MANAGUA.- La dictadura de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica concluyeron este martes sin acuerdos una reunión en la que analizaron la posible reanudación de las negociaciones en busca de una salida a la crisis que estalló hace más de año y que ha dejado cientos de muertos.

"No hubo comunicado porque no llegamos a ningún acuerdo", dijo a periodistas el jefe negociador de la Alianza Cívica, Carlos Tünnermann, al salir del encuentro.

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Explicó que la delegación del régimen insistió en una propuesta de hacer un llamado conjunto ante la comunidad internacional para suspender "las sanciones de carácter general que puedan perjudicar el pueblo de Nicaragua".

"Hemos repetido hasta el cansancio de que en estos momentos, mientras no se hayan cumplido los acuerdos ni se haya terminando la discusión de todos los temas de la agenda, esto sería extemporáneo, no tendría ningún efecto", alegó Tünnermann.

Indicó que ese tema está previsto entre los seis puntos de agenda convenidos en la negociación y que el llamado se hará una vez se firmen todos los acuerdos y se cumplan los mismos, no antes.

A juicio de la Alianza Cívica, el régimen no ha ofrecido "muestras de voluntad" de querer avanzar en las negociaciones ni de cumplir con la liberación definitiva de los denominados presos políticos, ni restablecer los derechos y garantías ciudadanas, incluyendo la libertad de prensa y de expresión.

Asimismo, esa coalición minimizó el tema de las sanciones, porque hasta ahora Estados Unidos ha penalizado a funcionarios del régimen en su carácter personal.

"Son sanciones de carácter personal a funcionarios públicos que han cometido actos de corrupción, actos de violación a los derechos humanos y actos de corrupción electoral", dijo, por su lado, el economista Juan Sebastián Chamorro, otro de los negociadores de la Alianza Cívica.

Hasta ahora y desde que estalló la actual crisis que vive el país, el 18 de abril de 2018, Washington ha sancionado a la esposa de Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, a uno de los hijos de la pareja presidencial, y a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del mandatario.

También al jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Murillo; otros tres funcionarios de confianza de la pareja presidencial, y al Banco Corporativo (BanCorp), una entidad financiera vinculada a los sandinistas.

"Todavía no hay ninguna sanción de carácter general que esté afectando a Nicaragua, hasta ahora solo existen sanciones individuales", argumentó Tünnermann, que aseguró están dispuestos a acelerar las discusiones en la mesa de negociación "para que más rápidamente procedamos a tomar los acuerdos, pero hemos encontrado un tranque de parte del Gobierno".

El pasado viernes, el régimen nicaragüense exigió a Estados Unidos suspender la "Nica Act", que fue firmada el pasado 20 de diciembre por el presidente Donald Trump, que contempla restricciones a los préstamos otorgados a Managua por instituciones financieras internacionales donde Washington tiene voto, exceptuando el financiamiento a proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas de la población del país centroamericano.

La "Nica Act" sería suspendida solo si el Ortega convoca unas elecciones "libres, justas y transparentes", de acuerdo con el texto de la legislación estadounidense.

Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el régimen solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

FUENTE: EFE

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