MANAGUA .- El régimen de Daniel Ortega nacionalizó la empresa Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) dos días después de que Estados Unidos sancionara a esa firma porque la familia del gobernante sandinista la utiliza para su enriquecimiento personal mediante contratos no competitivos con instituciones del régimen.

La iniciativa fue aprobada con celeridad por la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el partido gobernante, el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y entró en vigor a los minutos de su publicación en La Gaceta Diario Oficial del país. La medida declaró los inventarios de combustibles y otros activos de la compañía un asunto de “seguridad ciudadana e interés nacional” y permite a la familia presidencial manejarlos de manera confidencial.

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El régimen señaló que la medida busca “garantizar el suministro confiable, continuo, eficiente, seguro, adecuado e ininterrumpido de los combustibles y productos de los derivados del petróleo”, un negocio rentable del que se había apropiado Ortega y su familia con la ayuda de los recursos petroleros de Venezuela.

La diputada opositora Azucena Castillo dijo que esta nacionalización permitirá al gobierno “seguir lavando dinero”. Castillo comparó el caso de la DNP con el del Banco Corporativo (Bancorp) que cerró operaciones en abril después de que Washington lo sancionara por transferencias ilícitas de fondos a Venezuela. Bancorp era propiedad de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), la subsidiaria de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sancionada por corrupción y lavado de dinero por el Departamento del Tesoro.

“Con esta ley enviada apresuradamente a la Asamblea se pretende evitar que la familia Ortega pierda lo invertido en los inventarios de combustibles y petróleos”, comentó por su parte el político José Pallais, directivo de la opositora Alianza Cívica.

La nueva Piñata sandinista

La ley pretende que el "Estado pague sus inventarios" de combustible, en una suerte de “indemnización” para Ortega y allegados, dijo. Están “creando una nueva piñata con el dinero de todos los nicaragüenses", agregó, en alusión a la "repartición" de haciendas, empresas y mansiones hecha por los sandinistas en 1990, tras la derrota electoral del primer gobierno de Ortega, "repartición" que los contribuyentes nicaragüenses continúan pagando a los confiscados por el primer régimen sandinista.

Hasta ahora, el pueblo nicaragüense ha pagado más de 1.300 millones de dólares producto de las propiedades en manos de sandinistas.

Washington anunció el jueves sanciones más recientes contra Rafael Antonio Ortega Murillo, hijo del gobernante, por lavado de dinero y corrupción. También sancionó a Inversiones Zanzíbar S.A. y Servicio de Protección y Vigilancia S.A., que el secretario del Tesoro estadounidense Steven T. Mnuchin describió como dos compañías que Ortega hijo “posee y utiliza para lavar dinero a fin de sostener al régimen de Ortega a costillas del pueblo nicaragüense”.

Mientras la DNP es dirigida por Yadira Leets, la esposa de Rafael Antonio Ortega Murillo.

El gobernante de Nicaragua viajó el sábado a La Habana para asistir a una cumbre del bloque regional izquierdista conocido como ALBA.

Según el proyecto de ley aprobado el sábado, compañías designadas por el gobierno administrarán el combustible y otros derivados de petróleo pertenecientes a la DNP.

Las sanciones de Washington prohíben a la DNP efectuar transacciones con compañías petroleras y bancos en Estados Unidos.

“Las sanciones han golpeado fuertemente el bolsillo de los Ortega-Murillo. DNP e Inversiones Zanzíbar eran la gallina de los huevos de oro en el lucrativo negocio petrolero y energético”, afirmó en un tuit el líder opositor Félix Maradiaga, en referencia a la familia de Ortega y la primera dama, y vicepresidenta Rosario Murillo.

FUENTE: CON INFORMACIÓN DE AP

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