El complejo panorama político en Venezuela podría comenzar a aclararse en las próximas horas si prospera la propuesta que la oposición venezolana presentará en la reunión de este domingo con representantes del Gobierno y del Vaticano.
Según ha explicado el Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Jesús Chuo Torrealba la coalición de oposición acudirá a la reunión concertada a través de la Santa Sede para proponer que se recobre la agenda electoral en el país; bien sea para reactivar el proceso del referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro o acordar la realización de comicios generales para todos los cargos de elección popular en el país.
Esto implicaría realizar elecciones para relegitimar en sus cargos o designar nuevo presidente, 167 diputados ante la Asamblea Nacional, 23 gobernadores de estados y 237 legisladores regionales, 335 alcaldes, 2.435 concejales, 69 representantes indígenas municipales, 2 alcaldes metropolitanos y 20 concejales a cabildos distritales.
No obstante, podría darse el escenario en que se convoquen elecciones generales y que los 18 partidos políticos que integran a la MUD (AD, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, etc.); así como la propia Mesa de la Unidad no sean reconocidos por la autoridad electoral dejando a la oposición sin representación política formal ante el organismo comicial y en los tarjetones de votación.
Megaelecciones en 2017
Aunque para el chavismo la posibilidad de que se realice un referendo revocatorio en 2016 o durante el año 2017 no puede entrar en la agenda de conversaciones con la oposición la posibilidad de realizar unas megaelecciones si cuenta con el aval parcial de algunos de los liderazgos de la Revolución Bolivariana.
No obstante, la propuesta de elecciones generales no es nueva. Forma parte de la agenda de conversaciones que a principios del año 2016 intentó posicionar el ex Jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
En esta agenda no se incluía la posibilidad de realizar la consulta popular sobre la continuidad de Nicolás Maduro en la presidencia del país; pero en cambio se ofrecía a la oposición elecciones generales en 2017, garantizar equilibrio institucional en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y lograr la liberación de algunos de los presos políticos o en su defecto que recibieran penas accesorias como la de casa por cárcel.
En una semana se posicionó el 2017
La posibilidad de realizar elecciones generales en 2017 se desestimó por la solicitud de la MUD de activar el referendo revocatorio en contra de Maduro; sin embargo la paralización de este evento ordenada por cinco jueces de competencia penal (que admitieron denuncias de fraudes en la etapa de recolección de firmas equivalente a 1% de los electores inscritos en el Registro Electoral) volvió a colocar sobre el mesa de discusión la posibilidad de relegitimar todos los cargos de elección popular el próximo año.
El viernes 21 de octubre el CNE acordó la suspensión del revocatorio; no obstante tres días antes (el 19 de octubre) la presidenta del organismo comicial había anunció que las elecciones de gobernadores previstas para diciembre de 2016 se realizarían a finales del primer semestre de 2017 y que las elecciones municipales se convocarías para finales del segundo semestre de 2017.
El mismo día que el CNE anunció el calendario electoral 2017 el presidente Maduro explicó que las organizaciones políticas que no se han reinscrito ante el CNE: “no podrán participar en las elecciones regionales si no aclaran su situación”.
Por otra parte, el mismo día que el CNE pospuso el revocatorio (21 de octubre)
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia reactivó el proceso de reinscripción de todos los partidos políticos del país (paralizado por este instancia en marzo de 2016)
Según ratificó la Sala Constitucional todos los partidos políticos nacionales que no se presentaron a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 o a las elecciones presidenciales de 2013 o que habiendo participado en los últimos comicios parlamentarios no lograron obtener 1% de los votos lista tendrán seis meses para cumplir con los requisitos del CNE.
Esta decisión provoca que todas las fuerzas políticas del país deban (porque obtuvieron más del 1% de los votos en las elecciones parlamentarias) renovar su nómina de inscritos ante el organismo comicial.
Deben recoger huellas
El trámite para que los partidos políticos eviten la ilegalización es tan complejo como la recolección de firmas que exigía el organismo comicial para avalar la convocatoria de un referendo revocatorio en contra de Maduro.
La normativa del CNE para que los partidos eviten la ilegalización (la norma se aprobó en marzo del año 2016) incluye la recolección de firmas y huellas; además de la prohibición expresa a la doble militancia.
Según lo establecido en las “Normas para la renovación de nóminas de inscritos de las organizaciones con fines políticos” los partidos deben entregar al organismo comicial el listado de sus militantes en, al menos, 12 estados.
Cada partido debe tener como militantes a un número equivalente a 0,5% los ciudadanos inscritos para votar en cada entidad. Una vez consignados estos listados, el CNE llamará a los militantes de cada partido a acudir a las sedes regionales del organismo comicial para autenticarse biométricamente; organización que no cumpla con este proceso o con la cuota de militantes en cada estado será ilegalizada definitivamente.
Como ocurrió en el caso de la recolección de firmas para el 1%, el CNE permitirá que los listados de militantes sean públicos y puedan ser impugnados por otros ciudadanos.
Este complejo proceso se une a las demandas solicitando la inhabilitación de la MUD por las mismas razones que se argumentaron para que cinco jueces penales paralizaron el proceso del revocatorio por supuesto fraude en la recolección de firmas para avalar el revocatorio a Maduro.
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