A pesar de la apertura hacia la diversidad económica, el anteproyecto traba cualquier intento de democratización en las relaciones laborales
Un mendigo camina por una calle de La Habana para recolectar dinero de los conductores de coches, el 15 de julio de 2025.
AFPLA HABANA.– El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social colocó en la agenda pública el anteproyecto del nuevo Código del Trabajo. La propuesta busca actualizar una legislación vigente que quedó rezagada ante la actual realidad socioeconómica de la isla, marcada por el éxodo migratorio, la crisis inflacionaria y la irrupción del sector privado.
El documento, colgado en la página web del ministerio detrás del reconocimiento de las nuevas formas de empleo, el texto mantiene intacto el control político e institucional sobre la masa trabajadora.
El texto legal responde a un escenario donde el empleo estatal dejó de ser la única opción de subsistencia para los cubanos. La expansión de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), el incremento del trabajo por cuenta propia y la digitalización obligaron a los legisladores a sacar de la "zona gris" legal varias modalidades prácticas, reseña el portal web Diario de Cuba.
Entre las principales modificaciones técnicas aparece el reconocimiento oficial del trabajo a distancia y el teletrabajo mediante tecnologías de la información. También se introduce la regulación del pluriempleo y mecanismos para compatibilizar el trabajo con las responsabilidades de cuidado familiar.
Por otra parte, la edad laboral general se eleva a los 18 años, aunque subsisten excepciones para jóvenes de entre 15 y 17 años. La normativa añade prioridad de empleo para mujeres y personas en situación de discapacidad, además de licencias no retribuidas para el cuidado de ancianos. Con respecto a los jóvenes profesionales, persiste la obligatoriedad del servicio social para graduados universitarios, aunque ahora se autorizan viajes particulares al exterior durante este período, siempre bajo el visto bueno del empleador.
A pesar de la apertura hacia la diversidad económica, el anteproyecto traba cualquier intento de democratización en las relaciones laborales. El análisis jurídico del documento demuestra que el régimen cubano esquiva las demandas históricas de los trabajadores independientes y los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La exclusión del derecho a huelga: el nuevo código ratifica una de las mayores anomalías del sistema cubano: la inexistencia del derecho a huelga. Los trabajadores carecen de la facultad legal de suspender sus labores como método de presión frente a los empleadores o el Estado.
Por otra parte, la legislación perpetúa el monopolio de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). El artículo 466 del anteproyecto establece que los sindicatos tienen la obligación de promover en los trabajadores la educación política, ideológica y cívica, una función orientada al adoctrinamiento oficialista que contradice la esencia de la libertad sindical internacional, la cual exige independencia absoluta de los partidos políticos y los gobiernos.
El bolsillo del trabajador cubano tampoco encuentra alivio en esta propuesta jurídica. Aunque el texto menciona conceptos como remuneración suficiente, la ley no establece cláusulas de indexación salarial automática para proteger los ingresos frente a la severa inflación que sufre el país. Al no existir un sistema de revisión periódica ligado al costo de la vida real, el reconocimiento de los derechos en el papel coexiste con la precarización material de las familias.
En conclusión, el nuevo Código del Trabajo funciona como un traje a la medida para que el Estado administre una economía más diversa, pero sin ceder un ápice de control. Los cambios ocurren en el ámbito técnico; la estructura de poder y la subordinación del obrero permanecen inamovibles.
FUENTE: Diario de Cuba
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