LA HABANA. - En tiempos donde proliferan las ‘fake news’ y absurdas teorías conspiratorias, la dictadura cubana no iba a quedarse atrás. Los astutos operadores políticos del régimen no dan puntada sin hilo.
La puja de poder, camuflada con el ambiguo término de multilateralismo, es una batalla entre la democracia occidental y métodos de gobiernos autoritarios. Las piruetas ideológicas del régimen de La Habana son habituales, siempre que le convengan a los poderes fácticos.
Hace veinte años, en Cuba no se vendían computadoras a la población y cuando la Seguridad del Estado le ocupaba un ordenador a un opositor o un periodista independiente, ese equipo le servía de prueba acusatoria en un tribunal y así poderle aumentar la sanción penal.
Los cubanos éramos ciudadanos de tercera clase. No podíamos alojarnos en hoteles, tener dólares era un delito y para viajar al extranjero se necesitaba un permiso de las autoridades. Entre 2008 y 2018, el régimen castrista aprobó tímidas reformas económicas y eliminó absurdas restricciones por pura necesidad financiera.
Acceso a internet
El 4 de junio de 2013 entraba en vigor una resolución del Ministerio de Comunicaciones que permitía el acceso público a los servicios de internet en 118 salas de navegación en diferentes ciudades del país. Poco después, con la apertura de parques y zonas wifi, un segmento amplio de la ciudadanía comenzó a utilizar las redes sociales como una tribuna en contra del gobierno.
Cada apertura contó con una infraestructura tecnológica y legal destinada a controlar o castigar penalmente si consideraban que afectaba a sus intereses. Pero cuando percibieron que el uso de la telefonía móvil, internet y las redes sociales eran un peligro para el statu quo, aprobaron un grupo de leyes con la intención de intimidar al ciudadano.
Las multitudinarias protestas populares del 11 de julio de 2021 fue un parteaguas. Tomó por sorpresa a la policía política y al propio régimen. Cansada de tanta miseria, la gente no gritó ‘Abajo el bloqueo’. No. Reclamaron libertad y la renuncia del sistema comunista y sus gobernantes.
Ya el 'enemigo' no se limita a los opositores, periodistas independientes y defensores de los derechos humanos. Cualquier persona en una directa en Facebook critica abiertamente la pésima administración de los servicios básicos y al gobernante Díaz-Canel.
‘Influencers’ residentes en Miami como Juan Juan Almeida, Alexander Otaola y Manuel Milanés comenzaron a tener amplia audiencia en Cuba. Los reclamos pasaron del mundo virtual al mundo real. Se multiplicaron las protestas callejeras y frente a instituciones del Estado por causa de los extendidos apagones, escasez de agua potable o falta de medicamentos y alimentos.
Un polvorín
Cuba ahora mismo es un polvorín. Un exoficial de inteligencia lo describe como “un escenario altamente complicado, que en el argot policial se conoce como 'rodeado de gas', porque cualquier suceso puede generar una explosión social. Y el día que eso ocurra en Cuba, los oficiales de contrainteligencia no cuentan con herramientas para frenar o impedir un estallido masivo. La única arma es la represión", explica y añade:
“Los métodos de contención de los operativos de la contrainteligencia cubana van a remolque de las malas estrategias implementadas por el gobierno. Cuando la gente no ve solución a sus múltiples quejas, puede convertirse en escenario potencial de protestas. Por ahora se recurre a infundir miedo en la población y la aprobación de disposiciones que les permite encarcelar a los más contestatarios. Son medidas ejemplarizantes cuyo objetivo es intimidar. Esa lista nacional de supuestos terroristas va en ese sentido. En términos jurídicos, esa resolución no tiene ningún asidero. Es un despropósito legal. Su función es delinear una narrativa que asocia el malestar ciudadano a una trama orquestada por el exilio para cambiar el sistema político. Otro probable objetivo es enviar un mensaje a los disidentes y activistas locales: si recibes recargas telefónicas, ayudas financieras o participas en directas, se te podría abrir un expediente por colaborar y participar en actos que el gobierno considera terroristas”.
El sinsentido
Un abogado habanero considera que esa lista “no tiene pies ni cabeza jurídicamente hablando. No cumple con los preceptos de la Resolución 1373/2001 del Consejo de Seguridad Nacional de Naciones Unidas, en la cual el gobierno alega se basa esa lista y que para empezar incluye cuatro personas fallecidas, entre los que se encuentran Manuel Ramón Cereijo y Sergio González Rosquete. Además de organizaciones como Alfa 66, inactiva desde hace 35 años. Mezclar a Santiago Álvarez, acusado por el gobierno de ser el autor intelectual de ataques con explosivos en varios hoteles de La Habana, con Otaola y Eliecer Ávila, por ejemplo, y acusarlos de terrorismo y de su financiamiento es un galimatías jurídico”.
Según el abogado habanero, esa lista está concebida para el contexto interno. "Es una especie de guillotina dirigida a quienes en Cuba mantienen contactos o son seguidores de esos ‘influencers’, grupos o personas. El régimen ha sido cobarde: si realmente consideran que son víctimas del terrorismo, debieron acusar al gobierno de Estados Unidos. Pero, evidentemente, no quieren cerrar la única puerta que tienen para tratar de negociar y solucionar con la Casa Blanca la crisis sistémica que vive el país”.
Un boomerang
A la dictadura verde olivo, esa lista negra pudiera convertirse en un boomerang, porque Fidel Castro y de Movimiento 26 de Julio (M-26) perpetraron acciones basados en la violencia que en algunos casos pueden ser considerados terrorismo como el secuestro de un avión y atentados con bombas. De acuerdo con un estimado de la prensa de la época, entre 1957 y 1958, los sabotajes a industrias y centrales azucareros causaron pérdidas por un valor de 23.3 millones de dólares, equivalentes a 240 millones en 2023.
En una compilación realizada por DIARIO LAS AMÉRICAS, de 1953 a 1958, el M-26 estuvo involucrado en 138 hechos de violencia o sabotaje que pueden ser considerados terrorismo. En la noche del 10 de noviembre de 1958, cumpliendo órdenes de Fidel Castro, grupos de acción y sabotaje del M-26 hicieron estallar más de treinta bombas en La Habana con el objetivo de impedir que los ciudadanos asistieran a cines, teatros y centros nocturnos. El 1 de diciembre de 1958, Raúl Rolando Rodríguez, Pedro Valdés Orta, Erasmo Aponte, Manuel Fernández Falcón y Edmundo Ponce de León secuestraron un avión Viscount que realizaba el vuelo 496 de Miami a Varadero, pereciendo 17 de los veinte pasajeros, entre ellos tres niños y una mujer embarazada.
El castrismo es una filosofía basada en el uso de la violencia. El gobierno cubano financió y entrenó a grupos extranjeros hoy considerados terroristas. En la Isla residen más de veinte fugitivos de la justicia estadounidense, como Assata Shakur, acusada de asesinar a sangre fría a dos policías en Nueva Jersey en 1973. Desde 1984 vive en Cuba, donde escribió el libro Assata: An Autobiography. El 2 de mayo de 2013, el FBI la volvió a añadir a la lista de terroristas más buscados y aumentó a 2 millones de dólares la recompensa por su captura.
Hoy en día, el gobierno de La Habana no contempla como grupos de terroristas al ELN de Colombia, Hezbolá del Líbano o Hamás en la Franja de Gaza. La lista del terrorismo, real y verificada, por parte de Fidel Castro y su revolución, aún está por hacer.
