MIAMI.-Hay muchos espacios donde coincidir en la vida como para creer que un día será una celda ese lugar común donde una mujer y otra tengan que despertar cada mañana, tragar en seco y reiniciar los pasos, la rutina de una cárcel. Es lo que les ha pasado a las manifestantes del 11 y 12J en Cuba desde el momento en que las trasladaron a la prisión de Mujeres de Occidente, popularmente conocida como El Guatao, en La Habana. Algunas de ellas ni siquiera habían estado nunca en el espacio reducido tras una reja, pero eso tampoco las libró de terminar allí, primero a la espera de una sentencia y luego condenadas a penas de hasta 20 años de cárcel. Las acusaban, sobre todo, de “sediciosas”, pero hasta las actas de la Fiscalía reconocen que Katia Beirut, Odet Cruzata, Yaquelín García —por poner tres ejemplos irrefutables— no participaron de acciones violentas de las que se produjeron el 12 de julio de 2022 en el barrio habanero La Güinera, donde, en cambio, los disparos de la Policía alcanzaron a varios vecinos. Si algún “delito” cometieron estas mujeres fue el de salir a la calle, por primera vez, a gritar lo que pensaban: Patria y Vida, Cuba duele, vamos a unirnos, libertad...

Ninguna de estas tres mujeres fue beneficiada con un cambio de medida que implicara salir de prisión para esperar en casa la sentencia del juicio de casación, efectuado en mayo. Han tenido que pasar todo el año en una celda que solo pueden describir con precisión ellas mismas. Una mujer que estuvo también allí, Daniela Rojo, que también es madre y tuvo que poner por delante, exiliándose, el futuro de sus hijos, cuenta que en la prisión Yaquelín consolaba a quien explotaba en llanto, cuenta que limpió la celda con sus manos y un pedazo de toalla vieja a falta de instrumentos, recuerda que ayudaba a conciliar cualquier conflicto y solía pedir que le cantaran canciones románticas. Yaquelín ya no es una muchacha, Daniela insiste en que “la madrina” no está en edad de tirar piedras ni de dar golpes; que, si acaso, dijo unas palabras durante la protesta. Desde que Daniela estaba en prisión (ahora está en el exilio), Yaquelín está esperando ansiosamente que “pase algo”, que alguien revise los casos y la suelten. Nadie sabe el pasado que le espera, dicen. Uno querría ir a consolar a la Yaquelín del pasado y decirle que todo estará bien, pero sería mentirle porque, lo cierto, es que ella sigue presa mientras otras escribimos.

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Lo cierto es que Yaquelín, Katia, Odet, Yurema, Mackyani, Yunaiki… siguen presas mientras nosotras, las otras, escribimos. Lo cierto es que, más allá de La Habana, en Santa Clara, Mercy Daniela y Amanda Dalai vivieron presas y ahora, ambas, están condenadas a cuatro años de privación de libertad. Y así por todo el país, donde las detenciones en relación con las protestas de julio ascendieron, en el caso de las mujeres, a la cifra de 218. Durante las semanas siguientes al estallido, 144 fueron excarceladas, mientras que, de acuerdo con los registros independientes disponibles, 71 siguen detenidas. Estos son los datos de Justicia 11J, grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos, que alertó en un post fechado el 27 de mayo sobre la arbitrariedad en la toma de decisiones para la concesión de cambios de sanciones.

En lugar de hacer efectivo un sobreseimiento en beneficio de los presos y las presas del 11J, el régimen cubano ha liberado de a poco, como quien descompresiona en momentos clave, particularmente cuando el país está en un proceso de revisiones realizadas por órganos de la Naciones Unidas.

Aunque publicaciones en redes sociales apuntan a que les fue modificada la medida cautelar de prisión provisional a las muchachas Mercy Daniela Pichs Martínez y Amanda Dalai Matamoro, para Justicia 11J “es denunciable la conducta de irrespeto y violación de convenciones que velan por las garantías a las mujeres en conflicto con la ley, así como los móviles del Estado, que ha manejado la concesión de sanciones como respuestas a presiones internas y externas, más que a partir de los criterios de imparcialidad y apego a la justicia contenidos en la ley”.

En la descripción del caso de Amanda Dalai como parte del registro de Justicia 11J, se hace constar que la muchacha de 25 años de edad dijo que fue víctima de un intento de violación por parte de cinco policías durante el arresto por manifestarse pacíficamente. El registro indica además que su madre falleció estando ella detenida. Durante los últimos días de mayo, Amanda publicó fotos con su padre e hizo alusión en un post a que se sentía triste porque estaría “preparándose” para “entrar de nuevo a la caliente”, lo que podría significar un regreso a prisión; su sentencia a cuatro años de privación de libertad le fue entregada el 19 de abril y, en la casación, no hay certeza de que haya tenido mejor suerte.

