LA HABANA. Dentro de doce meses, los sueldos seguirán siendo una broma de mal gusto en Cuba. Se mantendrá la inflación depredadora que provoca la doble moneda. Aumentará el desabastecimiento de alimentos en los mercados estatales. El transporte público se agravará. Las calles continuarán con la necesidad de ser asfaltadas. Se agravarán los salideros de agua. Miles de edificios multifamiliares, destrozados y sin pintar sus fachadas, correrán el riesgo de derrumbarse.
Si en Venezuela cae el dictador Nicolás Maduro, en Cuba habrá apagones programados. Disminuirá el combustible. El precio de la comida se disparará. El Estado continuará viendo como delincuentes a los emprendedores privados que ganen mucho dinero. Si una persona necesita hacerse un chequeo médico, tendrá que sobornar con regalos a los médicos. El déficit de medicamentos en las farmacias será alarmante. Y los trabajadores del Estado tendrán tres opciones durante sus vacaciones: ver la tele en casa, ir a la playa o jugar dominó: los hoteles destinados a turistas no estarán al alcance de sus bolsillos.
Con el vergonzoso salario que paga el Gobierno, los cubanos que votaron Sí no podrán comprarse muebles de calidad, electrodomésticos modernos o un televisor de cincuenta pulgadas. Tampoco un aire acondicionado para escapar del calor tropical, almorzar en una paladar por el cumpleaños de un hijo o un aniversario de bodas.
Las familias tendrán que seguir recurriendo a parientes y amigos en el extranjero -los antiguos gusanos-, para que ellos les sigan enviando medicinas, ropa, calzado o un teléfono inteligente que les permita acceder más rápido a la red. Y pedirles de favor que les recarguen la cuenta mensual de su celular o de internet.
En 2020, en el plano de la microeconomía, las cosas en Cuba seguirán igual o peor.
La nueva Constitución no permite que los cubanos inviertan en su país ni que los residentes en el exterior puedan aspirar a un cargo público. La autocracia verde olivo seguirá cobrando un impuesto de lujo por los pasaportes de los compatriotas que viven en el extranjero deseen visitar a los suyos en la Isla. Y mantendrá su política de Apartheid, al imponer que los profesionales que se quedan en otros países, tengan que esperar ocho años para entrar a su patria.
Las producciones de azúcar, arroz y papas, entre otras, seguirán cuesta abajo. La carne de res, el pescado y los mariscos continuarán siendo platos exóticos, prohibidos para la mayoría de la población. ¿Qué tendremos entonces? Más de lo mismo. Viviendas sin construir, calles por asfaltar, bodegas y agromercados vacíos... Sueños rotos, anhelos sin cumplir. El futuro seguirá siendo una mala palabra. Pero si algo abundará serán las promesas y consignas oficiales.
La futura Carta Magna no garantiza prosperidad, libertad económica ni democracia. Es un texto jurídico que afianza de por vida el ineficaz sistema instaurado por Fidel Castro. Un castigo. Aunque el neocastrismo tal vez intente lavarse la cara autorizando el matrimonio entre homosexuales o redactando un código de familia acorde con los nuevos tiempos.
Ese lavado de rostro no impediría que la pobreza se generalice y que dos comidas calientes al día sigan siendo un lujo para un alto porcentaje de las familias cubanas. Los servicios públicos seguirían siendo caóticos. Mientras la corrupción, el robo, el descontrol y la burocracia continuarán echando raíces de un extremo a otro del territorio insular.
La llamada 'victoria abrumadora' del Sí tiene más de una lectura. La respuesta ciudadana al manicomio económico nacional se ha ido manifestando lentamente. En 2003, el 6,13% de los electores dejaron la boleta en blanco o la anularon. En 2017, la cifra ascendió a 21,12% y en el referendo constitucional del 24 de febrero de 2019, la cifra informada fue del 26,69%.
Pero los gobiernos totalitarios dejan muy poco margen al error. Los partidarios del NO y del abstencionismo, no pudieron hacer campaña en los medios estatales y nunca tuvieron un espacio público donde presentar y defender sus posiciones. Todo lo contrario. Recibieron patadas, bofetones, represión. En esas condiciones, a pesar de las trampas y presuntos fraudes, que casi dos millones y medio de cubanos residentes en la Isla, abiertamente no respaldaran o tuvieran dudas sobre la nueva Constitución, se puede considerar como una victoria política.
El Partido Comunista de Cuba "cuenta con unos 720.000 militantes y la Unión de Jóvenes Comunistas con unos 450.000, pero Cuba tiene 11,2 millones de habitantes. Nueve de cada diez cubanos no son comunistas, en una nación comunista", se afirmaba en La dictadura elitista del PCC (Diario de Cuba, febrero de 2016). Si tenemos en cuenta esos datos, los casi dos millones y medio de personas que votaron NO, dejaron las boletas en blanco, las anularon o no fueron a votar, representan una cantidad superior al total de militantes de las dos únicas organizaciones políticas autorizadas en el país.
No hace falta consenso entre los ‘desafectos’, para por ejemplo, recoger 50.000 firmas y presentar iniciativas ciudadanas que permitan realizar enmiendas al mamotreto jurídico. El régimen tendría que canalizar la demanda o quedaría en evidencia, como hasta ahora, que ha infringido olímpicamente su propia Constitución.
Cuando entre en vigor la Carta Magna, refrendada con un 86,85% de votos afirmativos -según el propio informe de quienes tienen el monopolio de la información- se podrían presentar iniciativas ciudadanas diversas, como fundar medios digitales privados, grupos políticos y organizaciones no gubernamentales.
Hoy somos dos millones y medio los que reclamamos cambios auténticos. El mejor aliado que tenemos es el errático desempeño del Gobierno. Cada año que pase, miles de adeptos se sumarán a las filas de los descontentos. Porque está comprobado que la revolución iniciada por los Castro hace seis décadas no ha funcionado ni funcionará.
No podemos ni debemos desalentarnos. La indiferencia ciudadana y la emigración no son la solución a los problemas de Cuba. Hay que plantar batalla. Aquí y ahora. Los escépticos seguirán poniendo palos en la rueda.
La propaganda del régimen nos llamará mercenarios. Pero no queda otra. El camino a la democracia nunca ha sido fácil.
