En Venezuela existe una política de represión sin miramientos por parte de los cuerpos armados ante cualquier manifestación de descontento por la tensa situación generada por la crisis en el país, y los medios de prensa no escapan a esta realidad, reseñó Henrique Miguel Otero, presidente editor del diario El Nacional, al presentar un informe sobre libertad de expresión en la sesión previa a la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que sesiona en Punta Cana, República Dominicana.
Los medios de comunicación independientes se ven sofocados por una política restrictiva de la libre circulación de la información que va desde censura indirecta hasta medidas judiciales contra los propietarios y directivos de medios impresos, radioeléctricos o digitales, denunció Otero.
En su intervención hizo mención a medios como El Carabobeño, del estado Carabobo, que detuvo su rotativa en marzo último por falta absoluta de papel, al tiempo que anunció que El Impulso, el diario más antiguo del país, fundado en 1904, en menos de un mes dejará de circular por no tener acceso al papel controlado por el Gobierno.
De acuerdo con el informe presentado, la estatal Corporación Maneiro controla el monopolio del papel en una nación donde alrededor de 80 periódicos se enfrentan a la eventualidad cercana de detener sus rotativas.
El presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Tinedo Guía declaró el pasado 17 de marzo: "La Corporación Maneiro ejerce un monopolio dependiente de la administración pública. No es beneficioso ni útil, pero el Gobierno se vale de él para negar las bobinas de papel. Es un organismo de censura para que los medios bajen la cabeza ante sus mentiras", refiere el informe.
Más adelante hace constar la preocupación sobre “la medida dictada contra David Natera Febres, director del diario Correo del Caroní, con sede en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, que lo condena a cuatro años de prisión por el delito de "difamación e injuria". El diario publicó una serie de reportajes de investigación sobre graves actos de corrupción en la compañía minera estatal Ferrominera, la principal procesadora de hierro”.
La medida ha sido rechazada por la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, por los gremios de prensa y por organizaciones internacionales, entre ellos las SIP que la calificó consideró: "Una grosera coacción a la libertad de prensa y al derecho de la sociedad a estar informada en temas de interés público".
Otero destacó además que el Gobierno venezolano persiste en no dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de devolver la señal a Radio Caracas Televisión, así como los equipos de transmisión confiscados en 2007, cuando por órdenes directas de Hugo Chávez Frías no se le renovó la concesión. El Tribunal Supremo de Justicia, al servicio del Gobierno de turno, declaró el fallo "inejecutable".
El informe sobre libertad de expresión se refiere igualmente a las agresiones y el amedrentamiento a comunicadores en ejercicio de su derecho al trabajo continúan, y de tan repetidas ya no puede hablarse de "hechos aislados". El CNP en Táchira expresó su condena a la retención arbitraria de los agremiados Fabiola Niño, Manuel Cardozo, René Méndez y Rafael Urdaneta, cuando daban cobertura a protestas en la ciudad de San Cristóbal.
El documento también cita los sucesos del pasado 28 de marzo en el estado de Zulia cuando un grupo de reos se enfrentó a la Policía y los periodistas Faviana Delgado y Humberto Matheus, por Versión Final; José Antonio González y María Fuenmayor, del diario La Verdad; Ángel Romero y José López, por Noticia Al Día, fueron detenidos y agredidos y les fueron confiscados sus equipos y borradas las memorias de sus dispositivos audiovisuales.
Según denunció Miguel Henrique Otero, pese a los reclamos y señalamientos internacionales, el gobierno de Maduro continúa con una grave política de obstaculización a las libertades de expresión y prensa, y de irrespeto a los derechos humanos.
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