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@DesdeLaHabana

LA HABANA.- Aunque no es el dueño del edificio, Freddy, un cubano residente en Miami que administra un pequeño negocio de rentar camiones, en seis meses reparó el inmueble construido en 1957 en la barriada de La Víbora, en el sur de La Habana, le puso una cerradura nueva en la puerta de entrada, pintó la fachada, puso luces de contacto en la escalera y en el exterior del edificio. Y si la aduana le permite importarlos, planea instalar paneles solares en la azotea de la edificación.

En teoría, esos arreglos debió ejecutarlos el Estado. Pero nunca lo hizo. Los inquilinos más viejos aseguran que la propietaria del edificio era una gallega de buen carácter llamada Rosara. “Ella también era dueña de una farmacia. En 1960, el Gobierno le quitó sus propiedades, no la indemnizó y se marchó a Estados Unidos”, cuenta Hilda, de 72 años, nacida y criada en el barrio.

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Si damos crédito a la propaganda de la autocracia castrista, a partir del 2 de mayo, cuando entre en vigor el Título III de la Ley Helms-Burton, recientemente firmada en Washington, la dueña o los descendientes de Rosara pudieran reclamar ese edificio de La Víbora y desahuciar a las familias que allí viven. En la TV emiten constantemente un video publicitario haciéndonos creer que a partir de esa fecha, las casas, edificios y escuelas pueden cambiar de propietario.

Osvaldo, chofer de ómnibus, no se traga la historia. “Lo que van es a reclamarle dinero al Gobierno que los expropió y no les dio ni un centavo. ¿Tú crees que van sacar de sus casas al 85 por ciento de los cubanos que son propietarios? Puede suceder cualquier cosa, pero después de 60 años nadie va entregar su casa”.

Lidia, licenciada en Cultura Física, no cree que el antiguo propietario del destruido edificio donde reside vaya a reclamarlo. “Le sale más barato construir uno nuevo. Quienes debieran preocuparse son los altos funcionarios del régimen que hoy viven en mansiones que pertenecieron a la burguesía. A ellos, primero que a nadie, les debe alarmar ese capítulo de Ley Helms-Burton. El resto de los cubanos no tenemos mucho que perder”.

Daniela, abogada, opina “que no es razonable que los antiguos dueños de edificios y viviendas intenten despojar de sus propiedades a los actuales dueños. Es lícito dictar leyes de confiscación, pero siempre respetando la jurisprudencia internacional. Lo que está pendiente de negociar es el pago de las propiedades incautadas después de 1959”.

La historia

En el artículo Confiscación, nacionalización y leyes revolucionarias (Diario de Cuba, octubre de 2015), se aclara que "al producirse el triunfo de la Revolución, uno de los principales reclamos populares fue la instauración de la Constitución de 1940. No obstante, ya desde el propio mes de enero de 1959 comenzaron a introducirse reformas sustanciales a dicho texto constitucional por parte del Gobierno provisional, y de hecho, la más importante fue la que erigió al Consejo de Ministros en poder constituyente. Una de ellas fue la referida a la autorización para confiscar los bienes de las personas naturales o jurídicas responsables de delitos cometidos contra la economía nacional o la hacienda pública durante la tiranía, así como los de Fulgencio Batista y sus colaboradores. Con esta acción, se modificaba el artículo 24 de la Constitución de 1940, que prohibía la confiscación de bienes, y que disponía que nadie podría ser privado de su propiedad, sino por autoridad judicial competente y por causa justificada de utilidad pública o interés social, y siempre previo el pago de la correspondiente indemnización en efectivo, fijada judicialmente".

Recordemos las principales leyes aprobadas por el gobierno revolucionario que justificaron las expropiaciones de bienes en Cuba. En marzo de 1959 se aprobó la Ley 112 de Confiscación de Bienes Malversados, que permitió al Estado confiscar y adjudicarse los bienes de Batista y los políticos depuestos. El 17 de mayo de 1959, la primera ley de Reforma Agraria confiscó todas las propiedades de más de 400 hectáreas de extensión y les entregó las tierras a los campesinos. Una segunda ley de reforma agraria se dictó el 3 de octubre de 1961 y permitió al Gobierno apropiarse de las fincas mayores de 67 hectáreas de extensión, pues según las autoridades, obstruían la producción de alimentos para la población.

