La opositora María Corina Machado.
Cortesía/Claudia MaceróCARACAS.- Con la inhabilitación a María Corina Machado -la opositora que reúne la intención de voto más alta según las recientes encuestas- el chavismo echa mano de una estrategia cuyo objetivo es manipular la elección presidencial armando una boleta a su medida, que le permita minimizar el riesgo de una derrota.
Machado, cuya opción para enfrentar a Maduro en las presidenciales venía tomando fuerza desde meses atrás en un elector opositor sediento de opciones electorales nuevas, fue inhabilitada por la Contraloría General para ejercer cargos de elección popular por 15 años. Pero la dirigente política no es la primera figura de la oposición que aspira la candidatura unitaria en ser inhabilitada, ya tenían la prohibición el exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, y el dirigente de Voluntad Popular, el partido de Juan Guaidó y Leopoldo López, Freddy Superlano. Es decir, ya son tres los posibles cantidatos opositores que de ganar las primarias no van a poder inscribir su candidatura para la elección presidencial.
Lo que está ocurriendo en Venezuela es muy similar a lo que sucedió el año pasado en Nicaragua cuando Daniel Ortega apresó a todos los presidenciales. Igualmente, pasa en Cuba donde solo participa en los comicios el Partido Comunista.
"El chavismo históricamente ha tenido tendencia a hacerle esto a los políticos con potencial de tener muchos votos", afirmó el analista político venezolano Alejandro Armas, que recordó la inhabilitación a Leopoldo López por parte de Hugo Chávez en 2008, para que no pudiese postularse para competir por la Alcaldía Mayor de Caracas, reseñó Infobae.
El abogado Juan Manuel Rafalli destacó que este método serial implementado por el chavismo para quitar a los contrincantes del camino es inconstitucional ya que las inhabilitaciones son emandas desde la Contraloría General a através del Código de Inhabilitaciones, que viola la Carta Magna.
"La Constitución dice claramente que la inhabilitación para ejercer un cargo de elección popular implica una sentencia definitivamente firme emanada de un tribunal de la República y donde evidentemente el imputado se ha podido defender", explicó Raffalli.
Detalló que el viernes pasado, Machado fue señalada por unos hechos que nunca se le notificaron, no se abrió ningún procedimiento sobre esos hechos y tampoco ha tenido derecho a defenderse. Rafalli, además, subraya que la Controloría General no es competente para dictar una inhabilitación de esa magnitud. Todo ello lo lleva a afirmar que en lo ocurrido "hay una ausencia absolutar del debido proceso".
Asimismo, el abogado sostuvo que esos "nichos de inconstitucionalidad" afectan también los derechos de participación política consagrados en los acuerdos y tratados internacionales.
"No solo vulnera el derecho del posible candidato a participar y recibir votos, también vulnera el derecho de las organizaciones políticas a postular y vulnera el derecho de los ciudadanos electores a ejercer su sufragio en función a los candidatos de su preferencia, es decir, atenta contra el sufragio como figura protagónica de la democracia constitucional”, afirmó.
“La posición del régimen es utilizar a la Contraloría para poder decidir quién va o no a ser el candidato de la oposición, lo cual es un absurdo. Es decir, esto es una receta al más puro estilo nicaragüense", aseveró.
FUENTE: Con información de Infobae
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