Un total de 21 cubanos denunciaron ante las autoridades mexicanas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de ese país, que al estar encerrados en la estación migratoria y luego de comunicarse con sus familiares en teléfonos públicos, personal que dijo ser del Instituto Nacional de Migración (INM) de México le pidió a sus familias de 700 a 1.800 dólares para no ser deportados a Cuba, además de ofrecer la venta del salvoconducto.
De acuerdo con la denuncia, de la cual el periódico mexicano El Universal asegura tener una copia, uno de los demandantes relató: "Realicé una llamada a Canadá con mi primo, quien me dijo que después de que yo le había llamado, lo molestaron en tres ocasiones diciéndole que yo estaba adentro de la prisión, que iba a ser deportado y que con 800 o 900 dólares me iban a dar el salvoconducto".
Otro de los denunciantes dijo que sus familiares sucumbieron ante las llamadas de extorsión y amenazas y realizaron transferencias bancarias por 800 dólares a nombre de Josefina Nevares Muñoz.
Mientras que algunos isleños se ampararon para evitar ser deportados, unos 150 más se encuentran varados en Tapachula (Chiapas), y algunos recluidos en la estación migratoria Siglo 21, en espera de que se resuelva su situación migratoria.
La mayoría de los que se ampararon para frenar la deportación presentó denuncias ante la policía por extorsión, delito grave por el cual los migrantes pudieran ser beneficiados con una visa humanitaria mientras concluye la demanda.
Los inconformes también acusaron a los agentes migratorios de abuso de autoridad, discriminación, vejaciones y violencia psicológica.
En sus declaraciones, afirmaron que en su estancia en la estación migratoria se les privó de atención médica y medicamento, durmieron en el piso, se les dio mala alimentación, se les negó hacer llamadas gratuitas, además de sufrir maltrato verbal.
Un grupo de seis balseros cubanos pidieron al Gobierno de México que frene las deportaciones, ya que lo único que desean es el documento que les permita continuar su viaje a Estados Unidos.
"Es muy triste volver a Cuba después de tanto dinero que se invierte, de vender propiedades, regresas sin nada, con problemas con el Gobierno. Le imploramos clemencia al Gobierno por nosotros los cubanos", señalan.
El 6 de mayo del presente año entró en vigor el Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de México y el régimen de la Isla para garantizar un flujo migratorio regular, ordenado y seguro de ambas naciones, que contempla la repatriación de isleños que ingresan a territorio nacional de manera ilegal. Ante esto, el pasado 12 de agosto el Instituto Nacional de Migración de México realizó la primera deportación de 88 cubanos.
Los 21 migrantes cubanos que denunciaron ante la policía ser víctimas de extorsión, abuso de autoridad, discriminación y violencia psicológica por parte de agentes del INM, aseguraron que les fueron vendidos salvoconductos —oficios de salida para abandonar de forma voluntaria el país por cualquiera de sus fronteras—.
La cubana Ailyn se presentó el pasado jueves ante la Subdelegación de Procedimientos Penales de la policía en Tapachula para denunciar a un empleado del INM que le vendió el salvoconducto en 2.500 dólares, y quien, aseguró, la amenazaba de muerte si no pagaba el dinero.
Dijo que prefirió no interponer una demanda debido a que le explicaron que si la presentaba, su estancia en Tapachula se demoraría, y por temor a que esas personas atentaran contra su vida, decidió abandonar el país sin pagar el salvoconducto.
Ailyn viajó a la frontera de México con EU vía aérea y sus abogados Bruno Bustamante y Rita Cruz la acompañaron al aeropuerto internacional de la ciudad.
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