El Foro Argentino por la Democracia en la Región solicitó a la justicia de ese país que ordene la “inmediata orden de detención internacional” contra Maduro
Captura de pantalla del momento en el que Nicolás Maduro se duerme durante su discurso en el Balcón del Pueblo, Miraflores, Caracas.
X: @JPAFS CARACAS.- A medida que pasan los días Nicolás Maduro está más acorralado. Se atrinchera para no reconocer el triunfo de la oposición en las elecciones presidenciales del pasado domingo, reprime las protestas ciudadanas que demandan que se den los verdaderos resultados de los comicios y amenaza con cárcel al opositor Edmundo González Urrutia, declarado presidente electo, según los datos ofrecidos por los opositores.
Ante las denuncias de la oposición, la petición de la comunidad de un reconteo visible por el fraude del régimen y la contundente declaración del Instituto Carter que, invitado por el Consejo Nacional Electoral a servicio de la dictadura, indicó que "no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados (...)".
El recurso de Maduro fue pedirle al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), también diseñado y manejado por sus administración, que resuelva el conteo de los votos, mientras ya han transcurrido cuatro días desde que CNE lo proclamó ganador sin que se mostrasen las actas que así lo certifiquen, violando los reglamentos que indican que estas tienen que ser presentadas en un lapso de 48 horas tras dar por culminada las las elecciones.
Maduro aseguró que tiene el 100% de las actas, pero la tarea que debió hacer desde el mismo lunes, aún no la ha ejecutado; las actas que dicen que ganó no están.
Por otra parte, el TSJ es un organismo controlado por el régimen, por lo que su imparcialidad para dirimir el conflicto se ve empañada. Ya lo dijo el Centro Carter el miércoles en la noche. "No es una evaluación independiente”, expresó Jennie K. Lincoln, analista para América Latina del Centro Carter y líder de la delegación que fue a Venezuela para observar las elecciones.
Desde el lunes, un día después de las elecciones, miles de venezolanos han salido a las calles a protestar por el "robo" de los comicios por parte de Maduro. El dictador, como en el pasado, ha respondido al grito de libertar del pueblo con represión con un uso excesivo de la fuerza.
En menos de cuatro días ya se registran 22 muertos y cientos de detenidos. En 2014, cuando Venezuela rechazó la gestión de Nicolás Maduro tras una dura crisis económica, la dictadura también uso la fuerza. Entonces fueron 43 fallecidos. En 2017, la dictadura apaciguó con la misma fórmula, la de la violencia y asesinato, dejando un registro de más de 100 muertos.
Los acontecimiento de esos años llevaron a la Corte Penal Internacional a abrir una investigación contra Venezuela.
Testimonios de manifestantes y videos y fotos en redes sociales muestran que la violencia es causada por los llamados colectivos chavistas -grupos de personas armadas afectas al régimen que son lanzadas a las calles para generar violencia-
”Él (Maduro) cuenta con poder esperar y que la gente se canse de manifestarse”, dijo Cynthia Arnson, miembro distinguido del Wilson Center en Washington. “El problema es que el país está en una espiral de muerte y no hay posibilidad de que la economía pueda recuperarse sin la legitimidad que surge de unas elecciones justas”, explicó.
Maduro se enfrenta a una investigación por abusos a los derechos humanos en la Corte Penal Internacional (CPI) por la represión de las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017. Mientras tanto, Estados Unidos mantiene vigente el ofrecimiento de una recompensa de 15 millones de dólares por su arresto por cargos de tráfico de drogas, la cual fue anunciada en 2020. Incluso si Maduro estuviera dispuesto a hacerse a un lado, muchos de sus aliados, incluido el alto mando militar, enfrentan también cargos criminales y pueden obstaculizar cualquier acuerdo.
“Probablemente siente que su argumento base para las opciones de salida se sitúa en algún lugar entre un largo período en La Haya y ser colgado de la cuerda de un piano en la Plaza Bolívar”, dijo Daniel Lansberg-Rodríguez, analista político nacido en Venezuela y fundador de Aurora Macro Strategies, una organización geopolítica enfocada en mercados emergentes. “Así que la única opción es encerrarse en la mentira”, señaló.
Este jueves trascendió que el Foro Argentino por la Democracia en la Región (Fader) solicitó a la justicia de ese país que ordene la “inmediata orden de detención internacional” contra Maduro por las desapariciones forzadas de personas y otros delitos de lesa humanidad que su régimen ha cometido los días posteriores a las elecciones, informó Infobae.
“Los hechos públicos que exponen la sistemática ejecución de desapariciones forzadas, amenazas con armas de fuego, lesiones y ejecuciones en la vía pública por parte de funcionarios o adeptos al régimen que dirige Nicolás Maduro Moros desde el día en que se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela, obliga a los suscriptos a requerir la inmediata orden de detención internacional de los imputados en esta causa”, según se expresa en el escrito presentado por el Fader ante el juez federal Sebastián Ramos, que el mismo que está a cargo de una causa por justicia universal por delitos de lesa humanidad en Venezuela.
El ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, y el abogado del Fader, Tomás Farini Duggan, solicitaron que “se disponga sus extradiciones, y de esa forma asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley (art. 280 CPPN); es decir, que los imputados rendirán cuenta por los graves delitos de lesa humanidad sistemáticamente ejecutados en contra del pueblo Venezolano”.
El martes pasado, el dirigente del partido opositor Voluntad Popular, Freddy Superlano, fue sacado a la fuerza de su vehículo y llevado por varios hombres encapuchados y vestidos de negro en Caracas, sin que las autoridades informaran de su paradero por más de 48 horas. El momento fue grabado y subido a las redes sociales. Este jueves, el régimen confirmó que Superlano está detenido.
En su escrito, el Fader denuncia la "desaparición forzada" de personas en perjuicio de Superlano; del coordinador juvenil en Caracas de la organización opositora La Causa RV, Rafael Sivira; de 25 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) -una universidad pública en Caracas-, las detenciones de 749 manifestantes, quienes serán acusados de instigación al odio y terrorismo, y por las detenciones de otras 132 personas ocurridas esta semana durante las manifestaciones contra el fraude electoral del régimen de Maduro.
“Todos estos hechos, que han sido ejecutados por los órganos de seguridad del Estado Venezolano o por organizaciones paramilitares también armadas y dirigidas por el Estado que encabeza Nicolas Maduro, no solo se encuentran previstos y reprimidos en el artículo 142 ter del C.P. y receptado en la Ley 26.298, sino que son objeto de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual nuestro país y Venezuela son parte”, sostiene la Fader en su escrito.
FUENTE: Con información de AP
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