MANAGUA - El principal bloque opositor de Nicaragua sufrió este miércoles otro revés tras la inhibición de su candidata a la vicepresidencia, la exreina de belleza Berenice Quezada, en medio de una ola arrestos y acciones judiciales contra opositores, previo a los comicios de noviembre.

Quezada, candidata a la vicepresidencia de la derechista Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), quedó inhibida luego que el Ministerio Público anunciara en un comunicado que será procesada por los delitos de "provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas".

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El ministerio informó que la acusación contra Quezada fue admitida el martes por un tribunal de Managua y que solicitó que el proceso "sea llevado en libertad".

La ley nicaragüense prohíbe postular a cargos electos a personas bajo investigación judicial.

Quezada había sido inscrita el lunes ante el tribunal electoral como compañera de fórmula del candidato a la presidencia Oscar Sobalvarro, un exguerrillero de la extinta contrarrevolución que Estados Unidos financió en los años ochenta contra la revolución sandinista del actual presidente, Daniel Ortega.

Pero unas polémicas declaraciones que ofreció cuando salía del tribunal provocaron malestar en un grupo de partidarios del gobierno, que el martes la acusó ante la Procuraduría de Derechos Humanos de "incitar al odio", al tiempo que pidió su inhibición.

Quezada fue retenida la noche del martes en su domicilio por la policía. Fuentes de la agrupación afirman que su reclusión fue suspendida y la Fiscalía anunció que el proceso contra Quezada se llevará en libertad.

A reorganizarse

CxL tiene ahora que buscar a contra reloj a una sustituta, en medio de temores de nuevos arrestos y asedios contra miembros de sus filas.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) tiene hasta el 9 de agosto para validar, subsanar o solicitar a los partidos la sustitución de candidatos en caso de que sean inhibidos de participar en los comicios.

La alianza CxL se proyecta como el principal contrincante del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda), que el lunes postuló a Ortega para una tercera reelección sucesiva, junto con su esposa, Rosario Murillo, en la vicepresidencia desde 2017.

Esto, a pesar de la crisis que han enfrentado para consolidar un bloque opositor a causa de disputas en las filas derechistas y la represión que vive el país.

El proceso para las elecciones del 7 de noviembre se desarrolla en medio de una serie de detenciones de opositores, con 31 importantes disidentes arrestados desde junio.

Entre los presos están siete aspirantes a la presidencia que son acusados por "traición a la patria", un delito que la ley imputa a quienes incitan a la injerencia extranjera y aplauden las sanciones internacionales adoptadas contra Managua desde 2018 por violación a los derechos humanos.

La mayoría de los detenidos se habían inscritos como precandidatos de CxL, como el exdiplomático Arturo Cruz, el economista Juan Sebastián Chamorro y el abogado Noel Vidaurre.

También planeaba adherirse al bloque opositor Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien antes de ser puesta bajo arresto domiciliar estaba bien posicionada para enfrentarse a Ortega, en el poder desde 2007.

"No abandone la democracia"

Los arrestos han sido cuestionados por la comunidad internacional, que ha pedido a liberación de los opositores y llamado a elecciones transparentes en Nicaragua.

A las voces críticas, se sumaron viejos aliados del sandinismo, como el expresidente brasileño Lula Da Silva, quien instó a Ortega a "que no abandone la democracia"

"Toda vez que un gobernante se empezó a creer insustituible, toda vez que un gobernante se empieza a creer imprescindible, surge un poco de dictadura en ese país", comentó Lula en una entrevista con la televisión mexicana TVT la semana pasada en referencia a al mandatario nicaragüense.

Los gobiernos izquierdistas en Argentina y México han tomado distancia con Managua. Ambos gobiernos llamaron a consultas en junio a sus embajadores en Nicaragua debido a las "preocupantes acciones políticas-legales realizadas" contra los opositores.

Por su parte, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles en Twitter "el arresto domiciliario de Quezada", así como su "inhibición para postular a cargos públicos".

Quezada fue emplazada judicialmente tras abogar el lunes por la liberación de los "presos políticos" del gobierno y llamar al pueblo a votar "como lo ha hecho en las calles" en las protestas antigubernamentales de 2018, cuya represión dejó al menos 328 muertos y 2.000 heridos, según grupos humanitarios.

El gobierno atribuyó la revuelta a un fallido golpe de Estado promovido por Washington y ha criminalizado las protestas.

FUENTE: Con información de AFP

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