El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes.
AP/Luis Romero, ArchivoEL SALVADOR.- Mauricio Funes, que vive en Nicaragua bajo la protección del dictador Daniel Ortega que en 2019 le otorgó la nacionalidad para evitar su extradición, no está presente en el juicio. El exmandatario no nombró abogado defensor, por lo que le fue asignado uno de oficio.
Una reforma penal aprobada en septiembre de 2022 permite realizar juicios con imputados ausentes.
Funes (2009-2014) enfrenta cargos por los delitos de agrupación ilícita e incumplimiento de deberes y, de ser encontrado culpable, podría recibir una condena de hasta 16 años de prisión. A Munguía Payes, que enfrenta los mismos cargos, se le suma el delito de actos arbitrarios y podría recibir una condena de hasta 20 años.
En los alegatos finales la Fiscalía afirmó que “con base a la prueba desfilada en el juicio se ha comprobado la existencia de los delitos que se le imputan a los procesados” y solicitó al Tribunal Especializado de Sentencia que emita una condena.
Aseguró que ambos funcionarios omitieron y se excedieron en sus obligaciones y que violentaron el protocolo de seguridad. A su vez destacó que al menos tres testigos relataron durante el juicio las reuniones en las cárceles entre los cabecillas de las pandillas Mara Salvatrucha y las dos facciones del Barrio 18, con conocimiento del expresidente Funes y del general Munguía Payés, lo que permitió el fortalecimiento de esos grupos criminales.
Los testigos -entre ellos el obispo católico Fabio Colindres y el exministro de Seguridad y exdirector del Organismos de Inteligencia del Estado, Ricardo Perdomo- dijeron en el juicio que Funes y el general Munguía Payes estaban enterados de todos los pormenores de los acuerdos de la tregua.
El obispo explicó que la tregua inició en marzo de 2012 con una reunión en la cárcel de máxima seguridad conocida como Zacatraz donde estaban recluidos los cabecillas de las pandillas y que en el proceso pactaron no agredirse y bajar los índices de homicidios a cambio de beneficios para ellos.
Pidieron ser trasladados del penal de máxima seguridad a cárceles comunes, que se les permitieran las visitas íntimas y la posibilidad de tener celulares, entre otros beneficios.
Luego de esa reunión se realizó el traslado de los cabecillas a cárceles donde estaban recluidas “sus bases” para explicarles el acuerdo.
Las llamadas maras o pandillas tienen presencia en populosos barrios y comunidades del país y están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. También extorsionan a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.
FUENTE: AP
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