El Gobierno de Daniel Ortega anunció el pasado 16 de abril que aumentaría la taza de cotizaciones al Instituto de Seguridad Social (INSS). La decisión fue anunciada por el presidente del INSS, Roberto López, quien leyó ante medios oficiales un decreto ejecutivo que reformaba ocho artículos de su reglamento, transformando las cuotas que aportan los empleados, los empresarios y el Estado. El anuncio desató una ola de protestas que han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado y se han cobrado la vida de tres personas.
¿De qué trata la reforma?
Según lo dispuesto, los empleadores aplicarán un incremento de un 21 por ciento a las cotizaciones al INSS de sus trabajadores a partir de julio de este año y del 22 por ciento en 2019.
Adicionalmente se estableció la cotización perpetua, ya que los jubilados aportarán un 5% de la pensión en concepto de cobertura de enfermedades, pero además se le recortará en la cuantía de su pensión, las asignaciones familiares por esposa o esposo inválido, del 15 al 13,5 por ciento y se reducirá de 10 a 9 % por cada hijo menor de 15 años o ascendientes a su cargo mayores de 60 años.
Lea también: Se agravan las escenas de represión y sangre en Nicaragua
Las reformas también eliminan el salario máximo para cotizar, que hasta ahora es de 88.005,78 córdobas (unos 2.818 dólares), pero a partir del 1 de julio si un trabajador devenga más que ese sueldo, su cotización será de 7 % en base a su salario bruto.
¿Cuál es el argumento para el aumento?
El Gobierno dijo que la reforma salvaría de la quiebra al INSS, que afronta un déficit superior a los 75 millones de dólares. Según López, las reformas buscan "garantizar la sostenibilidad financiera de la institución". Aseguró que no se aumentarán la cantidad de semanas de cotización al INSS, establecidas en 750, ni la edad de jubilación, que actualmente es de 60 años.
¿Cuál es el contexto en el que se produce la reforma?
El Fondo Monetario Internacional (FMI) había sugerido al Gobierno aumentar a 65 años la edad de jubilación y duplicar las semanas de cotizaciones al INSS, lo que fue rechazado por los sindicatos.
La población de trabajadores asegurados aumentó de 420.000 personas en 2006 (cuando el actual presidente Daniel Ortega llegó al poder) a 914.000 en abril del 2017, de acuerdo a datos oficiales del INSS.
La decisión se tomó a nivel ejecutivo y "sin consenso" con la empresa privada, con la cual el Gobierno tiene una "alianza económica estratégica" pero no logró acuerdos.
¿Cuáles son las críticas que se le hacen a la reforma?
"Estas son medidas muy fuertes", comentó el economista Néstor Avendaño, para quien insolvencia de la entidad "no se resolverá aumentando cotizaciones, sino reduciendo gastos en el INSS".
Avendaño atribuyó la inviabilidad financiera a que el ingreso medio en el sector formal es muy bajo (el salario mínimo mensual equivale a 180 dólares) y a que el número de cotizantes disminuye anualmente frente a la población de jubilados.
¿Qué sectores se han manifestado en contra de la reforma?
La Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) pidió al Gobierno la suspensión de la reforma de la seguridad social por considerarla lesiva contra la economía y un detonante en la escalada de violencia.
Lea también: La policía nicaragüense recrudece la represión frente a las protestas
Por su parte, el Consejo Superior de la Empresa Privada consideró que “Las amenazas que nos están implicando son más desempleo, más informalidad, menos consumo, menos competitividad y obviamente va a tener un impacto en el clima de negocios”, dijo su presidente José Adán Aguerri.
Luego que se desatara la violencia en las calles por los enfrentamientos entre quienes rechazan la reforma y quienes la apoyan varios organismos que hacen vida en Nicaragua también se manifestaron a favor del diálogo. Así fue el caso del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) que han pedido que se respete el derecho a la manifestación y a la libertad de expresión.
¿Qué ha dicho el Gobierno?
El presidente Daniel Ortega no se ha pronunciado hasta ahora. En tanto, la vicepresidenta, Rosario Murillo, se pronunció en la madrugada de este viernes y exigió castigo a quienes alientan las protestas. Además, los llamó "tóxicos, malos hijos y gente mezquina”.
“Tanta sangre derramada y no les basta, parecen vampiros reclamando sangre para nutrir su agenda política, para alimentarse porque el vampiro se alimenta con sangre, cree que con eso logra avances en sus agendas políticas”, dijo.
FUENTE: REDACCIÓN/dpa
