El abogado Miguel Ángel Martín asegura que comenzó el tiempo de hablar de justicia transicional para lograr la paz sostenible y sanciones a los transgresores
MIAMI. - La justicia transicional que abolió el apartheid y la impunidad en Suráfrica en 1990 y que tiene por finalidad la reconciliación es uno de los temas medulares para el que los venezolanos deben estar preparados, luego de las elecciones de julio próximo y cuando se logre restituir la institucionalidad.
Es así como el abogado Miguel Ángel Martín, especialista en derecho internacional y procesos de transición, desea lo entienda Venezuela, sumida en profundo conflicto político similar a una posguerra.
¿Pero la justicia de transición que implica rendición de cuentas, hacer justicia y reconciliación es posible en Venezuela?
Todo el mundo coincide dentro del chavismo y oposición en que el gobierno de Maduro está en fase terminal, porque perdieron su relación con el país, con la gente. Si tenemos unas elecciones donde se cumplan las condiciones y el pueblo tome libremente su decisión, Maduro no debería ganar y eso significaría un cambio de gobierno, e independientemente de lo que ocurra en las elecciones y que deseamos sea lo mejor para el país y regrese la democracia, debemos plantear el tema, conversarlo y resolverlo.
¿Es posible en la Venezuela actual?
Entendemos las dificultades, tenemos un adversario complicado que no actúa de manera democrática, y es importante que, al producirse un cambio de gobierno, que es lo que todos aspiramos, se comiencen a tratar los temas necesarios para que haya una reconciliación del país. Si escuchas a la mayoría de los candidatos, hablan de reconciliación, de paz, de bajar el conflicto y resolver los conflictos económicos, pero tenemos que recordar lo que ha ocurrido: asesinatos, desaparición forzada, torturas, presos, familias, tiene que haber una justicia que resuelva ese tema, y esto no puede resolverlo el aparato judicial que opera en el país porque nadie cree en ello, y tampoco esas personas están preparadas para tomar esas decisiones de esta naturaleza.
¿De dónde debe partir una justicia transicional?
La transición debe ser un tema donde la ciudadanía participe en el diseño y en la toma de decisiones. Hay varios mecanismos que se pueden instrumentar y que en el caso venezolano se instauró en dos oportunidades, fallidamente, pero una comisión de la verdad debe ser única y exclusivamente para investigar casos de violaciones de derechos humanos y determinar el estatus de cada caso y hacer las recomendaciones. La justicia transicional plantea otro tema importante como es el de los jueces: los actuales no pueden formar parte de una justicia restauradora, cuando el mismo sistema judicial ha sido responsable de eso.
-Cuando las violaciones han sido masivas, el conflicto se ha generalizado y se ha agudizado el resentimiento, no se ve fácil una reconciliación, ¿cómo debe enfocarse la justicia transicional para conducirla con éxito?
Si lo hacen los actores políticos que forman parte del problema corremos el riesgo de que no hagamos una justicia de verdad. Debemos enfocarnos en varias cosas: primero, la ciudadanía, la sociedad civil organizada integrada por profesores, academias, estudiantes, sindicatos, empresarios, organizaciones religiosas y autoridades; segundo, la finalidad, el propósito de la justicia, y eso hay que estudiarlo, tiene que estar dirigido a resarcir el daño a las víctimas y a sus familias; se trata no solo de castigar; si no involucramos a las personas afectadas y reparamos su daño, estamos enviando un gran mensaje positivo a la sociedad y al mundo. Si queremos una justicia restauradora y dirigida a las víctimas, tenemos que crear unos tribunales excepcionales que manejen esos temas graves de derechos humanos y de lesa humanidad.
- ¿Con qué personal en una sociedad en la que afloran la venganza y revanchismo?
Las personas que deben intervenir en la justicia transicional no pueden estar ligadas a partidos políticos que forman parte del problema, sino que tengan un perfil determinado, una alta moralidad y que sean expertas en la materia de derechos humanos, derecho penal e internacional. Necesitamos gente con pericia y que no tenga vinculación política. Aquí se han cometido atropellos desde la política, con actores del gobierno y de personas en la oposición, sobre todo en casos de corrupción grave.
¿Cómo quedarían los casos de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI)?
Por supuesto, no puede dejarse de lado la impunidad en los delitos de lesa humanidad y violaciones graves de derechos humanos, estos tienen que ser investigados formalmente. Colombia durante 30 años tuvo juicios abiertos en la CPI por el tema de las FARC y hace años se llegó un acuerdo con Duque y se cerraron investigaciones porque había una justicia de paz que se había conformado. Eso es lo que se llama el principio de complementariedad. Si en Venezuela llegamos a construir un sistema de justicia de transición para resolver los casos graves, la CPI tendría que cerrar los casos, pues no puede haber doble justicia. Incluso, eso hasta le conviene al chavismo porque la CPI funcionaría como complementariedad en un país se hace justicia. Además, necesitamos una legislación especial para crear la justicia especial.
Una justicia transicional necesita convicción de la otra parte, pero además el parlamento que escoge al resto de poderes tiene elecciones en 2025.
Este tema exige enviarles un mensaje claro al chavismo que no ha cometido delito, a las personas que nada tienen que ver con violaciones ni delitos de lesa humanidad; a ellos les conviene una justicia transicional en ese sentido. Con un presidente demócrata este debería entender el clima del país y el momento necesario para promover una transición dentro de elementos que implican la justicia. No significa que es su papel, sino que todos los venezolanos debemos construirlo con la llegada de la democracia.
Ha señalado que ha habido procesos en su mayoría controlados por estructuras de poder y así estos dejan de ser herramienta de paz y se convierte en instrumento de manipulación ¿Cómo prevenir que esto ocurra?
Si le dejamos los temas de transición a los actores políticos, nonos va a ir bien, porque a ellos lo que les importa es el control del poder y pueden tapar la paz con un acuerdo de comisiones que no llegan a ningún lado. Los venezolanos nos debemos una reparación de los daños a las víctimas y por supuesto, la sanción a los transgresores. El presidente podría acudir a un indulto, pero es que hasta el concepto de perdón es para alguien que verdaderamente está arrepentido. También hay amnistías políticas, pero ¡cuidado! puede haberlas en el país solamente para cesar el conflicto político, y las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y de delitos de lesa humanidad tienen derecho a que se imparta justicia.
La amnistía es competencia del parlamento y está en manos del chavismo
Pero lo puede promover el presidente, la ciudadanía. El centro nuclear de la justicia de transición es que esto no puede estar en manos de los actores políticos que son parte del problema, tiene que intervenir la sociedad civil organizada.
¿Cómo dejar de lado a los actores políticos si la transición hacia la reconciliación forma parte de una negociación política?
-No es nada fácil, porque los actores políticos siempre van a estar y precisamente hay que hacerles entender que no les corresponde a ellos únicamente, sino que esto debe estar liderado por ciudadanos, por la sociedad civil organizada. Y las víctimas deben formar parte. Una investigación de los casos no lo puede hacer el gobierno saliente, ni el Ministerio Público que forma parte del actual cuadro represor en Venezuela. Por eso es necesario cambiar las estructuras del poder a partir de la participación ciudadana, con un acuerdo de gobernanza, obviamente cuando se produzca un cambio político en Venezuela. A partir de entonces, comenzaría a trabajarse en un proceso de garantías.
-¿Ve posibles la reconciliación y la paz sostenibles?
-Los venezolanos no queremos odio, queremos desarrollo, país y justicia.
FUENTE: Entrevista a Miguel Ángel Martín, abogado especialista en derecho internacional
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