR su preocupación por la fragmentación interna del expediente y la investigación de los hechos de 26 y 27 de septiembre", comentó.
Explicó que mientras las pesquisas han ido avanzando a través de las peticiones realizadas por el GIEI a un nuevo equipo de investigación, la SEIDO ha abierto otras indagaciones, que han supuesto en la práctica la imposibilidad de acceder a informaciones relevantes.
"La existencia de múltiples averiguaciones previas impide conocer elementos definitivos para atribuir delitos complejos a los autores de los criminales hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014", declaró el grupo.
A principios de febrero un reconocido equipo de antropólogos forenses argentinos rechazó la hipótesis de que los 43 hayan sido asesinados y quemados en el basurero de Cocula, en Guerrero, como aseguró el Gobierno inicialmente, además de puntualizar otras inconsistencias periciales.
Según testimonios de varios detenidos, los 43 desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, 200 kilómetros al sur de Ciudad de México, después de que los autobuses en que viajaban fueran detenidos por policías que los entregaron a un grupo criminal.
Según la fiscalía, el grupo los asesinó e incineró, pero las familias han rechazado estas conclusiones.
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