jueves 1  de  diciembre 2022
VENEZUELA

Oenegés piden extender mandato de misión de investigación de la ONU

En un foro de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Marta Valiñas, dijo que la misión busca facilitar el proceso de rendición de cuentas en Venezuela

30 de septiembre de 2022 - 11:52

CARACAS.- Más de 100 ONG tanto dentro como fuera de Venezuela solicitaron al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que sea renovado por dos años más el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinacion de los Hechos cuyo rol es crucial en un eventual proceso de rendición de cuentas por presuntos delitos graves y de lesa humanidad cometidos en el país caribeño.

Recientemente, el papel que viene cumpliendo la misión de la ONU se tornó más clave después de que la misión presentara a principios de esta semana los resultados de su tercer informe en el que se afirma que existe un plan orquestado desde las altas esferas del régimen de Nicolás Maduro para reprimir a los opositores, mediante violaciones y abusos a través de los cuerpos de seguridad del Estado, específicamente el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), que constituirían crímenes de lesa humanidad.

El Consejo de DDHH de la ONU lleva a cabo desde el pasado 12 de septiembre y hasta el próximo 7 de octubre su periodo de sesiones en la ciudad de Ginebra, Suiza, en el que se espera sea realizada la votación para que el mandato de la misión pueda extenderse por dos años más.

"Nuestro más reciente informe que trata de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los órganos de inteligencia, es claro demostrar que estos acto no han cesado, que siguen siendo cometidos y que no son cometidos por funcionarios por fuera de sus superiores, sino que obedecen a una estrategia de un poder político que emiten sus órdenes a estas estructuras", explicó la jefa de la misión de la ONU, Martha Valiñas, durante el foro Derechos Humanos y Rendición de Cuentas en Venezuela: Hallazgos del tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Valiñas sostuvo que entre los objetivos del informe está promover y facilitar el proceso de rendición de cuentas en Venezuela. "Nos pareció importante ver cómo operan estas estructuras y cuáles son los aportes de varias personas que se encuentran en distintos niveles de la jerarquía para facilitar las violaciones de derechos humanos", indicó la experta, que detalló que para el tercer informe fueron realizadas 88 entrevistas que les brindaron información adicional a la que ya habían obtenido con las casi 400 entrevistas que realizaron para los dos informes anteriores.

Valiñas sostuvo que la misión también pretende apuntar a que ese tipo de prácticas debe terminar y que se requieren cambios institucionales y estructurales en Venezuela para que el Estado cese su rol en la comisión de violaciones graves de derechos humanos.

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La sede del Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN) de Venezuela, conocida como El Helicoide, se encuentra frente al barrio La Cota 905 en Caracas, Venezuela. Expertos independientes que trabajan con el principal organismo de derechos humanos de la ONU dijeron en un informe publicado el 20 de septiembre que las autoridades venezolanas no han hecho rendir cuentas a los perpetradores respaldados por el estado de violaciones que incluyen ejecuciones arbitrarias, violencia sexual y tortura de civiles, advirtiendo que los abusos continúan por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y el servicio de contrainteligencia militar ( DGCIM).

La sede del Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN) de Venezuela, conocida como El Helicoide, se encuentra frente al barrio La Cota 905 en Caracas, Venezuela. Expertos independientes que trabajan con el principal organismo de derechos humanos de la ONU dijeron en un informe publicado el 20 de septiembre que las autoridades venezolanas no han hecho rendir cuentas a los perpetradores respaldados por el estado de violaciones que incluyen ejecuciones arbitrarias, violencia sexual y tortura de civiles, advirtiendo que los abusos continúan por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y el servicio de contrainteligencia militar ( DGCIM).

Explicó que la misión ha adoptado una metodología de trabajo tanto de patrones como de casos individuales que permiten describir cómo se están desarrollando las prácticas violatorias de derechos humanos en Venezuela.