Como observa Justicia 11J, las modificaciones de sentencias durante la casación no son sentencias firmes en tanto no haya sido emitido un documento que dé cierre al proceso penal. Alerta también el grupo que las excarcelaciones relacionadas con posibles modificaciones de sentencias no privativas de libertad no son definitivas, sino temporales. De hecho, la manifestante Lázara Karenia González, quien había sido excarcelada el día 9 de abril a la espera del segundo juicio, volvió a ser internada. “En su caso, no se ha considerado su reciente embarazo cuando se ha ratificado la sentencia de 3 años de trabajo correccional con internamiento”, precisó Justicia 11J. “La situación de Lázara Karenia es particularmente alarmante pues, según sus familiares, todo indica que sería trasladada nuevamente a la prisión, al no existir en Cárdenas un campamento al que pueda ser trasladada, para recibir cuidados mínimamente diferenciados”.

De otro lado, trascendió que en la última quincena fueron excarcelados, por cambio de sanción tras juicio de casación, cinco jóvenes manifestantes de La Güinera, incluida Yurileidys Soler Abad (20 años de edad), cuya sanción anterior era de 15 años de privación de libertad. También resultó excarcelada mediante cambio de medida, Liliana Oropesa Ferrer (20 años de edad), cuya sanción anterior fue de 9 años de privación de libertad.

Sobre ella, decía Daniela Rojo en su testimonio de la celda que compartieron en el Guatao: “Liliana Oropesa Ferrer es una muchachita morenita flaquita, de 20 añitos. Extraña muchísimo a su familia. Llora mucho y cada carta para ella es la visita de un ángel. Está acusada de ‘atentado’, porque aparece en una foto poniendo una botella —entera— en el piso”. Su madre, Lisandra Ferrer, dio declaraciones a este diario en diferentes etapas del proceso. Dice que le explicaron los delitos que supuestamente cometió su hija pero que no entendió mucho. Manda textos a modo de apuntes:

“Están locos pidiendo esas cantidad de años, si ellos [los manifestantes] no mataron a nadie”.

“Hay otros que les piden 30, 20, qué es eso; a la verdad no entiendo nada”.

“Solo Dios va a hacer justicia. Yo se lo dejo en manos de dios. Él es el único que puede salvar esto”

“Ella siempre me está llamando y la verdad que a veces no tengo ni para recargar”.

“Ella está bien dentro de lo que cabe”

“A ella me le echaron 9 años”.

A partir de la consulta al documento de sanción de los manifestantes contenidos en el expediente fiscal 145A, Justicia 11J informó el cambio de sanción a Leoalys de la Caridad Valera, quien tiene 20 años de edad y se encontraba en etapa media de un embarazo durante la realización del juicio. También señaló la modificación de sanciones de 30 a 22 años de privación de libertad de dos manifestantes, y la extensión de modificaciones (en general) hasta los 13 años rebajados. A Leoalys, que había sido sancionada con privación de libertad, se le sustituyó esta pena por la de trabajo correccional sin internamiento, en tanto Karen Vázquez Pérez (41 años de edad), fue sentenciada a 12 años de privación de libertad y luego de la apelación pasó a 7 años.

En los expedientes de la Fiscalía se refieren a ellas, las presas de la Revolución y del partido único que es ponderado como fuerza rectora de la sociedad, como “las acusadas” y describen que madre e hija “se encontraban en su domicilio, cuando advirtieron la algarabía y el escándalo además de los gritos de frases contrarrevolucionarias que se proferían”.

“Así decidieron entonces salir a la calle, se unieron a las personas que se encontraban en la esquina de su vivienda armándose de piedras que entregaron a los acusados y a otras personas, para que fueran lanzadas contra los agentes del orden que conformaban el cordón policial y garantizar así la efectividad en el logro de los fines de perturbar el orden, desafiar a las instituciones y convocar a la violencia que estos se habían propuesto”.

Por lo que se puede leer, estas mujeres no habrían lanzado piedras y sin embargo tuvieron que pasar meses de sus vidas privadas de libertad y, por si fuera poco, la madre tendrá que permanecer en prisión siete años si se mantiene, como hasta ahora, su sentencia. Lo mismo para las demás mujeres que siguen cohabitando calabozos insalubres a casi un año de las protestas masivas del verano pasado.

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