El 6 de julio de 1960, la Ley 851 autorizaba al presidente y primer ministro a la expropiación forzosa de los bienes y empresas propiedad de personas naturales o jurídicas de Estados Unidos o de las empresas en que tuvieran participación. Al amparo de esta ley, se dictó la Resolución No. 1 del 6 de agosto de 1960, mediante la cual se dispuso la nacionalización de las empresas estadounidenses y un mes después, el 17 de septiembre de 1960, quedaron nacionalizados los bancos de Estados Unidos que operaban en Cuba. Sobre las indemnizaciones a los afectados por la Ley 851 de 1960, se dispuso que se pagara en bonos de la república emitidos al efecto.

El 13 de octubre de 1960 fueron nacionalizadas las principales industrias de capital nacional, 376 en total, pertenecientes a las industrias azucarera, portuaria, ferroviaria, química, metalúrgica, alimentación, jabonería y perfumería y construcción, entre otras. El 14 de octubre de 1960 fue promulgada la Ley de Reforma Urbana, que convertía a los arrendatarios de las viviendas en futuros propietarios, mediante la amortización del precio del inmueble con las cantidades pagadas al mes en concepto de alquiler. A mediados de la década de 1960, Fidel Castro acabó con la libertad de prensa en Cuba, al pasar todos los medios de comunicación (60 diarios, una veintena de canales de televisión y 106 estaciones de radio) a ser dirigidos y controlados por los ideólogos del partido comunista. El 6 de junio de 1961 entraba en vigor la Ley de Nacionalización de la Enseñanza, que suprimió la educación privada. Todas las escuelas religiosas y los centros privados que impartían clases de primaria, secundaria, bachillerato y universidad pasaron a manos del Estado.

La Ley 989 de 1961 dispuso que los bienes e inmuebles de los ciudadanos que viajaran al extranjero y no regresaran dentro del término establecido fueran confiscados por el Estado. El 6 de diciembre de 1962, la Ley 1076 nacionalizaba las empresas dedicadas a textiles, ropa, calzado y ferretería, no incluidas en la ley del 13 de octubre de 1960. El mazazo final vendría el 13 de marzo de 1968, con la llamada “ofensiva revolucionaria”, cuando fueron confiscados 11.878 bodegas, 8.101 establecimientos de comida, 3.130 carnicerías, 3.198 bares, 6.653 lavanderías, 3.643 barberías, 1.188 reparadoras de calzado, 4.544 talleres de mecánica automotriz, 1.598 talleres de artesanía y 3.345 carpinterías.

Las opiniones

Enrique, piloto jubilado, está en desacuerdo con el mal desempeño económico del régimen, pero considera que "el bloqueo interno a los ciudadanos es peor y más dañino que el ‘bloqueo’ [embargo] de los americanos. Eso sí, mi casa no me la quita nadie. Que el gobierno compense a los antiguos propietarios, pero hasta ahí. Está gente [régimen] debe extrañar a Obama. Si hubieran trabajado seriamente con él y derribado muros, hoy la situación fuera otra. Durante el mandato de Obama se la pasaban quejándose. Y llegó Trump…, ahora pesa más el odio a los Castro que la lucidez”, opinó.

El presidente Trump, el senador Marco Rubio y el asesor de Seguridad Nacional John Bolton se han vuelto impopulares a los ojos de algunos en La Habana, tras el anuncio de las más recientes medidas de EEUU hacia Cuba, aunque la gente reconoce que el actual estado de cosas es más por deficiencias del régimen que por culpa del embargo.

Una economía que hace agua, bajos salarios, altos precios en las tiendas por divisas y excesivos impuestos a los emprendedores privados, dejan en evidencia a los gobernantes cubanos.

Migdalia, maestra, recibe 200 dólares mensuales de un hijo residente en Nueva York. No está de acuerdo con las políticas del régimen, en voz alta critica los pésimos servicios públicos y las cíclicas crisis económicas. “Por menos que eso, el Gobierno de cualquier país dimite. Yo quiero vivir en democracia y tener mejor calidad de vida, pero no me voy a tirar a la calle para conseguirlo. El Estado quiere que votes en elecciones que no resuelven nada y en Miami, algunos pretenden que protestemos en las calles”, comentó.

Parece que ha pasado mucho tiempo desde aquel mediodía del 17 de diciembre de 2014, cuando el presidente Obama y el dictador Castro pactaron una tregua e izaron bandera blanca para la Guerra Fría entre los dos países. Cinco años después, algunos afirman que el régimen de La Habana y la actual administración estadounidense parecen regresar al pasado: Washington intenta presionar a La Habana para que deje de influir en Venezuela y apueste por la democracia, y el castrismo retorna a la manida estrategia de atrincherarse en el poder a golpe de propaganda antiimperialista, su hábitat natural.

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