Entretanto, una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) visualiza que, entre los problemas estructurales en Colombia, la corrupción sería el más grave, seguido por la pobreza, la delincuencia, la clase política y el narcotráfico.
Además, el aumento de la violencia y la disyuntiva de negociar con grupos armados ilegales y la guerrilla del ELN son otros de los temas en la agenda del entrante primer mandatario de los colombianos.
En cuanto al panorama de seguridad, el próximo presidente de la República se va a encontrar con unas disidencias fuertes “con mucho dinero, con capacidad y con armamento”, que le van a ser “muy difícil la vida” en el primer año de Gobierno, según algunos expertos.
Economía y agenda social
Los “fuertes desequilibrios macroeconómicos” y la necesidad de una “vigorosa agenda social” que señalan los expertos, muestran un panorama de incertidumbre que amerita una mayor atención desde la Casa de Nariño.
Colombia enfrenta una de las inflaciones más altas del continente y uno de los déficits fiscales más altos de su historia, debido en gran parte a la recesión derivada de la pandemia.
A esto se suma que Colombia, a juicio de especialistas en el tema, también tiene uno de los peores sistemas de pensiones del mundo, que consume el 25 % del presupuesto anual del Estado, por lo que se sugiere una urgente reforma pensional.
Adicionalmente, lo que las autoridades en la materia denominan ‘pobreza monetaria’, que constituyen personas cuyos hogares tienen ingresos o consumo per cápita inferiores al costo de una canasta total de bienes y servicios mínimos esenciales, escaló a 42,5 %.
De tal manera, el número de pobres pasó del 17,4 a 21 millones y, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), el 70 % de los colombianos está hoy en riesgo de caer en la pobreza.
Violencia
Una de las situaciones más desafiantes que deja el gobierno del presidente Iván Duque, quien sale con una bajísima aceptación popular, es una Colombia signada por la violencia. Para marzo, la aprobación de Duque llegaba a un 23% y su desaprobación era del 73%.
Cifras de las autoridades permiten ver que entre 2019 y 2022 fueron asesinados 835 líderes sociales, así como cientos de excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las FARC.
En consideración del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el gobierno no ha implementado el acuerdo de paz con las FARC “de manera integral” y eso estaría permitiendo el “resurgimiento de la violencia de una forma grave”.
Un informe de Human Rights Watch determinó en 2021 que “muchos” de quienes se sometieron al pacto de paz “están a merced de la violencia”, con “deficientes” mecanismos de protección.
El Comité Internacional de la Cruz Roja concluyó que el año pasado la violencia en territorio colombiano alcanzó su nivel más alto en los últimos cinco años, de cara a una creciente disputa entre grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC y el cártel Clan del Golfo.
¿Acuerdo con el ELN?
El futuro Gobierno tiene frente a sí otro reto relevante para la tranquilidad de los colombianos y es propiciar o no una negociación con el ELN.
Sin duda alguna, este puede ser un gran dilema para el nuevo jefe de Estado, luego de que el saliente presidente Duque suspendió en 2019 los acercamientos con esa organización guerrillera, a raíz de un atentado a una escuela de policía que causó la muerte de 22 personas.
Durante la campaña que termina, ese fue un tema central en los debates y entrevistas a los candidatos. Tanto Petro como Hernández se mostraron abiertos al diálogo con la guerrilla surgida en 1960.
Necesidad de acuerdos
Para S&P Global Ratings, una conocida agencia calificadora de riesgos, las elecciones confirmaron la baja popularidad de los partidos tradicionales en Colombia y la necesidad de afrontar ciertos aspectos muy importantes para mejorar la calidad de vida de los colombianos.
Según esa compañía, el nuevo regente del destino de los colombianos “se verá forzado a buscar acuerdos con fuerzas políticas tradicionales, resultado probablemente en una moderación de las propuestas de gobierno y política económica”.
Un estudio de esa firma comercial identifica como retos una deuda externa significativamente mayor y déficits fiscales mucho más elevados, además de “fuertes presiones de gasto relacionadas con las demandas para fortalecer componentes del gasto social, incluido salud y educación”.
Sin embargo, S&P Global Ratings destacó el recorrido institucional de Colombia, “con una democracia sólida, partidos políticos relativamente fuertes, la separación de poderes, la independencia del Banco de la República”, así como “los pesos y contrapesos existentes” en diferentes frentes.
Relaciones con Venezuela
Petro y Hernández mostraron una fuerte inclinación a mejorar las relaciones con su país vecino, Venezuela, después de tres años de ruptura en el campo diplomático, consular y comercial entre los dos países.
El dictador venezolano, Nicolás Maduro, también ha hecho un guiño al nuevo presidente y ha dicho que “gane quien gane la presidencia en Colombia, queremos paz y cooperación”.
Colombia ha sido receptor de unos dos millones de los seis millones de venezolanos que han emigrado desde 2015. El presidente Duque ha acusado a Maduro de dar refugio a disidentes de la extinta guerrilla de las FARC y a organizaciones vinculadas con el narcotráfico.
La agenda entre Bogotá y Caracas es complicada por cuenta de una porosa frontera común de más de 2.000 km, que millones de venezolanos han cruzado huyendo de la crisis, y en donde se ha denunciado la operación de grupos guerrilleros, paramilitares y del narcotráfico.
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