CARACAS.- El proyecto de Ley de Cooperación Internacional representa una amenaza para el funcionamiento de las ONG en Venezuela, pues propone un marco legal en el que éstas podrían quedar sin financiamiento externo o incluso suspendidas si el régimen de Nicolás Maduro considera que han colaborado para que se impongan medidas contra el país.
Este proyecto de ley ha sido objetivo del "chavismo" desde 2005, pero ha logrado ser frenado por el riesgo que representa para el trabajo de los activistas de derechos humanos y la autonomía de las ONG. Sin embargo, el régimen de Maduro lo ha retomado.
El martes pasado, la Comisión de Política Exterior de la ilegítima Asamblea Nacional (AN) abordó la propuesta presentada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y dijeron que las ONG deben rendir cuentas y no pedir sanciones contra Venezuela.
El coordinador general de la ONG Provea afirmó que la intención de este proyecto de ley es generar obstáculos y divisiones en las ONG, porque mientras por un lado el régimen de Maduro busca tender puentes con algunos sectores, por otro avanza con este tipo de medidas.
Las ONG estarían obligadas a inscribirse en un registro especial denominado Sistema Integrado de Registro de Organizaciones No Gubernamentales, adscrito a un órgano creado por el presidente de la República. Solo las ONG inscritas serían las reconocidas como legales y, en consecuencia, podrían recibir los aportes desde el extranjero en los términos que autorice el Ejecutivo nacional.
Las ONG que no se inscriban quedarían al margen de la ley y estarían vetadas para recibir recursos financieros o materiales del exterior, en consecuencia, correrían el riesgo de desaparecer por la falta de recursos para funcionar, lo que representa una medida violatoria de su libertad de asociación.
Busca controlar las fuentes de financiamiento que reciben las ONG desde el exterior, con el posible ánimo de obstaculizar y neutralizar las actividades que realizan estas entidades en Venezuela.
El régimen de Nicolás Maduro no solo controlaría la cooperación extranjera en el país, sino que también le serviría de herramienta para inmiscuirse en la administración de los recursos que desde el exterior obtienen las ONG. Ello configura una grave vulneración a la autonomía privada de estas asociaciones, especialmente las que denuncian violaciones de derechos humanos y las que dan asistencia humanitaria, que requieren de autonomía para poder hacer su trabajo según los mandatos internacionales en la materia y su propia razón de ser.
FUENTE: ACCESO A LA JUSTICIA
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