Familiares y compañeros de clase de los 43 estudiantes de colegio de Ayotzinapa desaparecidos marchan en Ciudad de México el lunes 26 de septiembre de 2022, en el aniversario de la desaparición de los estudiantes en Iguala, en el estado de Guerrero.
AP/ArchivoCIUDAD DE MÉXICO.- En un importante desarrollo en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa en 2014, una jueza federal mexicana ordenó la prisión preventiva para ocho militares detenidos recientemente. Estos militares serán investigados por su presunta participación en la desaparición forzada de los estudiantes, informó el gobierno.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Interior), anunció que los uniformados han sido acusados formalmente por el delito de desaparición forzada. La captura de los militares se llevó a cabo la semana pasada después de que la Fiscalía General de México reactivara 16 órdenes de arresto previamente emitidas contra miembros del Ejército, las cuales habían sido anuladas en septiembre de 2022.
La desaparición de los estudiantes tuvo lugar entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los jóvenes intentaban tomar autobuses para viajar a la Ciudad de México y participar en manifestaciones. Estos acontecimientos salen a la luz poco más de un mes antes de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de investigar el caso Ayotzinapa, concluya definitivamente sus labores, tras denunciar diferencias con los mandos militares.
Carlos Beristain, uno de los expertos del GIEI, explicó a la AFP que "el mandato del grupo termina el 31 de julio" y que, aunque se les había otorgado una extensión en dos ocasiones anteriores, esta vez presentarán su informe final durante la última semana de ese mismo mes.
El GIEI ha denunciado en repetidas ocasiones que las Fuerzas Armadas han ocultado intencionalmente información sobre la desaparición de los estudiantes en 2014. En marzo pasado, el grupo señaló que esto era inaceptable y reclamó en varias ocasiones la negativa de los mandos militares de entregar informes relacionados con el caso.
En la zona donde ocurrieron los hechos, se encontraba destacado un batallón del Ejército que presuntamente tenía conocimiento de lo sucedido. Según la versión oficial del gobierno anterior, los jóvenes fueron detenidos por policías corruptos vinculados al cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado al confundirlos con miembros de una banda rival.
El GIEI cuestionó la investigación realizada por el exfiscal general Jesús Murillo Karam, quien fue detenido en agosto de 2022 acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. Sin embargo, una comisión del gobierno actual que investigó el caso sostiene que los delincuentes, en complicidad con policías y militares, buscaban recuperar droga escondida en un autobús tomado por los alumnos, sin que estos últimos supieran de su existencia.
Hasta el momento, solo se han identificado los restos de tres víctimas. El GIEI fue creado mediante un acuerdo entre México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia para las familias de los desaparecidos.
FUENTE: Con información de AFP
Descarga LA APP