miércoles 19  de  junio 2024
INJUSTICIA EN MÉXICO

Llevan ocho meses detenidos por demandar a colegio mexicano

La disputa legal se remonta a un hecho: el colegio ofreció a los padres una Promoción Anticipada para Alumnos con Aptitudes Sobresalientes para su hijo mayor por tener capacidades sobresalientes a nivel académico que no fue debidamente tramitada ante la Secretaría de Educación Pública

CARACAS.-REDACCIÓN

Los esposos venezolanos Antonio Urbina y Coral Rojas tienen ocho meses presos en México por demandar al colegio Westhill Institute de Santa Fe, institución que promovió a tercer grado de primaria a mitad de año, de forma indebida e inconsulta, a su hijo -hoy de 12 años- en el período escolar 2011-2012 sin notificar a la Secretaria de Educación Pública (SEP).

La familia Rojas-Urbina está residenciada en el país azteca desde hace seis años, sin embargo, tienen ocho meses tras las rejas como cualquier delincuente común. Él permanece en el reclusorio Oriente y ella en el de Santa Marta. La pareja logró dos amparos a su favor tras ser contrademandados penalmente por el colegio, pero no ha sido suficiente para retomar la libertad.

La denuncia interpuesta por los padres del menor acusa a la institución de no haber nivelado al alumno académicamente después de haberlo cambiado de grado, sumado a esto el colegio no entregó boletas oficiales de calificaciones a los padres de 2do, 3er ni 4to grados, e incluso llegó a falsificar exámenes para hacerlos pasar por los del niño con el fin de obtener una boleta de 4to que no aparece en los sistemas de control escolar de la SEP, por medio de una dudosa acreditación.

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Antonio José Urbina Romero, que se desempeña como alto ejecutivo de una importante empresa, y su esposa, Coral Rojas, lograron sendos amparos federales contra la demanda, la traba en el proceso se encuentra en que Westhill pertenece al constructor José María Rioboó, quien está casado con la Magistrada Yasmín Esquivel Mossa, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF.

Se pudo conocer que el colegio pidió revisión a ambos amparos, razón por la cual todavía están tras la pareja.

La disputa legal se remonta a un hecho: el colegio ofreció a los padres una Promoción Anticipada para Alumnos con Aptitudes Sobresalientes para su hijo mayor por tener capacidades sobresalientes a nivel académico. Este proceso que publica la SEP como mecanismo para avanzar a niños que se encuentran ya inmersos en el Sistema Educativo Mexicano, toma un año y comprende una variedad de estudios.

Después de año y medio, los representantes se presentaron a la  SEP y se les informó que el colegio nunca solicitó tal promoción para su hijo y que en el sistema de control escolar el niño estaba cursando tercer grado y no cuarto, que era donde el colegio lo tenía físicamente año y medio después de la supuesta promoción.

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Como consecuencia y a manera de presión, el matrimonio dejó de pagar las matrículas escolares. Los representantes del menor decidieron retirar al niño de colegio y lo llevaron a presentar exámenes de admisión en dos colegios privados para quinto grado, pruebas que no son aprobadas por el infante pues, carece de los conocimientos necesarios. Resultado: el niño debió ser inscrito en otro colegio para cuarto grado por ser el grado que le correspondía en edad y conocimiento. Esta acción causó en el alumno una frustración psicológica pues, consideraba que estaba repitiendo.

Ante este panorama, los padres deciden contratar a un abogado y demandan en primera instancia en la vía civil al colegio y a la SEP por la ilegal emisión de la boleta de cuarto con la que le querían cobrar las colegiaturas suspendidas y luego de que en las vías jurídicas les resolvieran que tenían que realizar dos demandas, una por la vía civil al colegio y otra por la vía administrativa a la SEP, establecen una segunda demanda exclusivamente en contra del colegio por la negligencia con la que llevaron el tema educativo de su hijo.

Por su parte, la institución transformó el asunto en un caso penal, encarcelando a los padres para obligarlos a quitar la demanda.

La pareja tiene tres hijos, de 12, 5 y 2 años. Las criaturas están siendo cuidados por la abuela paterna quien tuvo que viajar a Mexico de emergencia en diciembre desde Caracas, Venezuela, para evitar que, con los dos padres presos, los niños terminaran en un asilo u orfelinato. El matrimonio fue detenido el 13 de diciembre mientras hacía compras navideñas.

A la fecha, el petitorio de ambos detenidos es lograr celeridad en la revisión del amparo, que está en el Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, con el objetivo de que los menores puedan reunirse con sus padres. En la web ya se están recogiendo firmas en rechazo al encarcelamiento y a favor de la liberación de ambos. 

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