Lima.-Tras apenas 5 meses de mandato, el presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, se halla en una racha política de escándalos, controversias y hasta investigaciones judiciales, habiendo ya sobrevivido a un posible intento de destitución desde el Congreso y con un alto nivel de rechazo a su gestión por parte de la opinión pública, según las encuestas.
El cierre del año 2021 no es halagador para el mandatario peruano si se considera la inestabilidad y trayectoria errática que ha tenido su gobierno: 2 jefes de Gabinete, 11 cambios de ministros (con uno de ellos censurados por el Congreso), contradicciones entre el Presidente y su jefe de Gabinete, y la renuncia de su secretario y mano derecha por escándalos de corrupción.
También se cuenta un intento de allanamiento y declaración ante la Fiscalía por supuestas injerencias del Ejecutivo en los ascensos de la Fuerza Armada Peruana, una institución de mucha tradición y respeto a los escalafones.
“Al margen de los intentos de vacancia (destitución), más de la mitad de los peruanos no cree que el presidente pueda terminar sus cinco años de gobierno” escribe Patricia Zárate, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en la presentación de la encuesta de diciembre 2021, que muestra un nivel de rechazo de 60% a la gestión de Castillo, frente a 28% de aprobación y 12% de indecisos.
Otros dos estudios principales, los de Ipsos Perú y CPI Perú, ubican en 58% y 65%, respectivamente, el rechazo a Castillo, mientras que la aprobación estaría en 36% y 25%, respectivamente.
El estudio de IEP determina que “prima una imagen negativa, que se ha incrementado en los últimos tres meses. Un 42% cree que Castillo se preocupa por los que menos tienen (antes llegaba a 53%) y 62% considera que tiene poco o nada de capacidad para gobernar”.
Contratos e intermediarios
La opinión pública peruana, relativamente acostumbrada a los enfrentamientos y controversias en la arena política, ha visto cómo los errores del propio Castillo y sus colaboradores se han saldado en una media de un escándalo cada dos días, de acuerdo con una medición elaborada por el reputado diario El Comercio.
La lista es variada. El excanciller Héctor Bejar debió renunciar tras las duras críticas sufridas al conocerse un discurso que dio antes de asumir el cargo, en el que aseguraba que la Marina peruana había “iniciado el terrorismo en Perú”.
El exministro de Defensa, Walter Ayala, renunció tras la denuncia de dos altos mandos militares de que recibieron presiones desde el palacio de Gobierno para el ascenso injustificado de varios oficiales militares. Por este caso hay una investigación judicial abierta, que provocó que el mismo martes 28 de diciembre el presidente Pedro Castillo declarara en calidad de testigo ante un fiscal durante más de 4 horas, para responder a un cuestionario de más de 50 preguntas.
El exministro de Educación, Carlos Gallardo, fue censurado por el Congreso y obligado a dimitir hace un par de semanas por considerarlo involucrado en la filtración de la prueba docente magisterial. Asimismo, a Gallardo se le percibe como cercano a Fenate, un gremio de maestros fundado por el presidente Pedro Castillo, y que cuenta entre sus miembros y dirigentes a ex militantes del Movadef, brazo político de la agrupación terrorista Sendero Luminoso.
El anunciado embajador en Venezuela, Richard Rojas, no llegó a asumir funciones en Caracas porque le fue dictada prohibición de salida del país, por un juez que lo investiga por el presunto financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Pedro Castillo.
El exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, dejó sus funciones tras varios escándalos, que incluyen el hallazgo de 20.000 dólares en efectivo en un baño del palacio presidencial; una investigación judicial por supuestas presiones al jefe de la agencia tributaria para beneficiar a ciertos empresarios privados; otra investigación por presuntas negociaciones con una lobbysta, Karelim López, para otorgar un millonario contrato de combustibles de la estatal Petroperú a un empresario afín; y otro investigación judicial, también con Karelim López, por supuesto tráfico de influencias en un contrato de obras de vialidad por 55 millones de dólares.