Adicionalmente, Valiñas defendió el rol de la misión como figura complementaria al trabajo que llevan a cabo la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Penal Internacional (CPI), lo que le permite afirmar que la importancia de la misión "ha quedado bastante clara para los que vayan a votar".

"Por eso espero que sean las consideraciones de derechos humanos las que prevalezcan en esa votación", enfatizó.

La misión está recabando evidencias

En el foro de la UCAB también participó Sara Fernández, oficial de Incidencia Internacional del Centro de Justicia y Paz (Cepaz). Fernández explicó que la investigación formal contra Venezuela fue abierta en 2021 y en este momento la Fiscalía de la CPI concluyó que hay motivos razonables para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al menos desde abril de 2017, aunque el periodo puede extenderse hasta el año 2014.

Estos crimenes estarían materializados en casos de tortura, violencia sexual y de género, prisión arbitraria y persecusión por motivos políticos, describió Fernández.

La representante de Cepaz explicó que luego que la Fiscalía emitió su veredicto respecto a las razones para considerar abrir una investigación en Venezuela, el régimen de Maduro ejerció un recurso que tenía a disposición según el Estatuto de Roma, mediante el que le solicitó al fiscal que se inhibiera argumentando que podía investigar internamente en el país.

Sin embargo, el fiscal respondió que Venezuela no está en capacidad de comprobar que puede hacer una investigación, por lo que actualmente se está en espera de que la Fiscalía realice la solicitud formal para continuar con las pesquisas. Esto se traduce en que actualmente la Fiscalía no está recabando información; solo puede hacerlo si las evidencias que se presenten no pueden estar disponibles al momento que se reanude el proceso.

Y es allí donde radica la importancia de la misión de la ONU. "Está recabando evidencias que pueden no estar disponibles cuando la Fiscalía reanude la investigación", sostuvo Fernández.

Añadió que la Fiscalía puede tomar como referencia los casos descritos por la misión en sus informes.

"Las recomendaciones que se han emitido en el informe deben servir de ruta para que la Fiscalía y las autoridades implemente reformas estructurales que permitan que en Venezuela se puedan investigar estos hechos y entender que la implementación de estas recomendaciones sirven de prevención porque pemiten desmantelar las condiciones que han hecho posible que ocurran", señaló. "Las recomendaciones que se han emitido en el informe deben servir de ruta para que la Fiscalía y las autoridades implemente reformas estructurales que permitan que en Venezuela se puedan investigar estos hechos y entender que la implementación de estas recomedaciones sirven de prevención porque pemiten desmantelar las condiciones que han hecho posible que ocurran", señaló.

Rol de Colombia

Entre las panelistas en el foro también estuvo Tamara Taraciuk, directora adjunta para las Américas de Human Right Watch (HRW), quien resaltó el rol que juega actualmente Colombia en la resolución de la crisis de derechos humanos en Venezuela.

Taraciuk resaltó que el gobierno de Gustavo Petro tiene una gran oportunidad para servir de "palanca" en la búsqueda de un compromiso por parte de las autoridades venezolanas en el respeto a los derechos humanos.

Explicó que "la experiencia ha mostrado" que el régimen venezolano "no hace concesiones voluntariamente", sino que lo hace a través de la presión internacional.

"Si lo que se está buscando es un intercambio con las autoridades venezolanas para que se vuelvan a sentar en México, eso no va a ocurrir si no hay presión internacional, y eso Colombia lo va a lograr ejerciendo presión", aseveró.

Taraciuk consideró como "un error" del gobierno de Petro que anunciara que retiran la comunicación con la CPI sobre el tema de Venezuela. "Eso pone en duda el compromiso de Colombia con los derechos humanos en Venezuela y en general", dijo, al tiempo que afirmó que el compromiso de Colombia en la reanudación de las relaciones diplomáticas con Venezuela "no es impedimento para condenar las violaciones" en la nación sudamericana.

FUENTE: REDACCIÓN

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