@CabezaMestiza
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MIAMI. - Desde el 9 de febrero, cuando Daniel Ortega resolvió enviar a EEUU a 222 presos políticos en Nicaragua, distintas organizaciones de derechos humanos comenzaron a advertir que algo similar podría ocurrir en el contexto de Cuba, de la mano de una posible mediación internacional, probablemente de tipo religiosa. Por esas fechas se encontraba en La Habana un enviado del Papa Francisco.
Según trascendió en medios acreditados, pidió la liberación de los manifestantes presos por las protestas del julio de 2021 en Cuba y dijo que Francisco espera una “respuesta positiva” del régimen del designado gobernante Miguel Díaz-Canel.
“El papa desea mucho que haya una respuesta positiva, como se llame, amnistía, clemencia”, pues las palabras “pueden ser secundarias”, dijo el cardenal Beniamino Stella a la prensa, al término de una ceremonia por el 25 aniversario de la histórica visita a la isla realizada por Juan Pablo II en 1998, cuando el régimen cubano decretó la amnistía de unos 200 presos.
“Es importante también que los jóvenes que han manifestado su pensamiento y lo han hecho de la forma que sabemos puedan regresar a sus casas”, precisó Stella, quien fue nuncio apostólico en Cuba justo en la década de 1990.
Más adelante, la mediación religiosa consiguió que fueran liberadas 2.900 personas por la visita de Benedicto XVI en marzo de 2012 y 3.500 en el 2015, por la visita de Francisco. Sin embargo, hasta el momento de la visita de Stella a Cuba, el Sumo Pontífice había evitado implicarse de manera pública en el asunto de los manifestantes del 11J presos, a pesar de haber recibido fuertes mensajes de la sociedad civil cubana a raíz de las detenciones por las protestas.
En julio de 2021 circuló en medios, incluido DIARIO LAS AMÉRICAS, una carta de la religiosa María Victoria Olavarrieta en la que se lee: “Nuestra iglesia ha sido perseguida, amenazada, vigilada, penetrada por los agentes de la Seguridad del Estado (...) Si los obispos cubanos sienten miedo de hablar, de ponerse del lado del pueblo, los entiendo, no sabemos las amenazas que les han hecho. Pero usted, con la inmunidad que le confiere su jerarquía, puede hablar y defendernos”.
Al año siguiente, en el aniversario de las protestas multitudinarias en las que la Policía mató al menos a un civil, hirió a varios y cientos fueron detenidos y procesados penal o administrativamente, Francisco dio una entrevista a periodistas mexicanas en la que reveló que había mantenido una relación “humana” con Raúl Castro. El cardenal reivindicó a la Revolución cubana como símbolo si bien, paradójicamente, ese proceso radical iniciado en 1959 se caracterizó por su intensa persecución de las expresiones religiosas.
En sus declaraciones, “no hubo palabras de caridad y aliento para los más de 700 presos políticos, para las madres cubanas, para los hijos y esposos de las 77 mujeres detenidas desde hace más de un año, para los niños de tan solo 12 años internados en escuelas de conducta”, de acuerdo con la Asamblea de la Resistencia Cubana, plataforma de organizaciones opositoras de dentro y fuera de la isla que a la vez reprocha a Francisco “la falta de reconocimiento a los riesgos que algunos sacerdotes, monjas y seminaristas en Cuba están sufriendo por acompañar a su pueblo en sus reclamos de libertad”.
Otra respuesta llegó del dramaturgo Yunior García Aguilera en forma de “carta abierta” al papa Francisco luego de sus declaraciones públicas sobre las históricas protestas del 11J en Cuba. “Con todo respeto, es poco cristiano ignorar a los que sufren para agasajar a los poderosos”, dijo García Aguilera.
Meses más tarde, en diciembre de 2022, la plataforma D Frente, que reúne a activistas, intelectuales y grupos de la oposición cubana, envió una carta al papa Francisco para pedir su intermediación para la libertad de los presos políticos de Cuba. Parte del basamento de la carta tenía origen en un Mensaje para preparar la Navidad firmado por Obispos Católicos de Cuba.
