En los últimos seis meses se han analizado casos de tortura, detención arbitraria, violencia sexual y persecución para determinar si se han investigado y juzgado y "las conclusiones son en realidad bastante chocantes", afirmó Joanna Frivet, miembro del panel.
"Venezuela no está cumpliendo con sus obligaciones (...) de exigir responsabilidades" y en estas circunstancias la intervención de la fiscalía de la CPI "es fundamental para impulsar la investigación y procesamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela", añadió.
El panel recomienda al fiscal de la CPI que "se implique más, de forma urgente, considerando la naturaleza actual de los crímenes, para abrir investigaciones contra individuos específicos y hacer avanzar estos casos ante la Corte con el fin de emitir órdenes de arresto", dijo.
Le pide, asimismo, que centre sus investigaciones "en perpetradores de nivel medio y alto con carácter de urgencia, para evitar que se sigan cometiendo crímenes" porque "la brecha de impunidad es significativa".
En "aproximadamente el 83.6% de todos los casos de tortura analizados por el panel no había registros de diligencias de investigación" a pesar de las denuncias, se lee en el informe.
Los retrasos se deben a "una falta de separación entre el poder judicial y el ejecutivo", según Frivet.
"Una larga lista"
El panel exhorta a Venezuela a que "cese inmediatamente la comisión de crímenes, las operaciones de encubrimiento, la represión contra los activistas de derechos civiles, las víctimas y sus familiares".
Santiago Cantón, presidente del panel, se adelantó a posibles críticas a la OEA, de la que Venezuela solicitó formalmente salir en 2017.
"Algunas personas podrían decir que (...) es parte de un plan de la derecha internacional encabezado por el Secretario General para denunciar y desprestigiar al régimen de (Nicolás) Maduro", dijo.
"Si esto fuera así, por qué existen además de los informes de este panel" otros muchos que han planteado "exactamente lo mismo", se preguntó Cantón.
El caso de Venezuela es peculiar porque normalmente los Estados "hacen desaparecer las pruebas", pero aquí las víctimas "son los propios testigos", explicó Manuel Ventura, otro miembro del panel.
"El caso va dirigido contra personas físicas. Es una larga lista y la primera de ellas es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro", añadió.
Cantón se preguntó que hubiera pasado si la OEA hubiera tomado decisiones antes de la llegada de Luis Almagro a la Secretaría General del organismo, lo que a su juicio pudo haber evitado estos crímenes.
"Hasta el año 2017 se hablaba de violaciones a los derechos humanos en Venezuela y los posibles crímenes de lesa humanidad. No se hablaba de la existencia de esos crímenes", recordó Cantón y añadió "creo que la situación en Venezuela hoy sería distinta si la OEA hubiera comenzado 10 años antes a hacer lo que hizo el secretario. Las víctimas son el principal motor en la lucha de los derechos humanos".
"Celda de los locos"
Durante la sesión, que duró cinco horas, varias víctimas contaron los horrores vividos en las mazmorras.
Jesús Alemán, un expreso político de 31 años, estuvo detenido en dos ocasiones.
"Fui golpeado, aislado y torturado", dijo, y describió cómo le dieron descargas eléctricas, le taparon la cara con bolsas para cortarle la respiración, le acusaron de delitos ficticios y le negaron asistencia médica.
Algo parecido afirma haber vivido el también expreso político Nixon Leal, a quien llegaron a clavarle "chinches debajo de las uñas".
Su desesperación le llevó a intentar suicidarse ahorcándose con su suéter pero no lo logró "porque estaba esposado".
Igual de traumática ha sido la experiencia del capitán de navío Luis de la Sotta.
En las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) estuvo en la "celda de los locos", donde aguantó la temperatura glacial con "una braga verde" como única prenda.
"Me daban los alimentos en un envase que tiraban al piso, sin cubiertos, tenía que comer con las manos llenas de excrementos", contó en Washington.
"A veces me privaban de alimentos, mis necesidades fisiológicas sólidas las hacía en una bolsa plástica, si la tenía, de lo contrario evacuaba en el piso, orinaba en un envase y solo tenía acceso a la ducha una vez por semana", añadió.
También intervino por videoconferencia Perkins Rocha, abogado de la líder opositora, María Corina Machado, inhabilitada para las elecciones presidenciales pese a ser favorita frente a Maduro, quien aspira a la reelección.
Se quejó de los arrestos de activistas del partido Vente Venezuela, de Machado, de los cuales 10 siguen detenidos. En la mayoría de los casos pasaron un promedio de 30 días "absolutamente incomunicados del mundo exterior", denunció.
Critica a José Miguel Insulza
El empresario venezolano y exmiembro de la junta directiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Pedro Mario Burelli, cuestionó, en un escrito en la red social X, el rol del exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza, durante el periodo que estuvo al frente del organismo hemisférico.
"Miguel Insulza hizo entre poco y nada por Venezuela. Él llegó a la @OEA_oficial con un solo objetivo: lograr que Cuba se reincorporara al sistema interamericano sin ni siquiera firmar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana, ambas aprobadas luego de su justificada expulsión en 1962. No lo logró. Esa condición fue ratificada unánimemente en Asamblea General del 2009. Hoy, Cuba está fuera del sistema porque se resiste a adherirse a esas convenciones", escribió en X.
Agregó que "Insulza no será bien recordado como Secretario Gral. de la OEA y no fue candidato a la Presidencia de Chile. Ambas cosas se las vaticiné en nuestra última conversación. Él es ahora miembro fundador del @GrupodePuebla_ , algo que no es de extrañar para quien en la OEA fue impúdico instrumento de La Habana".
FUENTE: Con información de AFP