Operativo policial del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Venezuela.
Diputada Elimar Díaz/ vía TwitterCARACAS.- Las ONG Provea y Alerta Venezuela denunciaron que en lo que va del mes de julio siete defensores de DDHH han sido detenidos "arbitrariamente" por las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, en lo que han denominado una nueva "ola de detenciones selectivas" en contra de trabajadores, activistas sociales y dirigentes de la oposición.
"En Venezuela se han documentado innumerables casos de violaciones a los derechos laborales como despidos injustificados, detenciones arbitrarias, retenciones indebidas de salarios, prohibición de ingreso a las entidades de trabajo, ya sea por ejercer la actividad sindical, por motivos políticos o exigir el cumplimiento de las garantías laborales, lo que se traduce en una política gubernamental aplicada para neutralizar a la disidencia trabajadora”, reveló Alerta Venezuela en un comunicado.
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informó el sábado que un tribunal con competencia en terrorismo declaró “con lugar” una solicitud de privativa de libertad contra el trabajador humanitario y dirigente sindical Gabriel Blanco, el activista Néstor Astudillo y “tres personas más”, informó La Patilla.
La detención de Blanco ocurrió el 7 de julio cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lo interceptaron en las inmediaciones de su vivienda y, sin presentar “ningún documento” u orden de aprehensión, le solicitaron acudir a la sede del organismo para una “entrevista”.
Posteriormente, se conoció que le fueron imputados los supuestos delitos de terrorismo y asociación para delinquir.
Previamente, habían sido detenidos los dirigentes sindicales Alcides Bracho y Emilio Negrín. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) se presentaron en sus viviendas sin orden judicial, ni ningún otro documento que acreditara la realización de una investigación en su contra, informó Provea.
Para Kelvi Zambrano, integrante de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, estos hechos demuestran que en Venezuela "se criminaliza la protesta" a través de una política orientada a los dirigentes sindicales.
FUENTE: LA PATILLA
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