“En la Navidad Dios se hace solidario con la humanidad (...) ¡Cuánta alegría traería para sus familias y pueblo en general saber que, en esta Navidad, un buen número de quienes guardan prisión se les otorga la libertad y retornan a sus hogares para reinsertarse en la vida habitual e iniciar así el nuevo año!”.
Los obispos rememoran en su comunicado que en diciembre último se cumplieron 25 años de haberse declarado en Cuba “la Navidad como un día feriado”, previo o la llegada de Juan Pablo II, el primer Papa en visitar la isla; enfatizaron que esto “permite que las personas puedan compartir esta fiesta en familia y participar en las celebraciones en sus respectivas comunidades”.
Pero las Navidades pasaron sin excarcelaciones. Nada de lo solicitado en esas cartas ha sido cumplido hasta la fecha, pero a la luz de los recientes acontecimientos en relación con los presos políticos de Nicaragua y la visita del cardenal Beniamino Stella a Cuba, donde se reunió con los altos mandos del régimen, los familiares, en particular madres de manifestantes del 11J, han recobrado esperanzas de que los suyos puedan salir de las cárceles y lo han hecho público.
“Venga por donde venga la Libertad, solo queremos que nuestros hijos sean libres, basta de tanto abuso, basta de tanta maldad”, declaró la madre de los manifestantes presos Jorge y Nadir.
De aplicarse en Cuba condiciones similares a las de Ortega, la excarcelación implicaría en estos casos la salida definitiva del país, algo que ha suscitado reacciones de descontento de la sociedad civil y organizaciones de DDHH tanto de Nicaragua como de Cuba, si bien ha sido celebrado el hecho de que personas condenadas por razones políticas puedan salir de prisión.
“Celebramos con emoción y esperanza la liberación de más de 200 personas presas políticas”, dijo la organización Raza e Igualdad. “Mantenemos firme nuestro compromiso de seguir luchando por la liberación del resto de personas que están injustamente en prisión”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó que el régimen de Daniel Ortega haya privado arbitrariamente de la nacionalidad a los presos políticos nicaragüenses enviados a EEUU. En este sentido, la escritora Gioconda Belli celebró “con castañuelas” el gesto de España de ofrecerles nacionalidad a los 222 presos políticos nicaragüenses, “para evitar que sean apátridas”.
En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aplaudió la llegada de los opositores a su país. “La liberación de estos individuos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense, por parte del gobierno de Nicaragua, marca un paso constructivo para abordar los abusos contra los derechos humanos en el país y abre la puerta a un mayor diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua sobre temas de interés”, sostuvo Blinken en un comunicado. En el caso de Cuba, el diálogo también parece ser el camino elegido por Washington, aunque el encarcelamiento de cientos de manifestantes pacíficos es “el principal obstáculo para mejores relaciones con EEUU”, dijo el representante diplomático de Washington en Cuba, Benjamin Ziff.
Para el grupo de trabajo Justicia 11, que monitorea detenciones por motivos políticos en Cuba, son preocupantes los términos en que el régimen de Ortega excarceló a sus presos políticos, a quienes ha privado del derecho a la ciudadanía. Aunque la organización que lleva registro de 1.812 personas detenidas por protestas desde 2021 a la fecha, agradece que ahora el Papa haya mostrado interés por los presos políticos cubanos —y acompaña en sus esperanzas a las madres y familiares que esperan la excarcelación de estos—, cuestionó un posible manejo del destierro como “solución”.
Se trata de un camino que ya han atravesado la sociedad civil y la oposición, al menos en dos momentos anteriores: en 1978 (a raíz del diálogo con el Comité de los 75) y en el 2010 (luego de la detención de 75 personas durante la llamada Primavera Negra del 2003).
De las 1.812 personas que han sido detenidas por protestas (1.540 en el contexto del 11J, 103 en el contexto del 15N, 197 en las protestas de 2022), al menos 79 manifestantes excarcelados han sido empujados al exilio; en tanto 768 permanecen en detención. La organización considera los destierros y exilios como retrocesos y no como pasos positivos en materia de derechos humanos.
