Bajo el argumento de "preservar la soberanía", el régimen chavista activó un estado de excepción que profundiza el control político y social sobre la población
Delcy Rodríguez sostiene un documento mientras habla durante una reunión con representantes diplomáticos acreditados en Caracas el 29 de septiembre de 2025.
JUAN BARRETO/AFP
El exdictador venezolano Nicolás Maduro, junto con su vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
AFPMIAMI.- El decreto de Estado de Conmoción Exterior suscrito por el depuesto dictador Nicolás Maduro, actualmente bajo custodia de Estados Unidos, y anunciado por Delcy Rodríguez, quien asumió funciones como "presidenta" encargada, se sustenta en la narrativa oficial de una supuesta agresión militar extranjera contra Venezuela.
El documento, difundido mediante Gaceta Oficial el pasado 3 de enero, activa un régimen de excepción que concede poderes extraordinarios al aparato de seguridad del Estado, bajo el argumento de salvaguardar la soberanía nacional.
Amparado en disposiciones constitucionales sobre estados de excepción, el decreto impone un marco jurídico que habilita restricciones severas a derechos fundamentales, incluyendo la libertad personal y de expresión. En un país ya marcado por la criminalización de la disidencia, la medida refuerza un esquema de control social y político que profundiza la represión y normaliza la persecución contra ciudadanos, activistas y periodistas críticos del régimen chavista.
Uno de los puntos más controvertidos del decreto es el artículo 5, que establece textualmente:
“Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República, a los fines de su puesta a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal, con miras a su juzgamiento, con el cumplimiento de todas las garantías procesales inherentes al debido proceso y el derecho a la defensa”.
Bajo este marco legal, en una entrevista exclusiva concedida a DIARIO LAS AMÉRICAS, un periodista experto en derechos humanos, que solicitó mantener su identidad en reserva debido a la persecución y represión impuestas por el régimen chavista, advierte que el decreto no representa una novedad, sino" la formalización de una política de intimidación sostenida desde mediados de 2024".
“Este decreto viene a darle una suerte de legalidad a una tendencia que se arrastra desde el 28 de julio de 2024. El venezolano vive en una siembra permanente de terror, con la zozobra de que cualquier expresión crítica pueda ser interpretada como incitación al odio, terrorismo o traición a la patria”, afirmó.
El especialista sostiene que el impacto social es inmediato y profundo. “La gente está paranoica. Se les ha dicho que cualquier cosa que expresen, incluso lo que tengan en sus teléfonos, puede ser usado en su contra. No es solo miedo, es psicoterror”, señaló.
Consultado sobre si el decreto puede convertirse en una herramienta para encarcelar a ciudadanos por opiniones políticas, recordó recientes detenciones en el interior del país.
“En Mérida, dos ciudadanos mayores de 60 años fueron detenidos por celebrar públicamente la extracción de Maduro. Estas acciones buscan dar un golpe ejemplarizante, demostrar que la amenaza es real y reforzar la sensación de vigilancia permanente”, explicó.
En cuanto a la libertad de expresión, el experto fue categórico: “Desde julio de 2024 prácticamente no existe. La gente se priva de comentar, de protestar, porque no es solo la detención, es la indefensión total posterior. No hay garantías. Son secuestros disfrazados de procesos legales”.
Sobre el ejercicio del periodismo, advirtió que el margen de acción es cada vez más estrecho.
“Hoy informar puede ser interpretado como un acto terrorista. Los periodistas trabajan bajo una sombra constante, cuidando cada palabra, cada imagen, cada publicación, porque cualquier cosa puede ser considerada una amenaza al Estado”.
El analista vincula esta situación con la detención de al menos 14 periodistas en las inmediaciones del Parlamento chavista, así como la revisión de sus teléfonos móviles el lunes 5 de enero. “Es un mensaje claro: si ellos fueron detenidos por cubrir un acto oficial, cualquiera puede correr la misma suerte. Se busca crear un precedente y paralizar la vocación de informar”.
Finalmente, advirtió que el objetivo de fondo es el control del relato. “Silenciar a la prensa permite sostener una narrativa oficial que niega la realidad. Pero la información sigue fluyendo, muchas veces desde la propia ciudadanía. Aun así, el régimen insiste en atemorizar para evitar que la verdad se propague”.
El experto insta a los periodistas y ciudadanos a actuar con cautela. “Ser sutiles, responsables y reducir la exposición innecesaria. Hoy no existe una línea clara entre lo permitido y lo prohibido. Esa línea cambia según el interés del poder. El derecho a informar y a expresarse está siendo criminalizado de forma abierta”.
FUENTE: REDACCIÓN DLA
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