Nicaragua: a seis años de la insurrección, los países observan indiferentes los desmanes de Ortega

Ese histórico día de la insurrección civil, de la cual se cumplieron este jueves seis años, fue registrado como uno de los más violentos en la historia moderna del país centroamericano, y el comienzo de la radicalización de “una dictadura narcoestado”, insuflada desde Cuba, que se ha prolongado hasta la fecha, opinan expertos en el tema regional.

“Nicaragua sigue la metodología de terrorismo de Estado, el cual se refleja en la persecución de opositores a través del sistema judicial para difamar, en los presos políticos, en el exilio y en la violación permanente de derechos humanos y ausencia total de garantías”, señala Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia, con sede en Miami, al analizar los acontecimientos que han marcado la vida de los nicaragüenses en los últimos seis años. O incluso desde antes.

“Se repite la tradición de la dictadura de Cuba, que también se aplica en Venezuela, Bolivia y en su momento, en Ecuador”, añade el analista político. Pero considera que frente a ese escenario la insurrección civil de 2018 “no ha terminado”, lo que ha forzado al régimen de la pareja Daniel Ortega-Rosario Murillo a aplicar métodos del totalitarismo.

Deportaciones masivas, 222 personas al exilio, despojo de pertenencias y de la nacionalidad a opositores nicaragüenses y ataque violento a representantes de la iglesia católica y a ONG, desde la Cruz Roja a otras humanitarias.

Para los expertos, Nicaragua, que está inserta en el mapa de los 35 países que conforman las Américas, es una de las cuatro dictaduras -junto a Cuba, Venezuela y Bolivia- que deben ser catalogadas como “anomalías” en el orden jurídico internacional e interno de cada nación. Y deben ser frenadas, advierten. “Existen los mecanismos, pero no se cumplen”.

Nicaragua, operación persecución

Nicaragua, frente a la insurrección, quedó marcada con la llamada Operación Limpieza, con la cual Ortega, dos meses después, desmontó focos de resistencia, impuso restricciones a las libertades y violencia estatal contra los opositores a lo largo del país. Una de las ciudades más golpeadas fue Masaya. “Muchos de los ciudadanos asesinados cayeron mientras defendían las barricadas en sus barrios”, según los reportes.

Las protestas que iniciaron ese día “no fueron producto de acontecimientos aislados sino de años de procesos institucionales y prácticas estatales que fueron coartando la expresión ciudadana, cerrando espacios, cooptando instituciones públicas y concentrando el poder en la figura presidencial compuesta por Ortega y (Rosario) Murillo”, señaló en 2020 un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, citado por medios y del cual se eliminaron los registros.

El ejercicio totalitario impulsó una emigración inédita de más de 100.000 personas por razones políticas o económicas, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, que en su informe sobre Centroamérica destaca que en Nicaragua “la inestabilidad política sigue detonando desplazamientos a gran escala”.

Ortega, jefe del partido izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional, lleva 19 años ininterrumpidos en el poder del país centroamericano desde 2006, cuando ganó las elecciones presidenciales por primera vez. Desde entonces, ha resultado “reelegido” en comicios “manipulados” cada cinco años.

Historia que se prolonga

A seis años de aquella fecha, es oportuno recordar dos eventos particulares ocurridos en Nicaragua.

Después del 18 de abril de 2018, las cárceles de Nicaragua se llenaron de manifestantes y opositores detenidos. En los tribunales penales se enjuiciaron a adversarios de Ortega por terrorismo, crimen organizado, y asesinato, entre otros delitos graves, según medios internacionales.

“Hasta 700 presos políticos se contabilizaron en aquellos tiempos posteriores a las protestas y su liberación fue y ha sido la principal demanda en los períodos de negociación entre gobierno y oposición” se indica, pero en la actualidad no hay certeza de cifras oficiales.

Además, en mayo de 2018 el régimen de Ortega inició negociaciones con la oposición, pero luego denunció que la “ruta planteada por la disidencia” sobre reformas electorales “pretendían derrocar al gobierno por un golpe de Estado”, se informó.

La especie oficialista del supuesto golpe de Estado la sostuvo Ortega durante meses en foros internacionales, y acusó a agencias de cooperación americana de financiar el “plan golpista”, en el que involucró a la Iglesia Católica que intentaba mediar en el conflicto.

"Me dolió que mis señores obispos tuvieran esa posición de golpistas, se descalificaron entonces como mediadores", declaró Ortega frente a sus seguidores en junio de 2018, lo que desató el hostigamiento, persecución y encarcelamiento de representantes del clero hasta hoy.

A las democracias

“Frente a lo que ha ocurrido en Nicaragua, es una vergüenza la actitud de la región latinoamericana hacia ese país, hacia la democracia y los demócratas”, afirma Ricardo Israel, especialista en Ciencias Políticas y directivo del Instituto Interamericano. “Se ve incluso que los países que recibieron a las personas expulsadas y privadas de su propiedad, incluyendo la nacionalidad, no mostraron el apoyo a lo que debió haber sido algún tipo de sanción contra ese régimen”.

El analista internacional distingue dos etapas en Nicaragua desde la asunción de Ortega en el poder.

“La primera cuando ese país pierde la democracia con Ortega, gracias a una situación que se da también en Venezuela, de una oposición funcional que se vende al régimen, con partidos que se llamaban liberales y democráticos, pero que le dieron el poder a Ortega que tenía apenas 20% de apoyo cuando asumió el poder y se perdió la democracia. La segunda, con la dupla Ortega- Murillo con la que Nicaragua se ha transformado, paso a paso, en una dictadura totalitaria”.

Israel destacó que “lo más llamativo” es la inacción de los países de las Américas. “El adormecimiento de EEUU frente al involucramiento de Rusia y de China, y, por otro lado, la actitud de la región de mucha complicidad y falta de apoyo”.

“El régimen de Nicaragua puede tener fin, pero la región no está preparada para enfrentar eso”, dice.

No obstante, frente a los regímenes como el de Ortega hay tratados y mecanismos que podrían frenarla, y Sánchez Berzaín los recuerda tras afirmar que “las dictaduras son un crimen que no deben existir”.

“Eso lo establecen la Carta Interamericana de la OEA, de la ONU, lo señalan la Convención Mundial contra el Crimen Organizado Trasnacional, la Convención de Palermo, el Estatuto de Roma, el TIAR, la Declaración Internacional de los Derechos del Hombre, y una decena más de Tratados, según asegura el experto.

“Desde el Instituto hemos venido haciendo un llamamiento a las democracias de las Américas y del mundo a cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales y la única manera de liberar a los pueblos de esas anomalías es hacerlas cesar. Para ello, es necesario el uso de los sistemas internacionales vigentes que inhabiliten la sobrevivencia de esas dictaduras”, señala y destaca que visualizar quién está detrás del financiamiento de la dictadura de Cuba es clave.

“El día que se acabe la dictadura de Cuba desaparece el régimen de Nicaragua, como todos lo demás”.

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FUENTE: Entrevistas a expertos Carlos Sánchez Berzain y Ricardo Israel, con información de Diario Las Américas