La ONG Acceso a la Justicia advierte los riesgos de la ley y sostiene que el espacio cívico en Venezuela "no para de estrecharse"
Sesión de la Asamblea Nacional (AN) "chavista".
AP / Matias DelacroixCARACAS.- La ONG Acceso a la Justicia alertó que la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, conocida como "ley antifascismo" viene a ser una "nueva excusa" para las autoridades del régimen de Nicolás Maduro para actuar en contra de las organizaciones civiles, la oposición política y los medios de comunicación.
La vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, presentó recientemente ante la Asamblea Nacional (AN) chavista el proyecto de ley que contiene 30 artículos para castigar “severamente” cualquier acción que se considere promueva el fascismo.
Rodríguez justificó la ley represiva en la sesión ordinaria de la AN chavista del 2 de abril pasado, en la que alegó que la iniciativa legal es una petición de Maduro para "proteger" al pueblo de la violencia fascista.
"El espacio cívico en Venezuela no para de estrecharse. Así, al combate contra el terrorismo, a la lucha contra la delincuencia organizada y a la defensa de la soberanía, aunados a la polémica Ley contra el Odio, las autoridades han sumado ahora una nueva excusa a su repertorio para actuar en contra de las agrupaciones civiles independientes y lo que resta de la oposición política y los medios de comunicación: el fascismo", advirtió el organismo Acceso a la Justicia.
Recalcó que según el documento que ha circulado de manera extraoficial en redes sociales, el proyecto legal define como fascismo la "postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional, que asume la violencia como método de acción política, enarbola la cultura de la muerte, denigra de la democracia, sus instituciones y valores republicanos y/o promueve la supresión de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución a favor de determinados sectores de la sociedad, por motivos discriminatorios".
Agrega que "son rasgos comunes a esta postura el racismo, el chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad".
Resaltó la ONG que el proyecto prohíbe en su artículo 13 "la constitución de personas jurídicas de derecho privado, movimientos y organizaciones sociales, así como organizaciones con fines políticos, cuyas actas constitutivas, declaraciones de principios, programas de acción política, estatutos o actividades promuevan, hagan apología o se fundamenten en el fascismo".
Remata que en el artículo 14, el borrador de la ley "faculta a los tribunales civiles a disolver a las agrupaciones de cualquier otra naturaleza señaladas de fascistas, y para tomar dicha decisión deberá seguirse el procedimiento breve previsto en el Código de Procedimiento Civil".
"El borrador no solo permite clausurar agrupaciones, sino que en su artículo 23 castiga con hasta 10 años de prisión a quienes formen 'organizaciones que exalten, hagan apología o se fundamenten en el fascismo' y, más adelante, en la disposición número 27, prevé multas de hasta 100.000 euros para quienes las financien", explicó la ONG.
Es por eso que alerta que el proyecto "reafirma las intenciones de las autoridades por subyugar o liquidar los últimos reductos de libertad existentes en el país: las organizaciones civiles".
El régimen de Maduro propone esta nueva ley en un contexto político preelectoral de cara a los comicios presidenciales de julio.
Al presentar la ley ante la AN, la vicepresidenta Rodríguez dijo que la normativa se justifica en las protestas ciudadanas ocurridas en Venezuela en 2014 y 2017, y por la consigna "hasta el final" de la oposición.
La líder opositora María Corina Machado ha usado esta consigna para sostener su mensaje de que se mantendrá en la ruta electoral para intentar sacar al chavismo del poder en las próximas elecciones presidenciales.
La oposición, representada en la Plataforma Unitaria Democrática, anunció la semana pasada que su candidato unitario para enfrentar a Maduro en las presidenciales será Edmundo González Urrutia, cuya escogencia contó con el consenso de todas las fuerzas políticas que integran la principal alianza de oposición. El anuncio significó un gran paso de los opositores de cara a la contienda comicial. Maduro atraviesa el peor momento en su popularidad con estimaciones entre el 8% y el 15% como máximo.
De acuerdo a cifras de consultoras 8 de cada 10 venezolanos desea que Maduro deje el poder y que el país emprenda un cambio político.
FUENTE: Con información de accesoalajusticia.org
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