CARACAS.- La diputada ante la Asamblea Nacional (AN) legítima de Venezuela, Delsa Solórzano, informó que más de 30 denuncias han sido remitidas a los organismos internacionales, tanto a la oficina de la Alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, como a otras instancias para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidos en el estado venezolano de Apure.

La legisladora adelantó que ya han sostenido una reunión con el equipo de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU para hacer entrega de estos documentos probatorios de las gravísimas denuncias sobre los enfrentamientos entre el Ejército venezolano y grupos irregulares disidentes de la FARC, con la presencia del FAES, que ha acarreado “el uso discriminado de armas de fuego contra una población desarmada, lo cual constituyen una violación de los derechos humanos”, informó el Centro de Comunicación Nacional, portal informativo de la presidencia encargada de Venezuela.

Te puede interesar

Solórzano informó que la Comisión Especial de Justicia y Paz ha recabado testimonios con rigurosidad de acuerdo a la metodología que exigen las investigaciones en materia de derechos humanos.

Agregó que estos hechos podrían configurar “el crimen de asesinato previsto en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI)”, y aseveró que el Ejército del régimen de Nicolás Maduro “se olvidó por completo el mandato del artículo 328 constitucional, que expresa que deben estar apegado a la Constitución y a la soberanía y alejado de cualquier inclinación de carácter político”.

La parlamentaria aseguró que se están realizando investigaciones independientes por parte de organismos internacionales en materia de derechos humanos y se va solicitar la realización de la experticia legal que corresponda.

Crímenes sin investigar

Entre tanto, el diputado Williams Dávila alertó que los crímenes que suceden en las más de 540 trochas o pasos ilegales ubicadas entre los estados Apure, Táchira y Zulia, fronterizos con Colombia, como puentes de financiamiento de actividades ilícitas, no son investigados por el Estado venezolano, pues a su criterio, “quieren montar un falso positivo alegando que lo ocurrido en Apure, forma una parte de una política diseñada por Colombia para desestabilizar la frontera”.

“Apure quedó como el epicentro de un ajedrez político donde conviven grupos armados ilegales a causa de un abandono cruel y permanente por parte del Estado”, denunció el parlamentario durante la sesión realizada por videoconferencia.

Vinculados con el Cartel Sinaloa

Por su parte, el diputado Romel Guzamana, presidente del Parlamento Amazónico, acotó que el conflicto armado suscitado en la frontera de Apure con Colombia, “es la guerra por el territorio que jamás fue tomada en cuenta por este régimen asesino y criminal” y denunció que los guerrilleros colombianos alias Jesús Santrich y alias Iván Márquez ordenaron a las Fuerzas Armadas de Venezuela” bombardear la zona de la Victoria en el estado Apure para que los disidentes de la guerrilla de la FARC se desplazaran y así las fuerzas terroristas de Iván Márquez se instauren en esa región”.

“Ellos se están disputando la droga. Sabemos que todo el aparataje está vinculado al Cartel de Sinaloa, con ayuda y acuerdos con Nicolás Maduro. Por ello, se deben los ataques contra familias campesinas e indígenas”, dijo el parlamentario indígena, quien reprochó el accionar violento de las Fuerzas Armadas venezolanas, que están siendo cómplices de la masacre contra sus compatriotas.

Agradecimientos a Colombia

El legislador Luis Lippa agradeció al gobierno colombiano por ofrecer refugio y albergue a los miles de venezolanos desplazados por el conflicto y sostuvo que el pueblo apureño tiene mucho miedo por la ausencia de los organismos de seguridad.

Pidió a los organismos internacionales garantizar el retorno de los habitantes de Apure afectados a su lugar de origen amparándose en los Convenios de Ginebra y del derecho internacional humanitario, que permite la presencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para proteger y garantizar los derechos humanos de la población civil.

FUENTE: Redacción/Nota de Prensa/Centro de Comunicación Nacional

Aparecen en esta nota:

 

Diario Las Américas no se hace responsable de las opiniones emitidas por los lectores; sin embargo, exhorta a evitar el lenguaje vulgar u ofensivo contra terceros. Nuestra empresa se acoge al derecho de eliminar cualquier comentario que viole estas normas.

Diario Las Américas is not responsible for the opinions issued by the readers; however, it urges to avoid vulgar or offensive language against third parties. Our company is entitled to remove any comments that violate these rules.

Deja tu comentario

Se está leyendo

Lo último

Encuesta

¿Debería el gobernador DeSantis emitir medidas sanitarias de carácter obligatorio para todo el estado? 41.54%
¿Las medidas deberían ser potestad de los gobiernos locales según se requieran? 30.86%
¿Las medidas sanitarias deben ser decisión individual de cada persona? 27.61%
30270 votos

Las Más Leídas