CARACAS.- Los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de la Guardia y de la Policía Nacional vuelven a llenarse de dirigentes y simpatizantes opositores, gracias a la última arremetida policial y judicial que el Gobierno ha lanzado contra la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por su decisión de organizar la llamada "Toma de Caracas", para exigir la celebración del referendo revocatorio este año. La embestida se ha saldado, hasta ahora, con más de 155 detenciones y pareciera que la cifra continuará creciendo.

Los números pertenecen al Foro Penal Venezolano (FPV), organización que viene monitoreando todas las denuncias de aprehensiones que se vienen produciendo desde el pasado 25 de agosto, cuando efectivos militares se apersonaron en el despacho de Warner Jiménez, alcalde de la localidad petrolera de Maturín, ubicada a unos 500 kilómetros al suerte de la capital venezolana, con una orden para privarlo de libertad.

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Desde la agrupación aseveran que la mayoría de los detenidos ya se encuentran en libertad, bien sea porque algunos ni siquiera fueron presentados ante jueces y fiscales y porque a otros esos funcionarios decidieron devolverlos a las calles aunque con procedimientos abiertos. Sin embargo, advirtieron que al menos 37 venezolanos permanecían tras las rejas, número que pudo variar en las últimas horas con la ratificación de privativa de libertad para el director de Seguimiento de la Presidencia de la Asamblea Nacional, Alejandro Puglia, detenido luego de la marcha del jueves por violar la prohibición de utilizar drones.

Pero Puglia no es el único que desfiló por los pasillos del Palacio de Justicia de Caracas, lo mismo deberán hacer los 23 jóvenes que fueron detenidos luego de que la marcha concluyera por tratar de cerrar la autopista Francisco Fajardo, la principal vía de la capital venezolana; y enfrentarse con agentes de la ley.

Para Gonzalo Himiob, directivo del Foro, esta embestida contra la oposición persigue un objetivo claro: Intimidar al liderazgo de la MUD.

"A diferencia de otras arremetidas del Gobierno contra la oposición esta parece ir destinada a desarticular a la dirigencia para evitar que siga movilizando a la gente", afirmó el penalista, quien agregó: "En anteriores ocasiones se arrestaba y perseguía a las personas para atemorizar a otros ciudadanos a participar en determinadas actividades contra el Gobierno, sin embargo ahora el objetivo son los encargados de organizar de esas actividades contra el Ejecutivo".

Una revisión de los casos parece dar la razón a Himiob, pues mientras el sábado el Tribunal 21 de Control de Caracas acordó mantener detenido preventivamente a Yon Goicoechea, el dirigente de Voluntad Popular aprehendido el lunes en Caracas con supuestamente elementos para fabricar explosivos, el viernes un juzgado de Anzoátegui, al oriente del país, decidió dejar en libertad condicional a siete de los once jóvenes militantes de Primero Justicia que el martes fueron detenidos por la Guardia Nacional cuando venían caminando hacia la capital venezolana para participar en la "Toma de Caracas". Los otros cuatro chicos, todos menores de edad, fueron dejados en libertad plena.

Voluntad Popular, el principal objetivo

El partido fundado por el encarcelado Leopoldo López ha sido el principal blanco de la ofensiva gubernamental, pues ha visto como tres de sus dirigentes han terminado tras las rejas, comenzando por el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien el 26 de agosto fue sacado por agentes del Sebin de la casa donde cumplía arresto domiciliario desde hace un año y llevado a una cárcel común con la excusa de que planificaba huir.

Horas después fue el turno de Goicoechea y por último de Delson Guarate, el alcalde de la localidad aragüeña de El Limón, a unos 150 kilómetros al oeste de Caracas, quien fue detenido el viernes señalado de pretender orquestar hechos violentos.

Asimismo otros dos dirigentes del partido de López, el Alcalde de Maturín y el diputado regional del Zulia, Lester Toledo, se encuentran en estos momentos siendo buscados por los organismos de seguridad.

Por opinar e informar

El ejercicio de la libertad de expresión también ha sido objetivo de la arremetida gubernamental. Los días previos a las movilizaciones opositoras las autoridades impidieron que equipos de las cadenas de televisión CNN en español y Al Jazeera y del diario estadounidense Miami Herald pudieran ingresar en el país para poder darle cobertura.

La organización Espacio Público contabilizó en total 20 violaciones al derecho a la libre expresión relacionadas con la jornada de protesta del 1 de septiembre. Sin embargo, a estas habría que agregarle la treintena de detenciones que se habrían producido en la noche del viernes 2 de septiembre en la localidad de Villa Rosa, en la turística isla de Margarita, donde esa noche un grupo de vecinos caceroleó al presidente Nicolás Maduro, quien realizaba una entrega de viviendas refaccionadas.

Horas después el abogado Braulio Jatar, director del sitio web Reporte Confidencial y conductor de un programa radial en la isla, fue detenido por informar sobre la protesta contra el mandatario. De esta aprehensión, como de las demás, el Ministerio Público no dio ninguna información.

Desde el despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz justificaron este silencio en que ellos no están al tanto de esta arremetida. "Nos enteramos de las detenciones por los medios o por las redes sociales", admitió un informante, el cual agregó: "No sabemos que tiene el Sebin contra estas personas, es más en buena parte de los casos no hay nada y por eso la gente termina en libertad".

Sin embargo, la decisión de la oposición volver a las calles con protestas ante el Consejo Nacional Electoral da pie para pensar que la arremetida continuará, pese a que el presidente Maduro ya dio por desarticulado el supuesto plan para derrocarlo. "La victoria es nuestra, así lo proclamo. La victoria es del pueblo, la paz y la revolución (...) El pueblo evitó el golpe de Estado de hoy y la emboscada violenta, fascista que he denunciado", dijo el jueves.

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