MANAGUA.- La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo control del régimen de Daniel Ortega, ordenó la cancelación de casi 1.500 organizaciones de la sociedad civil, incluida una que es considera afín al partido oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), pero que se ha distanciado de la tolda liderada por el dictador y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

Este martes, los legisladores del FSLN, que son mayoría en el Parlamento, aprobaron un decreto que fue presentado el 3 de agosto que canceló de un plumazo 100 organizaciones sin fines de lucro bajo el pretexto de que no cumplen con la ley.

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La organización afín al régimen que resultó afectada fue la Asociación de Combatientes y Colaboradores Históricos del FSLN de Chinandega 9 de septiembre, que en los últimos años ha presentado reclamos al régimen por más ayudas y ha expresado su desacuerdo con la manera como Rosario Murillo ha venido manejando el partido oficialista.

Actualmente, uno de los líderes de los sandinistas históricos, Marlon Enoc Sáenz Cruz, se encuentra en prisión, luego que expresara críticas hacia Murillo a quien señala de no tomar en cuenta sus demandas.

Posteriormente, el diputado oficialista Filiberto Rodríguez presentó otro texto con otras 100 ONG, con lo que suman 1.450 organizaciones sin fines de lucro cerradas en lo que va de 2022.

En esta nueva lista se incluyen organizaciones religiosas como la Asociación de las Comunidades de Eclesiales de Base Ecuménicas y de Servicio (CEBES). Esta agrupación rechazó en 2018 los ataques del régimen de Ortega en contra del obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, quien tuvo que irse al exilio ante la persecución y amenazas por parte de la dictadura.

La persecución en contra de las ONG por parte de Ortega comenzó en 2018 como una manera de castigarlas por haber apoyado las protestas civiles antirégimen que ocurrieron ese año.

Tanto la oposición como la comunidad internacional, incluida la ONU, han cuestionado los ataques hacia las ONG, que el oficialismo nicaragüense intenta justificar en ocasiones en virtud de supuestas irregularidades burocráticas pero que se enmarca en una ola de represión que inició tras las protestas de 2018 y se reforzó en los meses previos a las elecciones de 2021.

FUENTE: Con información de Europa Prees y La Prensa

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