Los despidos laborales como "herramienta de represión"

El doctor Manuel Guerra fue expulsado del Hospital Nicodemus Regalado León, en Holguín, y el ingeniero David Alejandro Martínez Espinosa, separado de su puesto de profesor en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Su "delito": apoyar la convocatoria a la marcha cívica convocada para 15 de noviembre. Solo dos nombres para ilustrar un mecanismo que ha afectado a muchos durante décadas.

En un informe titulado “En una prisión mental”, Amnistía Internacional (AI) denunció: El gobierno de Cuba usa el control absoluto que tiene sobre el mercado de trabajo como “herramienta de represión”, con el fin de “silenciar” a aquellos que son considerados críticos con las autoridades y subrayó que el férreo control sobre el mercado de trabajo ha permitido al gobierno cubano recurrir a “despidos discriminatorios e indebidos” en el sector público y al acoso en el sector privado para sofocar cualquier crítica. Y no es del 2021, sino del período 2017-2018, cuando aún no había sucedido el 27N, el 11J o el 15N.

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, aseveró en su momento: “Muchas personas en Cuba se sienten asfixiadas por unos mecanismos de control estatales sobre su vida cotidiana. Parte de ese control es: si quieres mantener un empleo, tienes que estar de acuerdo con todo lo que diga el gobierno".

Una consulta jurídica realizada por Diario de Cuba arroja que este tipo de despidos por razones ideológicas violan enunciados del Código de Trabajo cubano: Artículo 2 a) el trabajo es un derecho y un deber social del ciudadano y los ingresos que por él se obtienen son la vía fundamental para contribuir al desarrollo de la sociedad y a la satisfacción de sus necesidades personales y familiares; y b) igualdad en el trabajo; todo ciudadano en condiciones de trabajar tiene derecho a obtener un empleo atendiendo a las exigencias de la economía y a su elección, tanto en el sector estatal como no estatal; sin discriminación por el color de la piel, género, creencias religiosas, orientación sexual, origen territorial, discapacidad y cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana.

Es una realidad que un individuo despedido en Cuba es una condena prácticamente vitalicia pues le resulta imposible encontrar otro trabajo en el sector estatal, lo cual lo obliga a ganarse la vida en el sector cuentapropista o el mercado negro y queda expuesto a futuras sanciones basadas en la maquiavélica ley de peligrosidad predelictiva.

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) es el único sindicato oficialmente reconocido adscrito a la dictadura y no brinda apoyo alguno, todo lo contrario. Entretanto, algunos sindicatos independientes “siguen sufriendo acoso. intimidación y criminalización”.

La Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) denunció en fecha reciente que el cubano Humberto Bello Lafita fue condenado a un año de cárcel por manifestarse pacíficamente el 15 de noviembre. El sindicalista independiente fue arrestado al salir de su casa en el municipio de Centro Habana en la capital y trasladado al centro de detenciones. Luego víctima de esta sentencia amañada por las dependencias totalitarias de "justicia".

La Seguridad del Estado advirtió al exprisionero político Iván Hernández Carrillo, presidente del Centro Cubano de Derechos Humanos y secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, que se le iniciaría un proceso investigativo por recopilar información sobre los manifestantes del 11 de julio encarcelados.

“Me amenazaron con que no me permitirían más reuniones con sindicalistas de La Habana”, dijo en declaraciones Hernández Carrillo.

DIARIO LAS AMERICAS contactó en Matanzas, Cuba, con un estudiante universitario de Economía (Protegemos su identidad): "No es en los trabajos [solamente], también en la Universidad, tienes que dejarte llevar por la corriente, aunque no estés de acuerdo porque se pasan la vida amenazando. Proyectarse en contra del gobierno o mostrar descontento puede costarte la carrera", dijo.

En 2017, la estudiante de periodismo cubana Karla María Pérez González fue expulsada de la Universidad Central de Las Villas (UCLV) Marta Abreu, después de ser hostigada de forma constante por la Seguridad del Estado debido a sus declaraciones en blogs independientes.

"Me expulsaron por no comulgar con las ideas comunistas", denunció entonces.

Los centros estudiantiles son una antesala intimidatoria de lo que será el escenario laboral para los cubanos. Numerosas organizaciones internacionales han realizado llamados al régimen castrista para cesar las leyes y prácticas penales incompatibles con los derechos humanos y las normas internacionales.

El despido como "herramienta de represión" para silenciar a los críticos revela la verdadera naturaleza del sistema cubano. Trabajadores y estudiantes víctimas de atropellos, sin plataformas de denuncias o indemnización dejados a la deriva.

La situación se complica aun más si las personas ejercen el activismo o el periodismo independiente. En un informe especial sobre libertad de expresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo: "Las represalias como despidos tienen un impacto grave en la situación de precariedad (que vive en la isla) y en algunos casos, aislamiento que viven los periodistas".