LONDRES.- De "histórico" y "sin precedentes". Así calificó la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, la decisión de su homóloga de la Corte Penal Internacional, la gambiana Fatou Bensouda, de que analizará las denuncias que en los últimos meses ha recibido sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades durante la represión a la ola de protestas que sacudió al país entre abril y julio de 2017.

“Esto es un hecho histórico, sin precedentes. Jamás la Corte Penal había puesto su atención sobre Venezuela”, afirmó la funcionaria en conversación telefónica con DIARIO LAS AMÉRICAS desde Bogotá (Colombia), donde se encuentra desde que en agosto pasado fuera removida de su cargo por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, donde anunció que seguirá enviando información al organismo para que amplíe su mirada.

Vamos a seguir trabajando porque consideramos que no solo se deben investigar los hechos ocurridos a partir de abril de 2017 sino también los de antes. Los ajusticiamientos. Más de 8 mil venezolanos fueron ajusticiados desde 2013. La Corte también debe analizar los juicios militares, los casos de los cientos de detenidos arbitrariamente y que fueron incomunicados o han sufrido otro tipo de torturas”, aseveró.

Ortega Díaz se mostró convencida de que la decisión de Bensouda fue producto de la denuncia que en noviembre pasado interpuso contra el presidente Nicolás Maduro, los ministros de la Defensa e Interior, generales Vladimir Padrino López y Néstor Reverol Torres, respectivamente; y contra el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López; y el ex comandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides.

"¿Quién más ha denunciado en La Haya y lo ha hecho con pruebas? Nosotros llevamos 1.690 evidencias", remató.

La opinión de Ortega Díaz fue compartida por el coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui; y el catedrático universitario de Derecho Penal, Fernando Fernández.

"Este es un paso positivo por el mensaje que se emite: En Venezuela hay una situación grave que pudiera ameritar iniciar un procedimiento ante la Corte", afirmó Uzcátegui, mientras que Fernández remató: "Esto es lo que tiene que hacer un Fiscal cuando recibe una denuncia o tiene conocimiento de un presunto delito: Determinar si la información tiene sustento".

¿Y ahora qué?

El paso dado por Bensouda no supone que el presidente Nicolás Maduro ni ningún otro funcionario venezolano esté siendo investigado. Así lo aclaró ella misma en su comunicado, en el cual indicó: “Este es un proceso por el cual se examina la información disponible para determinar, con pleno conocimiento de causa, si existe fundamento razonable para proceder a una investigación de conformidad con los criterios establecidos por el Estatuto de Roma”. Empero la misma no tiene precedentes en el caso venezolano.

Desde que en julio de 2002 el país quedó sometido a la jurisdicción de la Corte de La Haya, esa instancia ha recibido al menos seis denuncias contra el fallecido Hugo Chávez y su sucesor, pero ninguna fue tomada en consideración. La primera fue interpuesta por los ahora directores del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, por los sucesos del 11 de abril de 2002 y posteriormente fue ampliada por los actos de persecución política sufrida por quienes participaron en el paro petrolero de ese mismo año o por aquellos que firmaron a favor del referendo revocatorio presidencial celebrado en agosto de 2004.

Antes de que Ortega Díaz acudiera a la instancia un grupo de senadores chilenos y colombianos formularon un señalamiento similar y la Organización de Estados Americanos (OEA) celebró una serie de sesiones para determinar si en Venezuela se habían cometido alguno de los delitos establecidos en el Estatuto de Roma.

Sin fecha

El "examen preliminar" es el paso previo que toma la Fiscalía de la Corte para decidir si abre una investigación formal o no contra un Estado, contra una individualidad o un grupo de personas. El reglamento del juzgado no fija un lapso para esta etapa, pero en el marco de ella el despacho de Bensouda podrá solicitar más información a los denunciantes o requerirla ella al Estado si lo considera pertinente.

Hasta esta decisión, solo denuncias relacionadas con Colombia y Honduras estaban siendo analizadas, de acuerdo con un informe presentado por el profesor mexicano José Antonio González Bermúdez, miembro de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos del país azteca.

La denuncia colombiana está relacionada contra los crímenes que las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los paramilitares y el Ejército y policía colombianas han cometido contra la población civil; y el segundo por los crímenes que se han cometido cometer desde el derrocamiento de Manuel Zelaya en 2009.

Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía no ha presentado a los magistrados ningún caso relacionado con América Latina. En sus 16 años de existencia la Corte se ha enfocado en África, lo cual le ha valido las críticas de no pocos sectores por no prestar atención a lo que ocurre en otras latitudes.

Pese a este mal precedente fuentes cercanas a Ortega Díaz se muestran confiadas en que el caso venezolano no terminará en una gaveta. “Los crímenes son muy graves, están bien documentados en decenas de cajas donde hay miles de pruebas. Además el mundo está al tanto de lo que está ocurriendo”, dijo el confidente.

La demanda que la removida Fiscal presentó a la Corte fue elaborada por un equipo integrado por el jurista español Blas Imbroda, presidente del Colegio de Abogados Penales Internacionales, una organización una organización creada en 2002 con el propósito de impulsar la justicia penal internacional y así evitar que crímenes graves queden impunes en el mundo.

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