MIAMI – En dos semanas Nicaragua va a unas elecciones presidenciales sin precedentes, con siete aspirantes opositores en la cárcel y en las que Daniel Ortega se impone para un cuarto periodo presidencial consecutivo y su quinto mandato, valiéndose de la represión y el crimen.

Kitty Monterrey, presidenta del opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL), uno de los tres partidos a quien el régimen sandinista le canceló la personaría jurídica para inhibirles la participación en las elecciones del 7 de noviembre, dijo que el régimen de Ortega “le quitó toda legitimidad al proceso, convirtiéndolo en un mero trámite en el cual los ciudadanos pueden votar, pero no elegir”.

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Ortega, que cumplirá el próximo 11 de noviembre 76 años, sigue ignorando las demandas de la comunidad internacional de cesar la represión, la libertad de los más de 150 presos políticos, incluyendo los aspirantes presidenciales, y de realizar elecciones libres, justas y transparentes.

El gobernante sandinista participará en las elecciones junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, que se “postula” a la reelección pese a que enfrenta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas de abril de 2018, tras la muerte de más de 300 nicaragüenses.

La comunidad internacional ha manifestado que no reconocerá los comicios de noviembre en los que Ortega ya se ha declarado “ganador”.

“Lamentablemente el régimen de Daniel Ortega cerró la posibilidad de que los nicaragüenses pudiéramos elegir autoridades nacionales en condiciones de libertad, transparencia y competitividad, debido a todas las acciones que realizó para acallar cualquier expresión opositora e impedir que se organizara electoralmente”, acotó Monterrey.

“Además de la falta de transparencia que ya tenía el sistema electoral nicaragüense, las votaciones del 7 de noviembre se realizarán bajo la vigencia de leyes que restringen la libertad de expresión, prensa, asociación y de participación política; con siete aspirantes presidenciales opositores presos y tres partidos opositores disueltos en vísperas de la elección. Esas son condiciones concretas que determinan la naturaleza de esta elección”, subrayó la líder opositora que se encuentra exiliada en Costa Rica, luego de que el régimen le canceló su nacionalidad.

Abstención

Monterrey estima que podría producirse un alto porcentaje de abstencionismo, igual como sucedió en las elecciones de 2016.

“Lo natural en una elección es que haya opciones electorales y votantes. Y cuando las opciones electorales son prácticamente reducidas a una (persona), el interés de los ciudadanos también se reduce. Habrá que observar cómo se desarrolla el proceso, pero tenemos el antecedente de las elecciones de 2016 que también se realizaron sin participación opositora y los índices de abstención superaron el 70%, dijo la opositora.

La última encuesta realizada por Cid-Gallup del 14 de septiembre al 4 de octubre, revela que más de dos tercios de la población está inconforme con la gestión de Ortega. El 69 por ciento de los nicaragüenses desaprueba su gestión, un 2 por ciento dijo no saber, y solo el 29 por ciento dijo aprobarla.

Esos datos indican que Ortega, aun con los aspirantes presidenciales presos, no tendría el porcentaje mínimo de sufragios necesarios para “ganar” las elecciones que es el 35% del voto popular, si supera al del segundo lugar por una diferencia mínima del 5 por ciento.

Kitty Monterrey-CxL.
Kitty Monterrey, presidenta del opositor partido Ciudadanos por la Libertad.

Kitty Monterrey, presidenta del opositor partido Ciudadanos por la Libertad.

¿Diálogo?

Ortega anunció que tras las elecciones habrá diálogo en Nicaragua, su propósito es legitimar el resultado de las elecciones en las que se impondrá.

Para Monterrey, no hay condiciones en el país para un diálogo. “En este momento en Nicaragua solo hay condiciones para un monólogo de quienes imponen su voluntad desde el poder y dicen que en Nicaragua no hay ningún problema”.

“El primer requisito para que haya un diálogo real y no un simulacro, es que haya interlocutores frente al gobierno que sean reconocidos y puedan expresarse libremente. Eso resulta materialmente imposible en las condiciones actuales con un Estado policial, con líderes opositores presos o exiliados, aspirantes presidenciales presos, partidos de oposición ilegalizados y una serie de leyes que anulan la libertad de expresión”, acotó.

Para la política, pensar seriamente en un diálogo requiere primordialmente crear esas condiciones, que incluya la participación de la oposición política, sectores económicos y sociales, libertad para organizarse, que sean reconocidos, y con el objetivo de llevar a cabo una transición para la restauración democrática del país.

“Por ejemplo, en el caso de Ciudadanos por la Libertad, el régimen le canceló su personalidad como partido político, nos declaró inexistentes, y yo estoy en el exilio porque me canceló hasta mi cédula de identidad”, señaló.

Escenario post electoral

Pobreza y aislamiento internacional.

“Un régimen unipartidista, que se mantenga en el poder mediante la imposición, sin el respaldo mayoritario de la ciudadanía y aislado de la comunidad internacional no es viable en Nicaragua. Es imposible que un país con las características de Nicaragua pueda retomar el crecimiento económico sostenido, atraer inversiones y reducir la pobreza en esas condiciones”.

“Esa realidad la reconoce el propio régimen, pero tienen el gran problema de que sus acciones y su narrativa los han aislado y llevado a un callejón sin salida y ese hecho hace sumamente complejo el proceso de apertura democrática, que es necesario para que Nicaragua no regrese a situaciones de mayor conflicto y pobreza como en el pasado”, precisó la política en alusión a la primera etapa sandinista que llevó al país a ocupar el segundo lugar de pobreza en la región.

Pese a la crisis que atraviesa el país, Kitty Monterrey cree que la salida a la crisis es por la vía democrática.

“Estoy convencida de que la única vía para resolver la crisis que vive Nicaragua es un retorno a la democracia y al estado de derecho, que pasa necesariamente por elecciones libres. Sin embargo, esa salida electoral no se producirá como resultado de las votaciones de noviembre.

Algunos analistas creen que la salida de Ortega solo podría ser viable a través de la presión internacional y de sanciones contra el Ejército que hasta ahora respalda incondicionalmente al gobernante sandinista.

@FloresJudith7
Jflores@diariolasamericas.com

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