La firma de análisis de riesgo político Eurasia, en un boletín a sus clientes, estimó a principios de diciembre, aunque Castillo superó una primera escaramuza parlamentaria de destitución, “no significa que está a salvo”, previendo que “un nuevo esfuerzo del Congreso para destituirlo muy probablemente ocurrirá antes de que llegue a la mitad de su mandato de cinco años, y posiblemente tan pronto como en los próximos meses”.
El presidente carece de una mayoría en el Congreso y enfrenta la oposición de los dos grupos conservadores (de derecha) que venció en las elecciones generales, pero también de un segmento de su propio partido, Perú Libre, que promueve una agenda de izquierda más profunda, advierte Eurasia.
“En este contexto, el riesgo de inestabilidad del gobierno permanecerá elevado, a medida de que más legisladores se sumen al esfuerzo de destitución” del presidente, considera Eurasia, “sobre todo si emergen nuevos errores de Castillo y sus números de aprobación colapsan”.
Según IEP, seis de cada diez peruanos creen que Pedro Castillo no terminará su gobierno.
Incertidumbre económica y política
Otros problemas e incertidumbres rodean la presidencia de Castillo. Al ruido político se le suman las dificultades económicas como inflación, costo de la vida y reactivación económica, y particularmente la relación con los inversionistas privados en un gobierno de izquierda que en su campaña electoral pregonó la justicia social y la revisión de contratos en actividades extractivas.
La propia desconfianza sobre la estabilidad política en Perú impulsó el tipo de cambio al cierre de 2021 a 3,97 soles por dólar, una cotización casi 10% por encima del precio de cierre de 2020, de 3,62 soles por dólar. Con la llegada de Castillo al poder el dólar superó la barrera de los 4 soles, manteniéndose sobre ese piso durante casi todo el segundo semestre.
En este contexto, Perú no escapa del fenómeno inflacionario global, ubicándose en 5,66% en noviembre en términos anuales, “impulsada por el mayor precio de los alimentos con alto contenido importado, los combustibles; así como por la depreciación del sol” ante el dólar, informó el Banco Central peruano. Este 5,66% se halla por encima del rango meta de 1% a 3% previsto por el Banco Central en su política monetaria.
El alto costo de la vida es, según las encuestas, el principal problema de los peruanos. El estudio del CPI reporta que 24,1% de los encuestados perciben el alza de precios de primera necesidad (comida y combustible) como “el problema más grave del país que debería ser resuelto prioritariamente por el actual gobierno”.
En segundo renglón figuran la inseguridad ciudadana y delincuencia, con 19,8%. Más lejos en tercer lugar aparece el desempleo y la falta de trabajo con 9,5%, un dato considerable en un país donde la informalidad laboral supera el 70%, y se agravó con la pandemia del COVID-19.
La vacunación contra el coronavirus ha promovido que la pandemia no figure entre los principales problemas de los peruanos, que aún no sienten el pico de contagios visto en otros países por la variante ómicron, de la cual se cuentan menos de 100 casos en el país.
Según el gobierno 88% de la población mayor a 12 años ha recibido al menos dos dosis de la vacuna.
Por otra parte, la retórica anticapitalista del partido de Castillo y sus congresistas, e incluso de algunos funcionarios del gobierno, ha promovido la incertidumbre sobre el respeto a la propiedad privada y al Estado de derecho.
Ejemplo de ello es la operación minera Las Bambas, propiedad de la china MMG, que explota una mina de cobre en el sur de Perú que produce 2% del mineral del mundo. Este yacimiento a mediados de diciembre suspendió sus actividades hasta nuevo aviso debido a bloqueos de vías y conflictos sociales con comunidades locales, que reclaman recibir contratos con la empresa minera.
En el sector minero también se advierte sobre la intención del gobierno de elevar los tributos a la actividad, en momentos en que ya hay temores a que las inversiones se contraigan por la inestabilidad política y social.
Eurasia considera que “Castillo ha sido errático desde que asumió el cargo en julio pasado, enviando mensajes conflictivos sobre la estabilidad jurídica en asuntos clave como la minería y otras actividades extractivas”.
Según el Banco Central, las expectativas de inversión y de desempeño de la economía entre las empresas se encuentran en el tramo pesimista.
