BOGOTÁ.- Un grupo de expertos del Comité contra la Tortura de la ONU instó a Colombia a "desmantelar las organizaciones armadas ilegales" y a "garantizar la protección de los defensores de los Derechos Humanos".
BOGOTÁ.- Un grupo de expertos del Comité contra la Tortura de la ONU instó a Colombia a "desmantelar las organizaciones armadas ilegales" y a "garantizar la protección de los defensores de los Derechos Humanos".
El presidente del Comité, Claude Heller, aseguró que, a pesar de que el Acuerdo de Paz de 2016 es satisfactorio, la violencia ejercida en numerosas zonas por organizaciones criminales y otros actores armados no estatales sigue siendo "preocupante", según un comunicado.
Los expertos realizaron un llamado a las autoridades del país para "redoblar los esfuerzos" en la elaboración de un plan que consiga "erradicar la violencia" y "desmantelar a las organizaciones armadas ilegales" y que debe seguir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia, un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial creado para "conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad".
El Comité también pidió a las autoridades investigar las denuncias de tortura física, psicológica, de malos tratos y otras "graves violaciones" a manifestantes pacíficos, defensores de Derechos Humanos y periodistas, presuntamente cometidas por la Policía en las protestas "pacíficas" de 2021.
Además, alentó al Gobierno colombiano a reforzar los mecanismos de protección para los defensores de los derechos fundamentales, a líderes sociales y a comunicadores, que a menudo sufren represalias o ataques por sus actividades, llegando a ser asesinados en muchos casos, y han reconocido los esfuerzos en dicha materia.
Por otra parte, el grupo manifestó "inquietud" por el hacinamiento en las cárceles colombianas y por las condiciones de vida en la mismas, y solicitaron las autoridades que completen el proceso de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
FUENTE: EUROPA PRESS