La activista Rocío San Miguel no pudo nombrar su equipo de defensa en lapso de 45 días que se agotaron el jueves, porque el tribunal no se habilitó
Rocío San Miguel, abogada venezolana-española, dirige una asociación centrada en cuestiones de seguridad y defensa nacional.
AP/Fernando Llano, ArchivoCARACAS. La abogada Rocío San Miguel, activista de derechos humanos procesada por graves cargos en una supuesta conspiración contra Nicolás Maduro, no tuvo ocasión de designar a su equipo de abogados para ejercer su derecho a la defensa, al vencerse este 28 de marzo el plazo legal de 45 días para realizar ese trámite procesal.
El tribunal segundo de control de Terrorismo que conoce del caso no tuvo despacho, al igual que los demás en el Palacio de Justicia, ubicado en Caracas, debido al asueto de la Semana Santa, por lo que podría ser acusada por traición a la patria, terrorismo y otros delitos, por el Ministerio Público, sin poder desvirtuarlos con alegatos y mostrar su inocencia, dijo el abogado Joel García, quien comparte su asistencia con Juan González Taguaruco.
En la misma situación se encuentra el ingeniero Alejandro González, expareja de San Miguel y quien también es procesado por otros delitos en el mismo caso.
“Venció el plazo para nombrar los abogados y si ya presentaron la acusación contra ellos no lo sabremos hasta la próxima semana, pues no hay acceso al tribunal”, señaló.
Esta situación representa otra grave irregularidad procesal que el tribunal no evitó al no habilitarse y que se suma a la lista de violaciones de derechos humanos reportada por los abogados, desde que San Miguel y González fueron detenidos el 9 de febrero pasado, en sendos procedimientos policiales considerados arbitrarios.
San Miguel fue aprehendida ese día en la noche y trasladada a un sitio de reclusión sin permitírsele comunicación con abogados ni familia durante varios días, y desde entonces solo una vez ha sido llevada al tribunal únicamente para ser imputada por una supuesta conspiración que lleva más de 20 opositores incriminados o detenidos.
Durante la retrasada audiencia de presentación en la que Rocío San Miguel y Alejandro González fueron imputados por el fiscal del Ministerio Público, no se les permitió designar abogados particulares y se les asignó una defensa pública. “Pero no los defiende”, dice García.
“No los ha visitado ni la primera vez en más de un mes. La defensa pública no puede hacer una defensa sin la información que le puede suministrar el imputado. Aunque tiene un grupo de defensores dedicados únicamente a casos de terrorismo, pareciera que tienen la instrucción de no hacer nada a favor de los imputados”.
El abogado explicó que no se puede alegar que San Miguel y González tengan intacto su derecho a la defensa por tener defensores públicos.
“Desde el punto de vista jurídico, ellos tiene defensa pero esta implica ejercerla materialmente y no decir que se le asigna. El problema está que si esa defensa no defiende, ambos están en estado indefenso y peor aún la defensa pública se hace cómplice necesario de esa arbitrariedad. El hecho de poder contar con un defensor público no implica que se esté ejerciendo el derecho a la defensa” .
FUENTE: Entrevista al abogado Joel García, con información del Diario Las Américas
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