El país depende de combustibles importados para abastecer el grueso de su mercado interno.
UnsplashPerú no escapa a la ola inflacionaria que azota la economía global, como consecuencia de una mezcla de factores como el impacto en la oferta de bienes y servicios por la pandemia del covid-19, y la disrupción en los mercados mundiales por la guerra en Ucrania, que ha impulsado los precios del petróleo a cerca de 100 dólares por barril, y elevado el precio de los alimentos como cereales.
En apenas seis meses de 2022 el índice inflacionario peruano ya supera ampliamente el rango meta previsto para todo el año, de entre 1% y 3%. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática peruano (INEI) la inflación alcanzó una variación anualizada de 8,81% en junio, con una variación acumulada en el primer semestre de 4,44%.
Entre junio de 2021 y mayo de 2022, los datos más recientes disponibles, la inflación en Alimentos y Energía fue de 11,7%. El aumento de los precios de los combustibles importados, de los cuales Perú depende para abastecer el grueso de su mercado interno, se reflejaron en que solamente en junio el rubro Transporte aumentó 3,24%.
“El aumento de precios en Transporte se debe a los mayores precios observados en combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal (9,5%) como gasolina (11,0%), petróleo diésel (5,6%), gas licuado de petróleo vehicular (3,0%), aceite de motor (0,7%) y gas natural vehicular (0,7%); el transporte de pasajeros por carretera (3,1%) como pasaje en ómnibus y microbús (6,3%), combi (4,0%) y taxi (1,6%); también, el transporte de pasajeros por aire (3,0%) como el pasaje aéreo internacional (3,5%) y nacional (1,6%)”, indica el INEI en su reporte.
Otro rubro que destaca por el alza de precios es alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentó 1,88%. Según el INEI, aquí se observa el crecimiento en los precios del grupo leche, quesos y huevos (6,1%) por el aumento de los huevos de gallina (19,7%); carne (2,2%) como gallina eviscerada (4,8%) o pollo eviscerado (4,3%).
El Banco Central de la Reserva de Perú, cuya misión fundamental es preservar la estabilidad monetaria, indicó en su Reporte de Inflación de junio que “se proyecta que la inflación interanual retorne al rango meta entre el segundo y tercer trimestre del próximo año”.
Esta predicción considera que debe producirse una estabilización local del tipo de cambio (que durante los últimos 12 meses ha oscilado entre los 3,63 y 4,14 soles por dólar, afectado por la inestabilidad política peruana), además de una moderación de los precios internacionales de combustibles y granos, “en un contexto en que la brecha del producto se irá cerrando gradualmente, y donde continúa el retiro gradual del estímulo monetario”.
Para el economista Jorge González Izquierdo, exministro del Trabajo y profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, la aceleración de la inflación en Perú ha tenido dos rasgos durante 2022. Uno es que “ya comenzó a esparcirse al resto de la economía, no solo alimentos y combustibles, y eso hace más difícil combatirla”. Y lo segundo es que “las expectativas de inflación de los agentes económicos están empeorando (llegando a casi 5 puntos para los próximos 12 meses). Hay pesimismo”.
Resalta González Izquierdo que, aunque el Banco Central ha tomado las medidas adecuadas para contener los precios, como los aumentos de las tasas de interés de referencia, el gobierno del presidente peruano Pedro Castillo “ha fallado en el diseño de políticas destinadas a producir alivio temporal a los sectores más necesitados de la sociedad peruana”.
Explica que el gobierno de Castillo confió en dos mecanismos antiinflacionarios que “no han dado resultados”. Uno fue la eliminación del Impuesto Selectivo al Consumo a algunos tipos de combustibles, y el otro fue la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (una tasa de 18%) de cinco alimentos esenciales: pollo, huevos, leche, harina de trigo, fideos, azúcar y productos cárnicos.
El fracaso de estas medidas dice González Izquierdo, “obligó al gobierno a cambiar radicalmente de estrategia y hoy día ha implementado transferencias monetarias a segmentos claramente definidos, como un nuevo bono alimentario y entrega de dinero para ollas comunes y comedores populares”.
Esta semana el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, informó al Congreso peruano que se pretende dar un “bono alimentario” de casi 80 dólares por persona como “medida de corto plazo que beneficiará a los sectores de menores ingresos”.
El programa apuntaría a cerca de 6,57 millones de personas, y significaría un gasto de unos 526 millones de dólares. Según Graham, “el bono alimentario es un complemento al ingreso que puede tener una persona a fin de mitigar el incremento en el precio de los alimentos”, añadiendo que “en el mediano y largo plazo, apuntamos a la generación de empleo como la forma más eficiente de desarrollar y mantener un ingreso para las familias”.
El mes pasado la Comisión Económica para América Latina (Cepal) advirtió en un informe especial que “la mayor inflación”, junto con “la desaceleración económica y la lenta e incompleta recuperación de los mercados laborales aumentarán la pobreza, la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria en la región en 2022”.
El reporte, que analiza los impactos de la guerra en Ucrania sobre América Latina, explica que la inflación en la región empezó a acelerarse desde el 2021, cerrando en una media de 6,6%, y avanzando hasta 8,1% en abril de 2022.
El economista González Izquierdo asegura que durante 2022 Perú ha presentado “dos problemas de urgente solución, la inflación creciente; y el ritmo lento e insuficiente del crecimiento de la producción, el empleo y los ingresos de los trabajadores.
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