miércoles 2  de  septiembre 2026
POLÍTICA

¿Qué busca Daniel Ortega con el cerrojo electoral a opositores en Nicaragua?

La reforma constitucional aprobada por el sandinismo amenaza con cerrar los últimos espacios de competencia electoral en Nicaragua y consolida el poder de Ortega

SAN JOSÉ.– Nicaragua aprobó una reforma constitucional que prohíbe a sectores de la oposición participar en elecciones y amplía el mandato de Daniel Ortega, una medida que apunta a garantizar la continuidad del poder en manos de la familia del octogenario exguerrillero.

Ortega y su esposa, Rosario Murillo, dieron una nueva vuelta de tuerca a su control político al impulsar la aprobación de una enmienda que cierra aún más la puerta a una transición democrática, tras dos décadas de un régimen dictatorial marcado por la concentración de poderes y una fuerte represión contra sus adversarios.

¿Qué se aprobó?

La Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó el martes una reforma que impide participar en los comicios a quienes sean considerados “traidores a la patria”, así como a personas vinculadas con intentos de golpe de Estado o que promuevan una “intervención militar” o “bloqueos económicos”.

La pareja gobernante utiliza de manera recurrente esas acusaciones contra sus adversarios políticos.

Además, el Legislativo amplió de seis a siete años el período de los actuales cargos de elección popular y el de los jefes de las Fuerzas Armadas. La reforma también otorgó nuevas facultades al poder electoral para cancelar partidos políticos y sancionar a candidatos.

De ser "reelegidos" a finales de 2028, Ortega y Murillo podrían permanecer en el poder hasta 2036.

La reforma deberá ser ratificada durante una segunda legislatura, en enero de 2027. En la práctica, sus disposiciones podrían profundizar el dominio del FSLN y reducir aún más los espacios para la competencia política.

¿Cuál es el objetivo?

Ortega, de 80 años, y Murillo, de 75, endurecieron su control sobre el país después de las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, según Naciones Unidas.

Tras las protestas, miles de nicaragüenses se exiliaron, entre ellos dirigentes opositores, intelectuales, periodistas y religiosos. A muchos de ellos se les retiró la nacionalidad y se les acusó de “traición a la patria”.

Durante la campaña electoral de 2021, los principales rivales de Ortega fueron encarcelados antes de los comicios, dejando prácticamente anulada a la oposición dentro del país.

Ortega, quien enfrenta problemas de salud, camina con dificultad, mientras varios de sus hijos ocupan posiciones estratégicas dentro del aparato estatal. Opositores y analistas advierten que el régimen estaría preparando una eventual sucesión familiar.

Para Rebecca Bill, presidenta de Diálogo Interamericano, Ortega y Murillo no necesitan adoptar medidas adicionales para imponerse en unas elecciones, debido a que la oposición “ya ha sido aplastada y las instituciones democráticas destruidas”.

“El objetivo es asegurarse de que haya la menor incertidumbre posible sobre lo que ocurra después de Ortega. Las elecciones crean incertidumbre, lo mismo que las instituciones independientes y una oposición real, y por eso han eliminado las tres”, dijo Bill.

Por otra parte, la ampliación del mandato permitiría a los gobernantes atravesar el actual período de presión ejercida por el presidente estadounidense Donald Trump y posponer una eventual negociación sobre las condiciones de futuras elecciones, según el exdiputado nicaragüense Eliseo Núñez.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias?

Estados Unidos pidió este miércoles a sus socios romper vínculos con Nicaragua y sostuvo que las “dictaduras” no deben beneficiarse de las ventajas políticas y económicas reservadas a las democracias.

Washington, principal socio comercial de Nicaragua y que ya ha impuesto sanciones contra figuras del régimen, impulsa una reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) para analizar posibles medidas contra Managua.

Antes de su aprobación, la reforma también había sido condenada por la Unión Europea.

“La comunidad internacional necesita coordinarse de forma más eficaz y aumentar el coste de la represión de manera dirigida, evitando medidas que castiguen principalmente a los nicaragüenses comunes”, afirmó Rebecca Bill.

FUENTE: Con información de AFP

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