sábado 23  de  marzo 2024
CUBA

¿Quiénes pueden hacer viable una demanda a través de la Helms-Burton?

Las familias propietarias de los puertos de La Habana y Santiago de Cuba están entre las que tienen listas sus demandas contra empresas que operan en esos enclaves de la isla, según el abogado Nicolás Gutiérrez.
Por ILIANA LAVASTIDA

MIAMI.- Tras 23 años de espera, a partir del 2 de mayo de 2019, los ciudadanos estadounidenses y cubanos nacionalizados en EEUU que perdieron propiedades por la acción interventora del régimen de Fidel Castro, podrán demandar legalmente a las empresas extranjeras que operan en propiedades confiscadas y por las cuales sus propietarios nunca recibieron retribución.

La acción está respaldada por la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, recientemente anunciada en Miami, durante una visita del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton.

Pero hay ciertas especificidades en la aplicación de este acápite de la ley que el abogado Nicolás “Nick” Gutiérrez explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Gutiérrez, cuya familia fue de las más afectadas por las expropiaciones del régimen cubano, durante años se ha dedicado a compilar información sobre este tema, no sólo en su caso, sino también sobre el de otros cubanoamericanos y estadounidenses afectados.

Lo primero que hay que aclarar -dijo el abogado- es que “esta no es una ley cubana que va a devolver propiedades, casas o títulos”.

“Eso será algún día en el futuro, cuando el Gobierno de Cuba cambie y haya un proceso establecido para hacer esas reclamaciones como ocurrió en Europa Oriental [tras la desaparición del socialismo en 1989]. Esto [la Helms-Burton] es una ley americana que da el derecho de demandar por daños y perjuicios a traficantes extranjeros que utilizan esas propiedades [las expropiadas sin compensación], en sociedad con el Gobierno de Cuba”.

Sin embargo, y aunque a partir de este 2 de mayo exista el contexto legal para imponer esa demanda, los demandados podrían evitarse ese proceso si aceptan tener un entendimiento con los dueños legítimos de esas propiedades, explicó Gutiérrez.

“Esos extranjeros [los que operan en propiedades confiscadas en Cuba] pueden evitarse la demanda, teniendo un acercamiento con los propietarios y compensándolos por el uso de esa propiedad [como en algunos casos ya ha ocurrido]. Si es así, ya no serían considerados traficantes y no estarían sujetos a una demanda, ni a la revocación de visa [de EEUU] que establece el título IV de la ley [Helms-Burton]”.

Para este acercamiento que evitaría demandas contra los extranjeros que operan propiedades confiscadas en Cuba, existe una carta formateada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que los dueños originales podrán enviar a los posibles demandados.

“Es el principal propósito de ese mecanismo. De hecho, algunos demandantes ya han enviado esto previamente [esa carta]”.

En opinión del letrado, “lo más sensato es enviar esa carta formateada por el Departamento de Justicia y darle una oportunidad de 30 días al demandado, para que se acerque para discutir una posible resolución del tema hasta llegar a un arreglo. Si ellos no responden, pues entonces pueden ser demandados por tres veces el valor de los daños y perjuicios. Es decir hay un incentivo grande para que el demandado busque ponerse de acuerdo con el dueño de la propiedad en cuestión”, argumentó.

“Éste es un procedimiento específico, contemplado para estas demandas bajo el Título III de la ley Helms-Burton”, aclaró Gutiérrez.

A través de los años, Gutiérrez ha representado a centenares de familias cuyas propiedades fueron blanco de confiscaciones, pero ahora -explicó- “hay varias decenas que tienen ‘traficantes extranjeros’ en su propiedad y tienen la viabilidad de demandar”.

“Hay muchas familias [afectadas por las expropiaciones] que tienen al Gobierno cubano operando en sus propiedades. Se pudiera demandar simbólicamente [también en estos casos] pero es muy difícil cobrar”, aclaró.

“En estos momentos estamos hablando de demandas en el caso de propiedades que fueron confiscadas y están siendo explotadas por empresas extranjeras y que, además, tengan una presencia sustancial en la jurisdicción norteamericana, porque si no tienen nada aquí, habría que ir cobrarles a España o Inglaterra [por ejemplo]. Eso es mucho más complicado, especialmente porque esos países tienen leyes para bloquear la ley Helms-Burton”, añadió.

Reacción europea

El mismo día que se anunció la proximidad de la activación del Título III de esta ley, la Unión Europea reaccionó y advirtió que estaba preparada para proteger los intereses de las firmas europeas o personas que hagan negocios en Cuba y que podrían verse afectadas por las demandas estadounidenses presentadas contra las compañías extranjeras presentes en la isla.

Asimismo, a través de su portavoz, España indicó que ofrecería respaldo a las empresas de ese país que pudieran ser demandadas por EEUU por tener presencia en Cuba.

Mientras, hasta donde ha trascendido, “el jueves 2 de mayo, en la Corte Federal del distrito sur de la Florida estará el doctor Javier García-Bengochea, un neurocirujano cubanoamericano radicado en Jacksonville, cuya familia era dueña de la terminal Parreño, en el puerto de Santiago de Cuba, en el que atracan [las cadenas de cruceros] Carnival y Norwegian”.

También “hay una empresa china, la CCCC (China Communications Construction Company Ltd.), que está operando en esa propiedad y en la propiedad de al lado, que pertenece a la familia Babún [propietaria de los que fuera considerado el segundo mayor aserradero en el oriente de la isla]”.

La compañía china CCCC ejecuta una inversión de 120 millones de dólares en el puerto de Santiago de Cuba, con la intención de modernizar el muelle y convertirlo en un enclave importante de la zona oriental del país.

“Hay otra compañía americana que se llama Havana Docks Corporation. La dueña [original de la instalación donde ahora opera] es una familia americana de apellido Behn que se estableció en Cuba en el siglo XIX y los cruceros en estos momentos están utilizando los muelles de La Habana que les pertenecen. Ellos están listos para demandar”, amplió Gutiérrez.

El abogado mencionó además a José Ramón López Vilaboy, heredero de las tierras donde está ubicado en Aeropuerto Internacional José Martí, quien “preparado para una demanda”

Aseguró que hay familias de Cienfuegos, Varadero, La Habana y Holguín que tienen demandas contra hoteles españoles “incluyendo Meliá”. También citó a la familia Castillo-Pokorny, que es dueña de la Playa El Salado donde la compañía española Globalia ha anunciado una urbanización de golf.

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