Hace ya casi dos años, en febrero 2019, la Asamblea Nacional sancionó el “Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. La continuidad de los usurpadores en el poder y el agotamiento del término de cinco años de los diputados elegidos el 6 de diciembre de 2015, obligaron a introducir cambios indispensables en el Estatuto, ya que por razones de continuidad constitucional, en ausencia de nuevos diputados legítimamente elegidos, los anteriores deben permanecer en el ejercicio de sus funciones para la transición democrática, “el pleno restablecimiento del orden constitucional, el rescate de la soberanía popular a través de elecciones libres y la reversión de la emergencia humanitaria compleja, con el propósito de rescatar el sistema de libertades, garantías constitucionales y los derechos humanos”.

Como preámbulo al hecho histórico del blindaje jurídico para la transición democrática, Venezuela vivió este mes de diciembre dos hechos con un mismo protagonista: el pueblo. Fue el pueblo el que el 6 de diciembre se abstuvo de participar en el anunciado fraude electoral. Fue ese mismo pueblo el que, del 7 al 12 de diciembre, opinó en la Consulta Popular propuesta por la sociedad civil, acogida por el Presidente Guaidó, desafiando la amenaza de más hambre para quienes se expresaran. El glorioso bravo pueblo demostró una vez más que es superior a sus líderes.

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Para los fines de la transición democrática es objetivo fundamental el rescate de la soberanía popular, a través de elecciones libres. En el Estatuto se determinan dos fases, una primera antes del cese de la usurpación, que será ejecutada por el Presidente Encargado, a quien por mandato del Estatuto le compete la organización del nuevo gobierno provisorio y del “Consejo Político”, cuyo Reglamento debe ser dictado por decreto presidencial, dentro de los 30 días continuos a partir del próximo 5 de enero. La segunda fase deberá cumplirse luego del cese de la usurpación, para lo cual será designado un Presidente Temporal, quien conformará un gobierno provisional hasta que el pueblo celebre elecciones libres.

En VenAmérica ratificamos nuestro apoyo a la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015 y al Presidente Encargado Juan Guaidó, de quien aspiramos dé la participación necesaria, en el gobierno provisorio, a la sociedad civil organizada para que, conjuntamente con el cuerpo político de la Asamblea Nacional, contribuya en esta nueva etapa a resolver la grave crisis social y económica de Venezuela, consecuencia del régimen criminal. Igualmente esperamos que el Parlamento cumpla su función de control, sin interferir en las funciones propias del Ejecutivo.

Para el logro de una exitosa labor de transición a la democracia, y tal como el pueblo opinó en la reciente Consulta Popular, es imprescindible “adelantar las gestiones necesarias, ante la comunidad internacional, para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permita rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de crímenes de lesa humanidad”.

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