CARACAS.- Violación de los Derechos H umanos y corrupción institucionalizada. Así puede resumirse los más recientes días del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Las consecuencias del escándalo de corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA), por la pérdida estimada de 3.600 millones de dólares, coincidió con la presentación del informe verbal de la Comisión Independiente de Determinación de los Hechos sobre el país, en el marco de la sesión número 52 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Marta Valiñas, presidenta de la misión, explicó que “las violaciones graves de los Derechos Humanos (DDHH) y los delitos que se describieron en los informes anteriores, así como la ausencia de investigación y sanción a los autores que la misión identificó, parecen haber producido un efecto inhibidor de la protesta que ha conseguido atemorizar a la población civil y desmovilizar a la disidencia política.
Mientras tanto, miles de personas continúan huyendo del país en uno de los mayores éxodos migratorios de la historia reciente.
Valiñas informó que “continúan produciéndose graves violaciones de DDHH en Venezuela. Entre ellas se cuenta la detención de personas opositoras o consideradas como tales, según estimaciones de la sociedad civil, 282 personas civiles y militares permanecen detenidas por causas o motivos políticos, y se verifican nuevas detenciones de carácter selectivo. La Misión continúa recibiendo denuncias de amenazas y represalias contra las personas detenidas y sus familiares, así como de dificultades para acceder a alimentos y tratamiento médico, restricciones al acceso de familiares y abogados y constantes violaciones del derecho al debido proceso".
Valiñas recordó en su intervención que “en la resolución 51/29 el Consejo expresó su preocupación por las restricciones del espacio cívico y democrático. La Misión se hace eco de esta preocupación y ha decidido priorizar este tema como parte de las investigaciones bajo su tercer mandato. En años recientes, tras la disminución de las protestas masivas, la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil percibidos como opositores al gobierno. Persisten y en algunos casos han aumentado los ataques contra organizaciones y personas defensoras de DDHH, sindicalistas, periodistas, personal humanitario y otros actores de la sociedad civil organizada, así como a líderes políticos. El director de la ONG FundaRedes, Javier Tarazona, permanece detenido desde julio de 2021 en la sede del SEBIN en El Helicoide (en Caracas) tras haber denunciado a un alto funcionario del gobierno ante el Ministerio”
Además, alertó que, durante el último año, “se han recrudecido los ataques contra los medios de comunicación. Solo en septiembre, los medios de comunicación reportaron la clausura administrativa de 19 estaciones de radio en Táchira, y otras 31 en Zulia. Según la ONG Espacio Público, en 2022 el gobierno ordenó el cierre de al menos 80 radios, el mayor número de clausuras de este medio de difusión en las últimas dos décadas. La Misión registra con especial preocupación los ataques contra periodistas y personas comunicadoras", entre ellas, Roland Carreño. Mencionó su retardo procesal y otras irregularidades.
Adicionalmente explicó que, en sus informes, “la Misión concluyó motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad, incluyendo torturas y otros malos tratos en centros de detención de los servicios de inteligencia civil y militar. La prueba recibida sustentó con motivos razonables para creer que individuos que trabajaron y continúan trabajando en los servicios de inteligencia, así como autoridades de alto nivel, podrían tener responsabilidad penal por estos crímenes. La Misión ha recomendado que estas personas sean investigadas y enjuiciadas de forma genuina y recuerda que, conforme a las normas y la jurisprudencia internacionales, los crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones de los DDHH no prescriben y no pueden ser amnistiados. En este sentido, los procesos ante la CPI representan un avance sustancial para asegurar una rendición de cuentas en Venezuela".
Maduro se defiende
La presentación de Valiñas fue rechazada por el representante de Maduro ante la ONU, Samuel Moncada, quien argumentó que el organismo internacional “es parte de la estrategia diseñada por los EEUU, sus aliados de la Unión Europea, algunos pocos países de mi región, que reniegan de su identidad y prefieren agredir en vez de cooperar".
Según Moncada “tan obvia es la intención que moviliza a esta pseudo Misión, que los costosos informes que se elaboran contra mi país en el marco de este mandato son inicialmente presentados en premeditadas ruedas de prensa a las corporaciones mediáticas transnacionales, incluso antes de ser presentadas en este Consejo, lo cual no dejaremos de condenar como una práctica errada que menoscaba el verdadero tratamiento de los DDHH".
Respuesta a Maduro
Francisco Cox, integrante de la misión, respondió a los señalamientos de Moncada: “No vemos apertura, sin duda vemos que hay una cooperación con la Oficina del Alto Comisionado que celebramos, pero nos gustaría recibir un trato similar para poder documentar y que después no se diga que nuestros informes no son legítimos porque no podemos entrar al terreno. Nada de esto hace que nuestras conclusiones sean menos sólidas. Tenemos información con documentación y con entrevistas de personas en lugares que han salido o incluso que permanecen dentro de Venezuela".
Luego añadió: “Es desalentador escuchar, en un foro como el Consejo de DDHH, erigir la no interferencia, la soberanía nacional como argumento para evitar la fiscalización y la vigencia de los DDHH. Como chileno me recordó la estrategia que utilizaba el dictador Pinochet para evitar el escrutinio de la comunidad internacional".
