El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció la suspensión temporal de su participación en el proceso de transición en enero
El presidente electo Bernardo Arévalo, a la derecha, y su vicepresidenta Karin Herrera dan una conferencia de prensa en la Ciudad de Guatemala, el lunes 28 de agosto de 2023.
APCIUDAD DE GUATEMALA.- El partido del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, formalizó una denuncia contra varios miembros de la Fiscalía de ese país, incluida la fiscal general Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana, por presunto "abuso de autoridad con propósitos electorales", como resultado de las medidas y registros emprendidos en los últimos meses.
El propio Arévalo argumenta que Orellana, Porras y otros altos funcionarios de la Fiscalía, como el responsable de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y la auxiliar Cintia Monterroso, han llevado a cabo una "nueva escalada en el intento de golpe de Estado en curso que comenzó al finalizar la primera vuelta electoral".
"Como presidente electo, me dirijo a estos funcionarios para exigirles que renuncien inmediatamente de sus cargos, que cesen este asalto agresivo a la Constitución y detengan esta persecución comandada por grupos y élites mafiosas", indicó Arévalo.
El Movimiento Semilla informó en sus redes sociales sobre la presentación de querellas contra estos funcionarios y ha solicitado un antejuicio contra la fiscal general. La solicitud de antejuicio busca eliminar la inmunidad que Porras disfruta debido a su cargo actual.
El presidente electo anunció la suspensión temporal de su participación en el proceso de transición para el traspaso del poder en enero.
Las tensiones políticas en Guatemala se han intensificado desde que el Movimiento Semilla sorprendió en la primera vuelta electoral celebrada el 25 de junio. En respuesta, el Ministerio Público guatemalteco tomó numerosas acciones con la intención de invalidar los resultados o ilegalizar al partido político, lo que ha generado críticas por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.
La polémica más reciente surgió tras un registro realizado por la Fiscalía en las instalaciones del Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), en el cual los agentes abrieron cajas con votos. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) expresó su preocupación al afirmar que esta operación puso en riesgo la cadena de custodia del voto y, en última instancia, amenazó todo el proceso democrático del país.
FUENTE: Con información de Europa Press
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